SEÑOR DIRECTOR:

En ciudades de América Latina, el comercio ambulante es mucho más que una simple actividad económica. Detrás de su informalidad, se esconde la peligrosa influencia del crimen organizado. En Chile, este fenómeno se ha infiltrado en comunas como Santiago, Estación Central y Maipú. El aumento de vendedores ambulantes, impulsado durante la pandemia, ha sido aprovechado por grupos criminales para establecer un control territorial.

El primer eslabón de esta cadena de control es la extorsión. Los vendedores, sin protección estatal, se ven obligados a pagar “arriendos” para mantener sus puestos. La negativa a pagar resulta en amenazas. Este chantaje, disfrazado de “seguridad”, agrava su precaria situación económica. Además, el comercio ambulante es una herramienta ideal para el lavado de dinero. Su gran flujo de efectivo y la falta de registros permiten a los criminales ocultar ganancias ilícitas y camuflar operaciones ilegales bajo la apariencia de una venta.

El control de los espacios públicos es un objetivo estratégico. Al dominar las calles, el crimen organizado no solo ejerce un poder territorial, sino que también puede reclutar a jóvenes vulnerables y establecer puntos de distribución de drogas o artículos robados. Los puestos se convierten en elementos clave de una red criminal.

Esta relación degrada el espacio público y debilita el Estado de Derecho. La confianza se desintegra y las autoridades, a menudo superadas, encuentran dificultades para intervenir.

Para revertir esta situación, se necesita una estrategia integral. La solución debe incluir la formalización de la economía, la creación de empleos dignos y una lucha coordinada contra de las redes de extorsión y lavado de dinero. Es fundamental devolver la seguridad a las calles y asegurar que la tranquilidad prevalezca sobre el miedo.

Eric Latorre

Director Magister en Administración Pública

Universidad Autónoma de Chile