Un corte masivo en el suministro de agua potable llevó al Senapred a declarar alerta amarilla en Antofagasta el martes 5 de diciembre de 2023.

La emergencia se originó por una falla eléctrica externa que afectó el funcionamiento de la planta Desaladora Norte, operada por la empresa Aguas Antofagasta. Esto generó problemas graves en la producción y distribución del agua, dejando a más de 66 mil personas sin servicio en distintos sectores de la comuna.

El malestar ciudadano no tardó en escalar. Tanto el Sernac como Conadecus interpusieron una demanda colectiva el 9 de enero de 2024 contra Aguas Antofagasta, filial del grupo Empresas Públicas de Medellín. Tras varios meses de proceso judicial, a inicios de agosto se alcanzó un acuerdo para cerrar el caso, aunque sus términos aún deben ser aprobados por el 3° Juzgado Civil de Antofagasta.

El acuerdo considera compensaciones para un total de 69.327 consumidores, afectados durante el periodo comprendido entre el 3 y el 8 de diciembre de 2023. Aunque la empresa no reconoció responsabilidad legal alguna en los hechos, se comprometió a pagar una suma total de $3.137 millones, en beneficio de los usuarios afectados.

De ese total, $2.330 millones ya habrían sido pagados a través de descuentos aplicados previamente en las boletas, según lo declarado por la empresa. El monto restante, equivalente a $806 millones, corresponde a compensaciones que aún están pendientes y que serán pagadas directamente a los consumidores. Todos estos pagos estarán sujetos a auditoría, tal como se establece en el acuerdo.

Además, Aguas Antofagasta se comprometió a pagar una compensación adicional de 0,17 UTM por cada reclamo formal ingresado ante el Sernac en relación con este caso. Estos pagos también deberán ser acreditados mediante los mecanismos de verificación establecidos.

Proceso

El acuerdo alcanzado entre el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la organización de consumidores Conadecus y la empresa Aguas Antofagasta, establece disposiciones específicas sobre el manejo del dinero que no pueda ser entregado a los consumidores beneficiados, así como sobre la forma en que deberá difundirse el contenido del acuerdo.

En primer lugar, si existen montos que no logren ser pagados a los consumidores dentro de los plazos establecidos, Aguas Antofagasta deberá conservar esos fondos durante un periodo de dos años. Durante ese tiempo, cualquier consumidor que no haya recibido su pago podrá reclamarlo. Cumplido ese plazo, la empresa tendrá 120 días hábiles adicionales para presentar un informe de auditoría donde se indique el monto exacto del dinero no transferido, así como la fecha en que se determinó.

Posteriormente, si aún quedan montos sin ser reclamados, Aguas Antofagasta deberá depositarlos en un fondo estatal concursable, tal como lo exige la Ley del Consumidor. Esta transferencia deberá realizarse en la cuenta que el Sernac indique, y la empresa tendrá que enviar a dicho servicio un comprobante del depósito.

Respecto a la difusión del acuerdo, todas las acciones comunicacionales que realice Aguas Antofagasta deberán ser validadas previamente por el Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Sernac y por Conadecus. Estas instituciones contarán con un plazo máximo de tres días hábiles para aprobar el contenido. Además, cualquier difusión en medios masivos —como televisión, radio o prensa escrita— no podrá incluir el logo, imagen, ni hacer referencia al Sernac o a Conadecus, a menos que exista una autorización escrita y expresa por parte de estas entidades.

Por otra parte, el Sernac informó que no percibió costas personales ni procesales con motivo del presente juicio. En cambio, Aguas Antofagasta deberá reembolsar a Conadecus los gastos incurridos, incluyendo honorarios legales, investigaciones, análisis y actividades de difusión relacionadas con el caso. Asimismo, según la normativa vigente, Conadecus deberá informar públicamente sus fuentes de financiamiento a través de sus canales oficiales, como su sitio web o publicaciones institucionales.

El acuerdo fue suscrito por el director nacional del Sernac, Andrés Herrera; los abogados Jimena Orrego y Mauricio Tapia en representación de Conadecus; y el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio jurídico Baker McKenzie, en representación de Aguas Antofagasta.