La “doctrina Dolmestch” que ronda en la Sala Penal

Autor: Leslie Ayala

La controvertida figura del juez para el mundo de los DD.HH., al aplicar la media prescripción a delitos de lesa humanidad, ha hecho olvidar su rol fundamental en el desbaratamiento de la CNI.

El presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, irrumpió en la tabla ordinaria del pleno, el viernes 10, para abordar una situación que rondó toda esta semana en el Palacio de Tribunales. El juez manifestó la preocupación porque miembros del Poder Legislativo hayan anunciado que presentarán una acusación constitucional en contra de tres integrantes de la Sala Penal. La embestida política fue anunciada esta semana por parlamentarios de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, tras la polémica que generó que se hayan otorgado siete libertades condicionales a reos de Punta Peuco, condenados por crímenes cometidos durante el régimen militar y en un lapso de 24 horas.

Uno a uno, los jueces con mayor ascendencia en el pleno fueron expresando la necesidad de realizar una declaración pública, no como defensa corporativa de los magistrados cuestionados, ni tampoco pensando en el Congreso como receptor del mensaje. Varios que intervinieron concordaron que tenían que hablarle a la ciudadanía, dejando claro que aceptarán lo que hagan los parlamentarios, pues es una herramienta que les entrega la Constitución. Esto, indicaron algunos, con el énfasis puesto en que los usuarios del sistema judicial tienen que saber que podrán seguir confiando en un Poder Judicial imparcial, que no se dejará presionar por el mundo económico ni por la esfera política.

De los tres eventuales blancos de la acusación, solo habló en el pleno el juez Carlos Kunsemüller. El ministro Manuel Antonio Valderrama mantuvo silencio, mientras que Hugo Dolmestch no asistió. Quienes son cercanos a estos jueces, de larga trayectoria en la corte, aseguran que la situación los ha afectado desde el punto de vista personal. No así en lo profesional, añaden, pues sostienen que no han excedido los límites de la ley, sino que han hecho una interpretación de leyes que el propio Congreso no ha modificado.

Al interior de la Sala Penal se reconoce que pudo existir un error comunicacional al resolver los siete amparos juntos, generando una sensación de que se estaba liberando “en masa” a criminales. Sin embargo, se defienden asegurando que la libertad condicional -según las disposiciones del decreto ley 321- no es una reducción de la condena de esos condenados por graves delitos de lesa humanidad, como lo aborda el Estatuto de Roma.

Las críticas respecto de que ellos supuestamente están propiciando la impunidad de crímenes del régimen militar ha calado hondo en los tres, pues consideran que es totalmente contrario a lo que ha sido su carrera y sus decisiones, justamente, en materia de derechos humanos. “Es como si hubiera una amnesia colectiva y nadie recordara lo que hicimos antes”, comentó uno de los afectados a su entorno.

Un juez clave

Un policía que trabajó con Hugo Dolmestch recuerda sus interrogatorios en casos de derechos humanos en que su personalidad, afable y medio campechano, le permitió lograr confesiones de agentes de la CNI como el propio Álvaro Corbalán. “Les ofrecía comida, les permitía que se sacaran las esposas, y así iba logrando que los acusados confesaran sus crímenes. Don Hugo fue importantísimo para las condenas que se lograron contra los miembros de la policía de Pinochet”, dice.

Hace solo un par de semanas que Dolmestch había vuelto a la Sala Penal. Con la salida de Milton Juica, el 26 de junio, se volvía a generar un cupo en la instancia de la que había salido cuando ocupó el cargo de presidente de la Corte Suprema. En sus anteriores años en la Sala Penal, la “doctrina Dolmestch” era conocida: aplicar la media prescripción en delitos de lesa humanidad, lo que permitió atenuar condenas contra algunos de estos condenados. A eso suma cuando, al asumir como mandamás de la Suprema en 2016, sostuvo que ese tipo de condenados sí podía recibir beneficios. Entonces, las críticas de las agrupaciones de familiares no se hicieron esperar.

Sin embargo, debido a la composición de la sala, esa doctrina hace tiempo no se aplica. De ahí que con estas nuevas concesiones -otorgadas tras los recursos de amparo presentados por defensas de agentes condenados por secuestro que cumplían penas de cinco años en Punta Peuco y que reclamaban actos arbitrarios de la Comisión de Libertad Condicional, la que no les había concedido el beneficio- el fantasma de la “doctrina Dolmestch” haya vuelvo a aparecer.

Esta semana el frontis del Palacio de Tribunales volvió a teñirse de pancartas y fotos de víctimas de violaciones de los derechos humanos como hace mucho tiempo no se veía. Se acusaba directamente al máximo tribunal del país de amparar a criminales de lesa humanidad y manifestantes apuntaban a Dolmestch.

El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto confiesa que tiene una opinión ambivalente. “Es imposible desconocer lo importante que fue el ministro Dolmestch en épocas clave. Consiguió confesiones que permitieron dictar importantes condenas en Operación Albania, el asesinato del periodista José Carrasco y del vocero del MIR Jécar Neghme”, dice. Agrega que pocos pueden tener el contexto que él, como abogado de DD.HH., tiene.

En el caso de Valderrama, se le reconoce su investigación condenando a varios militares en el caso Riggs, en que se indagó la fortuna de la familia Pinochet y -al igual que Kunsemüller- aplicar las más altas penas en casos de violaciones DD.HH.- y acoger todas las demandas contra el Estado de familias de las víctimas.

“La salida de estos tres ministros podría generar una corte totalmente distinta. Esta Suprema es dura al momento de condenar a agentes de la dictadura, y también acoge y no declara prescritas las acciones indemnizatorias a familiares de víctimas. Son tres jueces muy valiosos para quienes en los años 90 perdíamos 6-0 en esa misma sala”, sostiene Caucoto.

Contrario a que se les acuse constitucionalmente, dice que de todas formas la señal que se dio con las libertades a agentes del régimen fue mala. “Lo bueno es que despertó al mundo de los derechos humanos y espero que los jueces para adelante impongan mayores exigencias, no solo las objetivas, sino las subjetivas, como el arrepentimiento, y se demuestre que están rehabilitados”, dijo.

Para el profesor de Derecho Administrativo Luis Cordero, “la acusación constitucional es un error jurídico y político. Jurídico, porque se construye a partir de casos específicos y no del desempeño de los jueces, afectando con eso la cláusula constitucional que les impide revisar los fundamentos de las resoluciones judiciales. Y político, porque así como la derecha no entiende la cultura de derechos forjada en la corte (esos jueces de izquierda, según Hernán Larraín), la centroizquierda no entiende la independencia del Poder Judicial que ayudó a construir estos años”.

El penalista Gabriel Zaliasnik dice que “es triste ver cómo el oportunismo político puede causar tanto daño institucional”. Agrega que “los mismos que atacan a ministros de la Suprema e intentan amedrentarlos son quienes no implementaron las modificaciones legales que hubieran limitado el acceso a la libertad condicional de estos condenados”. El abogado considera que se está atacando justamente a los jueces que más compromiso tienen y más han hecho por los casos de derechos humanos.

La trama política

Esta semana, los cuatro que partidos de la ex Nueva Mayoría y todo el bloque del Frente Amplio que ratificaron la presentación de la acusación esperan tener listo el texto a más tardar el 22 de agosto, eso les permitiría que la votación en la Cámara de Diputados se produzca el 11 de septiembre próximo, para los 45 años del golpe, y así presionar a los parlamentarios de la Democracia Cristiana que aún no han definido su postura frente a esta acusación.

Detrás del apoyo de la acusación constitucional hay una figura clave, el senador PS Álvaro Elizalde. Con el propósito de acercar posiciones con el Frente Amplio, ha sido un impulsor de la presentación de esta herramienta constitucional que permitiría sacar a los tres jueces de la corte. Desde el retorno a la democracia, solo ha prosperado la acusación constitucional en el caso de dos ministros de Educación, Yasna Provoste y Harald Beyer, y un ministro de la Suprema, Hernán Cereceda. Todas las otras vinculadas a miembros del Poder Judicial han sido rechazadas.

Elizalde visó la asesoría del exministro Gabriel de la Fuente y el abogado Enrique Aldunate. Este último fue el mismo que hizo el informe para el PS desestimando los méritos para la acusación constitucional contra el actual ministro de Salud, Emilio Santelices. Sin embargo, en una reunión que se realizó el miércoles en el Congreso, el profesional dio su visto bueno, asegurando que en este caso sí hay mérito para acusar por notable abandono de deberes.

El mismo Aldunate se presentó, en agosto de 2016, en la comisión mixta dónde se trató una moción que buscaba modificar el decreto que permite las libertades condicionales. Ante una consulta de la entonces diputada Marisol Turres, el abogado reconoció -ya por esa época- que existía una “discusión” cuando este beneficio se plantea en delitos de lesa humanidad. En dicha instancia, el profesional explicó que los tribunales han condenado a estos agentes por delitos comunes de homicidio, detención ilegal y secuestro. En ese sentido, admitió ante la comisión, en el delito de secuestro no se aplican las restricciones del decreto ley N° 321 (exigir que el condenado haya cursado más de los 2/3 de su condena). Las libertades condicionales concedidas, que hoy están en pugna, son justamente por condenados por delito de secuestro.

La estrategia del PS no sólo consideraba el camino de la acusación. El domingo 5 se había pensado en una denuncia a la CIDH, privilegiando la vía internacional que era respaldada también por personeros del PPD y contaba con el apoyo de parte de la DC.

Sin embargo, durante la semana, el PC y el Frente Amplio -apoyados luego por el PS, PPD y PR- se casaron con la acusación tras reunirse con familiares de víctimas. En la DC, en cambio, esperarán una reunión clave entre el presidente Fuad Chahin y el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

De pasar el examen en la Cámara, hay quienes aseguran que en el Senado contará con 24 votos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio.

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