El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abrió un fuerte debate entre los parlamentarios por los riegos fiscales que generara la megarreforma. Pero también analizó las fuentes de financiamiento que considera la iniciativa. En ese sentido, la entidad, presidida por la economista Paula Benavides, planteó que “para financiar una reducción permanente de ingresos fiscales es clave contar con ajustes permanentes de gasto o con aumentos de otros ingresos permanentes”.

En este punto se indica que el proyecto de ley genera “un efecto fiscal neto negativo en el periodo 2026-2031 (incluso considerando el efecto esperado del mayor crecimiento), que debe ser financiado, sin que se encuentren explicitadas las fuentes para ello”.

Al respecto, se menciona que de acuerdo con el Art. 12 del Decreto Exento N°80, el Informe Financiero debiera expresar las fuentes de recursos necesarias para financiar los gastos durante el primer año de implementación, así como reportar el financiamiento previsto para los años siguientes.

Por otra parte, el CFA indicó que “las autoridades han anunciado ajustes administrativos de gasto por un 3% del gasto, más US$1.000 millones”.

Dado este escenario, el CFA analizó la distribución del ajuste fiscal. “Según información de Dipres, la primera etapa del proceso tuvo como resultado un ajuste de gasto total de US$1.937 millones, en 26 de 33 partidas presupuestarias. Este monto se compone de ajustes de gastos sobre la línea por US$1.437 millones y US$499 millones en transacciones bajo la línea”.

En ese sentido, se afirmó que “el 49% corresponde a rebajas de gasto corriente, 25% a gasto de capital y 26% a transacciones financieras (bajo la línea)”.

Ahora bien, a nivel de subtítulos sobre la línea, la rebaja de gasto se centra en transferencias corrientes (39%), iniciativas de inversión (17%), transferencias de capital (14%), bienes y servicios de consumo (12%) y otros (18%).

Según un documento de julio de 2025 de la anterior Dipres, las presiones de financiamiento bajo la línea en las finanzas públicas corresponden a necesidades de recursos que no se reflejan directamente en el balance fiscal corriente, pero que impactan significativamente en la sostenibilidad de la deuda pública. “Estas transacciones incluyen operaciones como la capitalización de empresas del Estado, aportes a fondos soberanos, pago de deuda de organismos públicos fuera del presupuesto y otros compromisos contingentes asumidos por el Gobierno Central”, explicó entonces.

Por cartera

Y a nivel de ministerios, según el reporte del CFA, los mayores montos de ajustes corresponden a calud (US$478 millones), educación (US$247 millones) y vivienda (US$220 millones).

En su análisis, el Consejo indica que “de acuerdo a información entregada por la Dipres al CFA, en una segunda etapa se avanzaría en un ajuste adicional por US$1.000 millones, para alcanzar una meta total de US$3.000 millones en 2026, adicional a los US$800 millones dispuestos por la administración anterior”.

En este punto, el CFA indica que “la Dipres reporta que la proyección de gasto excede en varios billones de pesos la última actualización presentada en el IFP, debido a compromisos de gasto derivados de leyes con presupuesto insuficiente (reajuste, Ley N°21.735, entre otros), así como otras presiones de gasto, sumado a menores ingresos efectivos respecto de lo proyectado”.

A juicio del CFA, los ajustes “deben evaluarse no solo respecto del financiamiento del proyecto de ley, sino que, considerando el punto de partida de déficit estructural del Gobierno Central, las presiones de gasto ya señaladas y la convergencia hacia un BE (Balance Estructural) equilibrado”.