La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, justificó las millonarias multas y sanciones que aplicó el organismo contra Larraín Vial Activos, STF Capital y exgerentes y exdirectores de esas firmas.

En una extensa resolución de 724 páginas la CMF resolvió aplicar multas por un total de UF 160.000 ($4.650 millones, equivalente a unos US$4,73 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial en el denominado caso Factop-Audio.

El organismo regulador informó este lunes que, terminado el procedimiento sancionatorio iniciado en octubre de 2024, su Consejo acordó aplicar a Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos y a su ex gerente general, Claudio Yáñez Fregonara, multas de UF 60.000 ($2.358 millones) y UF 15.000 ($589 millones), respectivamente, por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos.

También fueron sancionados los exdirectores de la AGF, Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con multas de UF 5.000 cada uno, entre otras razones por su responsabilidad en sobrevalorar los activos del Fondo y que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, todo ello en contra del mejor interés del Fondo.

“Este era un fondo que estaba siendo comercializado por STF, que nos generó preocupación respecto de su diseño, y se comenzó a investigar eso junto con las denuncias externas que se recibieron, y nos lleva a las conclusiones que están en la resolución sancionatoria, donde justamente se argumenta y se justifica por qué llegamos a los montos de sanción que están ahí estipulados”, dijo Bernstein en conversación con el programa Mesa central, de T13 Radio.

Valorización del Grupo Patio

En línea con el documento sancionatorio, Bernstein relató que el origen del fondo está en estructurar un vehículo que permitiera al empresario Antonio Jalaff resolver su situación financiera. La funcionaria explicó que, al momento de estructurar este fondo, las deudas que configuran los activos de ese instrumento, la forma de valorizar esas deudas, da cuenta de la posibilidad de que se transforme en propiedad indirecta del Grupo Patio.

“Era una alternativa interesante. Sin embargo, no había ninguna garantía que diera cuenta de que eso iba a ser algo efectivo”, afirmó.

Si bien Bernstein admitió que la información para invertir en ese fondo no entregaba ninguna certeza de que efectivamente eso iba a ocurrir, es decir, que eso sí estaba transparentado, luego advirtió que la valorización del Grupo Patio no consideraban el deterioro de las deudas que eran el activo original del fondo.

“Se iba inmediatamente, justamente, al valor del Grupo Patio y de lo que significaba la propiedad en Grupo Patio (...) La valoración era lo que justamente se estaba cuestionando, de acuerdo justamente a lo que dice la resolución del sancionatorio”, explicó Bernstein.

Larraín Vial y el voto dividido

La presidenta de la CMF también abordó los descargos de Larraín Vial en cuanto a que el fallo que sanciona a una de sus unidades de negocios, directivos y exdirectivos no fue unánime (3-1-1), lo que deja espacio para la interpretación de las multas.

En este punto, la funcionaria dijo que la CMF tiene un cuerpo colegiado que es su Unidad de Investigación, la cual es dirigida por el fiscal Andrés Montes y que toma la decisión por mayoría.

“Esa es la forma que operan los cuerpos colegiados y tenemos un proceso en el cual son estos comisionados, los cinco comisionados que reciben en audiencia, que analizan el caso y toman la decisión final”, afirmó.

Consultada específicamente por si la falta de unanimidad del fallo se puede interpretar una señal de debilidad del mismo, Bernstein dijo que eso es parte de la institucionalidad de la CMF que justamente tiene un órgano que se aboca de manera exclusiva a estos temas y en la que hay opiniones diferentes.

“Es parte de la riqueza justamente de contar con un cuerpo colegiado porque siempre puede haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”, sostuvo.

Bernstein recordó que hubo un comisionado que difirió, pero no del mérito de la sanción sino más bien del monto de la multa.

La jefa de la CMF también se refirió al argumento de Larraín Vial de que hubo de parte de ellos un proceso de devolución de dinero a algunos aportantes al fondo y que eso debió ser considerado en el fallo.

“El Consejo explicita justamente que se consideró en el monto de la sanción el que hubo una reparación para algunos de los aportantes (...) Se ponderó ese elemento y ponderando ese elemento se llegó a ese nivel de sanción”, afirmó.

Según la resolución de la CMF, la consejera Catherine Tornel no estuvo a favor de sancionar a los directores de Larraín Vial Activos, “por cuanto, los directores adoptaron los debidos resguardos, propios de su cargo”, y tampoco votó a favor de sancionar por el cargos 2.1, respecto de no atender “exclusivamente a la mejor conveniencia del fondo”, pues según la consejera de la CMF “las valorizaciones fueron encargadas a terceros expertos independientes de reconocido prestigio”.

Tornel también votó en contra de sancionar por los cargos 2.2 y 2.4, referidos a que la AGF no entregó toda la información necesaria, y que se entregó beneficios a los aportantes que no se encontraban asociados a la rentabilidad del fondo

Por su parte, el vicepresidente de la CMF Augusto Iglesias tampoco votó a favor de sancionar a los exdirectores de la AGF, pues “ha llegado al convencimiento que, aun cuando pueda existir legítimas diferencias de opinión respecto a los supuestos metodológicos usados para valorizar los activos del Fondo, las valorizaciones de dichos activos al momento de los aportes cumplieron con las exigencias regulatorias pertinentes”.

Además, Iglesias votó por aplicar sanciones menores a las aprobadas por la mayoría: en el caso Larraín Vial Activos optó por multar por UF15.000, mientras que la resolución fijó la sanción en UF60.000. Y en el caso del exgerente general, Claudio Yáñez, pidió una multa de UF4.000, y no las UF15.000 por las que optó la mayoría del consejo.