“La muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine no es un accidente fortuito ni un hecho aislado producto solo de las inclemencias del clima”.

Con estas palabras, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se pronunció en un comunicado acerca de la tragedia que dejó cinco turistas muertos en el circuito “O” de las Torres del Paine, que es el más largo y exigente de todos.

El gremio calificó el hecho como una “falla estructural del Estado”.

“Es la consecuencia directa de años de subfinanciamiento estatal, baja presencia operativa en terreno y una administración que no está a la altura de uno de los destinos más relevantes de Chile y uno de los más premiados del mundo”, se lee en el escrito.

La CNC subrayó que la falta de guardaparques en la zona a la hora del incidente, por el cambio de turno, retrasó la respuesta inicial en “un espacio donde el propio Estado promueve el turismo de aventura internacional”.

“Los gremios turísticos y autoridades locales han advertido, desde hace años, sobre el escaso presupuesto destinado a la operación del parque, la insuficiente dotación de guardaparques, la falta de infraestructura de seguridad, la débil información climática disponible para los visitantes y el rol creciente que ha debido asumir el sector privado guías, alojamientos, tour operadores para suplir funciones que corresponden al Estado”, sigue la declaración de la Cámara.

“Torres del Paine recibe cientos de miles de visitantes al año y ha sido reconocido mundialmente, generando empleo y desarrollo regional; sin embargo, no es administrado como un activo estratégico para Chile, sino como un área protegida con recursos mínimos y sin estándares acordes con su demanda internacional”, agrega.

Sitios protegidos

El gremio también apuntó a la reciente implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap). A su juicio, este hecho “agrava la preocupación”. La CNC sostiene que, aunque la normativa está orientada a la conservación y uso sustentable, “la reglamentación en curso no despeja dudas sobre los recursos disponibles para operar, ni asegura un presupuesto superior al actual”.

En este sentido, desde la asociación señalaron que “existe evidencia técnica que advierte que un financiamiento menor o una transición burocrática lenta podría generar un deterioro operativo, afectando la seguridad de visitantes, la competitividad del destino y la reputación internacional del país”.

“El sector privado ha hecho su trabajo; ahora es el Estado quien debe asumir la responsabilidad indelegable de administrar y proteger un destino natural del cual depende el prestigio internacional del turismo chileno y buena parte de la economía local”, finaliza la declaración.