Pasadas las 20 horas de este lunes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las matrices de Pedidos Ya y Glovo, acusándolas de haberse repartido los mercados de Chile, Perú, Ecuador y Egipto, mediante un acuerdo global ejecutado bajo el proyecto “Green”, que incluyó la salida simultánea de Glovo Chile y Delivery Hero (Pedidos Ya) de ciertos países y un pacto de no competencia hasta 2022.

Entre las principales pruebas que sustentan la acusación, la FNE expuso correos electrónicos intercambiados entre ejecutivos de ambas compañías que revelan una negociación coordinada para dividirse territorios, junto con la firma simultánea de contratos de transferencia de activos —los CTA— en los cuatro países involucrados. Uno de esos mensajes, enviado por un ejecutivo de Glovo el 8 de abril de 2019, recomendaba explícitamente modificar el contenido de los contratos para evitar que fueran detectados como acuerdos anticompetitivos. Además, se incorporó una cláusula de no competencia por tres años, la que impidió que Glovo reingresara al mercado chileno hasta abril de 2022, y cuya inclusión fue deliberadamente ajustada tras advertencias internas sobre sus riesgos legales.

La FNE solicitó al TDLC que aplique a estas empresas una multa a beneficio fiscal por aproximadamente US$ 74 millones, de los cuales US$55 millones corresponden a Delivery Hero y US $19 millones a Glovo.

Cercanos a Glovo y Delivery Hero (Pedidos Ya) desestiman la acusación de la Fiscalía Nacional Económica y sostienen una interpretación completamente distinta de los hechos.

Desde su perspectiva, lo ocurrido fue simplemente una transacción comercial, motivada por razones operacionales y de rendimiento: las fuentes consultadas afirman que Glovo tenía una posición débil en Chile (estaba en cuarto lugar en el mercado) y que su negocio no estaba despegando, por lo que decidieron retirarse, algo que —según ellos— ocurre con frecuencia en mercados donde las expectativas no se cumplen.

Al mismo tiempo, descartan que haya existido un acuerdo para repartirse territorios, y critican que la FNE haya interpretado correos internos como evidencia de un pacto anticompetitivo. A juicio de su defensa, los correos que menciona la FNE pueden leerse de forma legítima como intentos por asegurarse de cumplir con las normativas de libre competencia al estructurar la venta, y no como un intento de encubrir una colusión.

Además, recalcan que la venta fue anterior a la pandemia, y que si hubiesen sabido que vendría una crisis sanitaria que impulsaría el negocio del delivery, probablemente habrían esperado para vender.

Las fuentes conocedoras del caso señalaron que Egipto es un ejemplo que refuerza la tesis de que no existió un reparto coordinado de mercados entre las empresas. Explicaron que cuando Glovo intentó retirarse de ese país, la autoridad de competencia local objetó la operación, lo que obligó a la empresa a permanecer por un tiempo adicional antes de concretar su salida. Sin embargo, Glovo abandonó ese mercado una vez que los resultados financieros seguían sin mejorar.

Según estas mismas fuentes, este tipo de hechos demuestra que las decisiones fueron adoptadas en función de factores comerciales y regulatorios propios de cada país, y no como parte de un acuerdo colusorio. Añaden que, si realmente hubiese existido un pacto internacional, situaciones como la de Egipto habrían puesto en entredicho su cumplimiento.

Desde el inicio de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, Glovo y Delivery Hero (Pedidos Ya) cuentan con asesoría legal: la primera es representada por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, socios del estudio Pellegrini & Rencoret. Mientras que la segunda es representada por Prieto Abogados y en particular por Benjamín Grebe, quien dirige las áreas de Libre Competencia y de Insolvencias y Reorganizaciones de Prieto.

Desde Delivery Hero explicaron a Pulso que “podemos confirmar que la Fiscalía Nacional Económica ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Libre Competencia por hechos que habrían presuntamente ocurrido en 2019. Delivery Hero está cooperando plenamente con las autoridades y entregará todos los antecedentes necesarios”.

Antecedentes del caso

El caso se remonta a abril de 2019, cuando Glovo cerró de forma sorpresiva su operación en Chile. Poco después, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó públicamente que Pedidos Ya —filial de Delivery Hero— había adquirido activos de su competidor, lo que encendió las alarmas del organismo. El 30 de mayo de ese año, la FNE abrió una investigación de oficio para indagar posibles irregularidades.

El 1 de julio 2019, los entonces diputados Giorgio Jackson (RD) y Gonzalo Fuenzalida (UDI) presentaron una denuncia formal ante la FNE, advirtiendo que la salida de Glovo habría beneficiado a sus rivales directos en el mercado. Semanas más tarde, la Fiscalía profundizó las indagatorias y abrió una nueva línea investigativa reservada, esta vez enfocada en posibles actos de colusión en el sector de plataformas de delivery.

“La investigación surge a raíz de una denuncia que hicimos contra Pedidos Ya y después de años se nos dio la razón”, explicó Fuenzalida.

Jackson sostuvo que “siempre ha sido relevante el rol fiscalizador de la Cámara. En este caso, junto al diputado Fuenzalida en 2019, organizamos y entregamos información sobre estrategias de repartición de mercado que en nuestra interpretación vulneraban las leyes chilenas de libre competencia y que ponían en riesgo de abusos a los usuarios del ecosistema de plataforma, clientes, emprendimientos y repartidores. Por eso encuentro que es una muy buena noticia que, tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía Nacional Económica haya llegado a la misma conclusión”.

Con el paso del tiempo, y tras reunir correos internos, actas de directorio, contratos de transferencia y declaraciones de ejecutivos, la FNE consolidó su caso y en junio de 2025 presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusando a Delivery Hero y Glovo de haberse repartido mercados en Chile, Perú, Ecuador y Egipto, bajo un acuerdo coordinado.

30 días para los descargos

La investigación del caso se inició durante la gestión de Ricardo Riesco como Fiscal Nacional Económico. En ese período, la División Anticarteles estaba encabezada por el abogado Juan Correa Serrano, quien lideró esa unidad durante ocho años. Correa renunció en julio de 2024 y, desde marzo de 2025, forma parte del estudio Bering, fundado por el propio Riesco junto a Sebastián Castro, exjefe de la División de Fusiones de la FNE.

En el mundo de la libre competencia, algunos abogados se refieren informalmente a la oficina de Riesco como “la nueva fiscalía chica”. Sin embargo, esta no es la primera experiencia en que exfiscales forman un estudio especializado: entre 2014 y 2019, Cristián Reyes —exjefe de la División de Litigios— y Mario Bravo —exlitigante de la División Jurídica de la FNE— conformaron el Estudio Bravo.

Según la FNE, el 28 de febrero de 2025 se les pidió a Delivery Hero y Glovo que entregaran ciertos antecedentes antes del 21 de marzo. Ambas empresas pidieron más tiempo para responder, argumentando que la solicitud era extensa o que necesitaban preparar mejor la información. La Fiscalía accedió y extendió el plazo hasta el 11 de abril. Sin embargo, ese día las compañías entregaron solo parte de la información y solicitaron una nueva prórroga de 30 días. La FNE aceptó nuevamente, pero al cumplirse el nuevo plazo, el 25 de abril, las respuestas seguían incompletas. En resumen, pasaron dos meses desde la primera solicitud y las empresas no entregaron todos los antecedentes requeridos, incumpliendo con su obligación legal.

Este lunes por la tarde se notificó a Glovo. Una vez que sea notificada Delivery Hero, las empresas acusadas de colusión deberán presentar sus descargos formalmente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en un plazo de 30 días hábiles.