El plan de ajuste fiscal del gobierno de José Antonio Kast ya está en marcha. Si bien la instrucción general era que todos los ministerios y servicios lograran reducir en un 3% su presupuesto, las complejidades de cada repartición han complicado ese trabajo. De hecho, ya hubo una excepción al Ministerio de Seguridad Pública.

En este contexto, uno de los argumentos que entregó el gobierno anterior para señalar lo complejo que es recortar gasto público, es que el 92% está regido por ley, por lo que se necesita un cambio de ese tipo para poder modificar los gastos.

Sin embargo, un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) pone en cuestión esa rigidez fiscal. “Ciertamente que el status legal del gasto es importante para determinar con qué rapidez, esfuerzo o mecanismo puede modificarse, pero en ningún caso es indicativo de que es un gasto intocable. Sin duda que aquellos gastos que no están vinculados a obligaciones legales (“gasto flexible”) son más factibles de reasignar, eficientar o recortar, pero no por ello se puede concluir que son los únicos a modificar, ni que son los más indicados para ello”, señala el informe.

En ese escenario, para la discusión pública se requiere clasificar el gasto en función de su grado de flexibilidad. “Utilizando la información entregada anualmente por la Dipres al Congreso para cada Ley de Presupuestos, se pueden identificar los gastos que están establecidos por leyes permanentes”, plantea el reporte.

Para el 2026, mencionan que los gastos comprometidos vía ley representan el 73% del gasto total. Sin embargo, puntualizan que en “un análisis más detallado se muestra una gran heterogeneidad en los niveles de rigidez”.

Así, en el detalle se muestra que los ministerios de Trabajo tienen el 94% de su gasto comprometido por ley, seguido por Educación con 93%, y Transporte con 88% siendo los que exhiben mayores niveles de gasto permanente.

En la otra vereda señalan que son 13 los ministerios que presentan un gasto definido por ley inferior al 20%. Entre ellos está Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencial, Secretaría General de Gobierno, Interior, de la Mujer, Cultura, Medio Ambiente, Economía, Minería, Energía, Bienes Nacionales, Deporte y Ciencia. “Esta información permite concluir que no todo el gasto es rígido y que existen amplios espacios de ajuste en programas, inversiones y gastos operativos”, subrayan.

Para LyD, la consolidación fiscal “no debe entenderse exclusivamente como un recorte, sino como una oportunidad para mejorar la calidad del gasto público”. En esa argumentación se añade que “un elemento central del debate es la naturaleza del ajuste fiscal: ajustes transitorios, basados en ingresos extraordinarios o recortes puntuales, tienden a revertirse en el tiempo”.

Por ello, enfatizan en el análisis que “es fundamental que la consolidación fiscal tenga un carácter permanente, lo que implica una revisión estructural del gasto; eliminación de programas ineficientes; fortalecimiento de la institucionalidad fiscal; fortalecimiento de los mecanismos de evaluación de programas, reafirmar el compromiso con la regla fiscal; limitar el crecimiento de la deuda pública, entre otras medidas”.