Esta vez no escribiré sobre cambio climático ni sobre sus impactos. La evidencia de lo que está ocurriendo ya supera, por momentos, cualquier comentario que uno pueda agregar. Quiero hablar de otro fenómeno que también advertimos durante años, que también parecía lejano y que hoy comienza a revelarse como un problema estructural: la caída de la natalidad.

Entre 2006 y 2008, cuando la tasa global de fecundidad en Chile ya había descendido desde niveles cercanos al reemplazo generacional hacia alrededor de 1,9 hijos por mujer, algunos comenzamos a advertir que aquello no era simplemente un cambio demográfico más. Mirábamos lo que ya ocurría en países asiáticos y señalábamos que, una vez consolidada, una caída persistente de la fecundidad podía ser extraordinariamente difícil de revertir. Lo dijimos entonces varias veces e incluso utilizamos una analogía que hoy resulta incómodamente vigente: los cambios demográficos se parecen, en cierto sentido, a la acumulación de emisiones. Durante mucho tiempo parecen lentos, casi imperceptibles, pero cuando sus consecuencias se hacen visibles, buena parte del proceso que las produjo ocurrió décadas antes; y revertirlo requiere mucho más tiempo que ignorarlo.

Hoy Chile tiene una tasa de fecundidad cercana a un hijo por mujer. No llegamos aquí de un año para otro y el problema nunca fue simplemente que hubiera menos niños. Una caída persistente de la natalidad altera toda la estructura de una sociedad: primero envejece la población; luego cambia la composición de la demanda, el mercado del trabajo, las necesidades de vivienda, la estructura de las ciudades, los requerimientos de salud y, finalmente, la sostenibilidad fiscal del Estado.

Una sociedad con una proporción creciente de adultos mayores necesita más atención primaria y especializada, infraestructura accesible, transporte distinto, viviendas adaptadas, ciudades caminables y seguras, sistemas de cuidado y oportunidades permanentes de actualización laboral. Necesita también repensar cómo aprende una persona durante su vida y cómo permanece productivamente integrada a los 50, 60 o 70 años. Todo ello ocurre mientras aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones y disminuye proporcionalmente la población en edad de trabajar.

Hay además una dimensión que rara vez incorporamos en esta discusión: el cambio climático. Una población envejecida es también una población más vulnerable frente a olas de calor, contaminación, inundaciones, incendios y otros eventos extremos. Demografía y clima no son problemas separados; se acumulan y se potencian mutuamente.

Pero quizá nuestro mayor error fue pensar que la natalidad podía abordarse como una decisión estrictamente privada. Durante décadas dejamos que prácticamente todo el costo de formar una familia recayera sobre los hogares. Cuando se pregunta a las generaciones jóvenes por qué postergan o descartan tener hijos, frecuentemente aparece una respuesta económica, siendo es real, pero incompleta.

El costo de tener hijos no se reduce a alimentación, salud, ropa o educación. Incluye vivienda, tiempo, traslados, estabilidad laboral, disponibilidad de cuidados, flexibilidad, costos profesionales de ausentarse y la inseguridad de no saber si un embarazo afectará una carrera. Incluye también la dificultad de compatibilizar una jornada laboral con la vida familiar y algo todavía más intangible: la posibilidad de imaginar que el futuro será suficientemente estable como para asumir una responsabilidad durante veinte o treinta años.

Durante mucho tiempo tratamos muchos de esos costos como externalidades privadas. Nos resistimos, por ejemplo, a compartir de manera más profunda las responsabilidades del pre y postnatal porque se argumentaba que ello podía reducir productividad. Nos resistimos a jornadas laborales más compatibles con la vida familiar por razones similares. Seguimos diseñando ciudades donde millones de personas pierden horas diarias desplazándose y sistemas laborales que premian la disponibilidad permanente. Paradójicamente, bajo el argumento de proteger productividad en el corto plazo, podemos haber contribuido a deteriorarla estructuralmente en el largo plazo.

Una economía necesita personas. Necesita trabajadores, consumidores, contribuyentes, cuidadores, emprendedores y ciudadanos. Y las personas no aparecen espontáneamente cuando una planilla Excel las necesita veinte años después.

Los datos regionales ayudan a entender que el problema es más complejo que decir simplemente que las personas con mayores ingresos tienen menos hijos. En 2024, la Región Metropolitana registraba aproximadamente 0,92 hijos por mujer y Magallanes 0,93. Tarapacá, en cambio, llegaba a 1,30 y Atacama a 1,27. Al mismo tiempo, la Metropolitana era la región con mayor ingreso autónomo promedio de los hogares, seguida por regiones como Antofagasta y Magallanes.

Es tentador concluir que mayor ingreso significa menor natalidad, pero la evidencia apunta a algo más interesante. El ingreso suele venir acompañado de mayor educación, oportunidades laborales más exigentes, mayor participación femenina en el mercado de trabajo y un mayor costo de oportunidad asociado a interrumpir una trayectoria profesional. Todo ello tiende a retrasar la edad al primer hijo. A la vez operan otros factores, como la urbanización, el precio de la vivienda, los tiempos de traslado, el costo de los cuidados, la inseguridad contractual y los años adicionales de formación.

Por eso la Región Metropolitana probablemente no tiene una de las menores tasas de fecundidad del país simplemente porque sea más rica. También concentra precios inmobiliarios elevados, largos desplazamientos, trayectorias educacionales más prolongadas y un enorme costo de compatibilizar trabajo y cuidado. Dos millones de pesos en Santiago no significan demográficamente lo mismo que dos millones en otra región.

Un estudio realizado sobre miles de mujeres chilenas utilizando información CASEN encontró precisamente que las mujeres de mayor posición socioeconómica comienzan a tener hijos más tarde, concentran sus nacimientos en una ventana más estrecha y terminan teniendo menos hijos. La interpretación que emerge es bastante distinta de afirmar que la riqueza reduce la natalidad. El mismo proceso de modernización que aumenta educación, ingreso y oportunidades también puede elevar más rápidamente el costo temporal, profesional y económico de formar una familia.

Y eso nos lleva al verdadero problema. Chile modernizó parte importante de su economía y de su estructura social, pero no modernizó con la misma velocidad la infraestructura necesaria para formar familias.

Aumentamos los años de educación, la participación laboral femenina, las aspiraciones profesionales, los precios de las viviendas y los tiempos de desplazamiento, pero los sistemas de cuidado, la flexibilidad, la conciliación laboral, la seguridad residencial y las redes familiares no evolucionaron al mismo ritmo.

Esas redes, además, comenzaron a debilitarse precisamente como consecuencia de familias cada vez más pequeñas. Se produce así un círculo difícil de romper: menos hermanos, menos tíos, menos abuelos disponibles, menos redes de apoyo y, por tanto, mayor costo individual de cuidar y criar.

También cometimos otro error en la relación entre educación y trabajo. Expandimos enormemente la educación superior, pero nuestra estructura productiva no se sofisticó a la misma velocidad. Generamos profesionales cuyas expectativas no siempre encontraron correspondencia en una economía que continuó demandando grandes cantidades de capital humano técnico. Al mismo tiempo, envejecía la fuerza laboral y persistía una cultura empresarial obsesionada con encontrar “talento joven”, considerando muchas veces que una persona sobre 40 años era cara, difícil de reconvertir o menos atractiva.

Era exactamente el momento en que deberíamos haber construido sistemas masivos de educación continua. No lo hicimos suficientemente. Nos concentramos en financiar una gran transición educativa al comienzo de la vida, cuando una sociedad que envejece necesita aprender permanentemente.

Ahora la inteligencia artificial introduce una nueva presión. Si automatizamos primero los trabajos de entrada de los jóvenes, retrasamos aún más su independencia económica. Si desplazamos trabajadores de mediana edad sin sistemas reales de reconversión, ampliamos su vulnerabilidad. Y si ambas cosas ocurren simultáneamente en una sociedad con fecundidad cercana a uno, la presión sobre pensiones, impuestos y cuidados puede aumentar considerablemente.

Por eso revertir la caída de la natalidad no se resuelve con un bono. Las políticas necesarias son estructurales y pasan por vivienda asequible, sistemas de cuidado, menores tiempos de traslado, flexibilidad laboral real, seguridad contractual, corresponsabilidad parental, educación continua, ciudades pensadas para niños y adultos mayores y una compatibilidad mucho mayor entre carrera profesional y familia.

No se trata simplemente de convencer a las personas de tener hijos. Se trata de construir una sociedad donde tenerlos no implique asumir individualmente todos los costos de una decisión cuyos beneficios, paradójicamente, son colectivos.

Y aun haciendo todo eso, los resultados tardarán décadas. Esa es quizá la parte más incómoda. Las políticas demográficas tienen memoria. Una generación que no nació no aparece veinte años después porque cambiemos una ley. Una mujer que postergó la maternidad hasta el final de su ventana reproductiva no puede recuperar simplemente el tiempo perdido. Una cohorte pequeña seguirá siendo una cohorte pequeña durante toda su vida.

Por eso cualquier autoridad que prometa revertir rápidamente la natalidad probablemente estará prometiendo algo que la demografía no permite. La inmigración puede compensar parte del problema y probablemente tendrá que desempeñar un papel mucho mayor, pero tampoco reemplaza la necesidad de adaptar nuestras ciudades, sistemas laborales, pensiones, cuidados y educación a la estructura demográfica que ya construimos.

Hace casi veinte años advertimos que esto podía ocurrir. Entonces parecía exagerado. Hoy estamos discutiendo cómo enfrentar una fecundidad cercana a un hijo por mujer y nuevamente existe la tentación de buscar una solución rápida para un problema que tomó décadas construir. No la hay.

Lo que sí existe es la posibilidad de dejar de perder tiempo. Porque dentro de veinte años, cuando las consecuencias fiscales, laborales y sociales sean todavía más evidentes, sería bastante injusto decir que nadie lo vio venir.

Lo dijimos. Y esta vez tampoco podremos decir que no lo sabíamos.

Por Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad CISGER de la UDD