A principios de mes, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo en el que ordenó a todas las notarías de su jurisdicción abstenerse de utilizar cualquier sistema computacional de reconocimiento de identidad de usuarios en forma remota.

Frente a ello, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI) manifestó su preocupación por el pronunciamiento y apuntó que dicha acción, introduce incertezas e inseguridades “en relación al respeto del valor jurídico y probatorio de los documentos y la firma electrónica”.

El gremio tecnológico mostró sus reparos ante la decisión adoptada por la justicia porque, a su juicio, "parece desconocer los sistemas de firma electrónica utilizados actualmente por los notarios y cuya habilitación legal se encuentra reconocida en la ley Nº19.799, del año 2002, y en los propios Autos Acordados de la Corte Suprema del 2006 y el 2008, sobre la materia”.

En todo caso, para ellos es fundamental que cualquier decisión, cambio o ajuste que se impulse sobre esta materia, cuente con la participación y adecuada ilustración de quienes tienen la expertise técnica en el uso de estas tecnologías. Todo esto, a fin de poder tomar decisiones informadas que ayuden a consolidar el proceso de modernización y transformación digital y a no retroceder en lo avanzado.

Es en este sentido, que la ACTI hace un llamado a todos los actores para que realicen un debate con altura de miras, en el que, “respetándose la legalidad vigente y considerando que se trata de materias de orden público en que están en juego la certeza jurídica y la fe pública”, se pueda avanzar en la utilización de medios electrónicos que son parte del ordenamiento jurídico y que generan beneficios y eficiencias a todos los ciudadanos y al Estado, remarca el pronunciamiento.