SEÑOR DIRECTOR:

El reciente ataque digital contra Evelyn Matthei, que incluyó la activación de 70 cuentas y casi mil mensajes para instalar falsedades sobre su salud mental, es una señal más de alarma sobre el alcance de la desinformación y el potencial mal uso de la IA en política y elecciones que nos interpela por la resiliencia de las democracias ante los riesgos de la digitalización.

Lo ocurrido no es nuevo; fue ampliamente documentado durante los procesos constituyentes en Chile con mujeres como Elisa Loncon siendo atacadas con virulencia en redes sociales. Es, además, una tendencia global con un marcado sesgo de género. Las mujeres en el ámbito público están siendo blanco de campañas de desprestigio organizadas para silenciar, intimidar o forzar su retiro de la política, con ataques y narrativas sexualizadas que ponen en jaque sus derechos civiles y políticos.

Si de por sí la desinformación circula más rápido que la verdad debido a algoritmos que privilegian el impacto sobre la veracidad, la IA contribuye a ello con la generación de contenido híperrealista como imágenes, videos o voces que suplantan las identidades de las personas, desafiando incluso a usuarios experimentados en la materia.

Aunque Chile ha realizado esfuerzos por adaptarse a la digitalización como las nuevas leyes de datos personales y ciberseguridad, contra la violencia de género, la Política Nacional de IA y la Comisión contra la Desinformación; todavía está lejos de asegurar plena integridad de la información y una competencia equilibrada en sus elecciones.

Para avanzar es imprescindible promover legislación específica sobre desinformación, el uso de la IA en contextos electorales con un enfoque de género. Los ejemplos de regulación en la Unión Europea y Brasil son experiencias positivas que seguir.

Pero considerando la velocidad de los cambios tecnológicos, más que legislación detallada urge dotar al Servicio Electoral de la capacidad y recursos efectivos para actuar en tiempo real, generando protocolos de cooperación con plataformas tecnológicas, impulsando programas preventivos con partidos, sociedad civil y medios de comunicación, así como para aplicar sanciones eficaces y ejemplificadoras. Por último, se requiere impulsar campañas nacionales de alfabetización mediática.

La calidad de nuestras democracias depende cada vez más de la calidad del entorno digital donde se forma la voluntad ciudadana. Las nuevas tecnologías deben estar al servicio de la expansión democrática y no las democracias a merced de ellas. Los ataques recientes no pueden quedar sólo en el anecdotario o servir para trincheras electorales específicas, deben servir para asumir con urgencia los desafíos digitales.

Marcela Ríos Tobar

Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional