La reciente interrupción del suministro eléctrico puso a prueba la autonomía de servicios médico-clínicos esenciales, considerando que cuentan con equipos que funcionan en base a energía eléctrica y que de ellos depende la vida de personas, evidenciando lo vulnerables que somos ante fallas de este tipo.

A nivel comunitario, la refrigeración es primordial en la conservación de medicamentos y alimentos. Además, la interrupción del suministro de agua potable, que en muchas zonas depende de sistemas eléctricos, determinó un escenario donde la toma de decisiones y tiempo de respuesta operacional en base a la información disponible en los territorios fue vital para evitar una emergencia sanitaria por falta de servicios básicos.

Este evento, como muchos otros, subraya la necesidad del Estado de educar dirigidamente a la población en la respuesta preventiva frente a emergencias en los territorios, como está intencionado en la actual estrategia nacional de salud, y operativizar en todo nivel, desde el núcleo familiar y comunitario, incluyendo el sistema educativo primario hasta el ámbito ocupacional público y privado. Para ello, es crucial el fortalecimiento del concepto “salud en todas las políticas”, pues, toda situación incidirá en la salud de las personas.

A nivel territorial, la coordinación y movilización institucional fue fundamental para activar acciones sanitarias y operacionales que brindaran tranquilidad y seguridad social a la población.

Como experiencia, el apagón es una alerta sobre la interdependencia entre energía, continuidad de servicios, tecnología y salud de la población. Por tanto, será sensato fortalecer la legislación y normativa focalizada en las personas, potenciar organismos estratégicos de supervisión a nivel nacional, y educar progresivamente a la población en emergencias y desastres para afrontar situaciones de estrés territorial con asertividad y prudencia.

Por Jonathan Vásquez Barros, Académico de Vinculación con el Medio Facultad de Medicina Universidad San Sebastián