Declaración por prisión política: las figuras y tensiones que marcaron la negociación en la izquierda

Durante la jornada, el ala de izquierda en la Convención Constitucional se dividió al redactar dos declaraciones sobre un tema que todos consideraban como crucial. Y, pese a que alcanzaron un acuerdo en una segunda votación, distintos puntos crisparon el ambiente en ese sector. Con todo, en la discusión se pudieron distinguir a distintas figuras que podrían marcar las futuras negociaciones.


Con un computador en mano salía ayer a paso acelerado del pleno del Salón de Honor del Congreso en Santiago el convencional constituyente Jorge Baradit (PS), pasadas las 15.30. Le seguían más de la mitad de sus compañeros del Colectivo Socialista, quienes a esa hora entraban en una compleja disyuntiva sobre una de las propuestas de declaración sobre el indulto a los presos del estallido social y del conflicto mapuche.

“Si el Frente Amplio y el PC aprueban, quedaremos arrinconados”, dijo uno de ellos. El diálogo se daba luego de que tres de sus miembros -además de Baradit, Malucha Pinto y Pedro Muñoz- participaran de una comisión que redactó el texto junto a constituyentes del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Lista del Apruebo, algunos independientes y que, además, mantuvo un diálogo permanente con sectores de la Lista del Pueblo y la Vocería de los Pueblos. Estos últimos dos referentes, en paralelo, elaboraban un documento alternativo junto a movimientos sociales y a los 17 representantes de escaños reservados.

El nudo se dio luego de que, tras una petición de los pueblos originarios, se incorporara al texto un enunciado en el que se mencionaba que el indulto en el caso de los presos en el marco del conflicto mapuche -en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos- fuera aplicable desde el año 2001. Dicha solicitud, tanto para los socialistas como para otros sectores, como la Lista del Apruebo e Independientes No Neutrales, sobrepasaba las atribuciones del órgano constituyente.

También generó inquietud que en el documento se hablara de “presos políticos” y, pese a que terminaron cediendo, durante la jornada impulsaron que se utilizara el concepto de “presos de la revuelta”.

El texto, además, solicitaba, entre otras cosas, la “desmilitarización del Wallmapu” y que se aplicara la “máxima celeridad” en la tramitación del proyecto de ley de indulto general que hoy se encuentra en el Senado. Así como también se le pedía al Ejecutivo retirar “todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado”.

Pese a todas esas complicaciones, la mayoría de esos sectores, incluyendo a los socialistas, respaldaron en bloque esa declaración, texto que terminó siendo refrendado en una segunda vuelta por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones.

Para ese equipo redactor todos los sectores de la izquierda enviaron algunos representantes. Por el Frente Amplio estuvieron los constitucionalistas Fernando Atria y Amaya Álvez, mientras que el PC encomendó a Valentina Miranda y Hugo Gutiérrez la tarea. Desde la Lista del Pueblo también estuvieron presentes en esa negociación con Manuel Woldarsky e Ingrid Villena y por la Vocería de Los Pueblos estuvieron, entre otras, Camila Zárate y Loreto Vallejos.

En paralelo, durante la jornada y mientras en las afueras del ex Congreso se desarrollaban manifestaciones de familiares de presos en el marco del estallido social, la Vocería de los Pueblos e independientes redactaron un documento que fue más allá del de los partidos y planteó, además de acelerar el proyecto de indulto que se encuentra en el Senado y la liberación de los presos mapuches desde el 2001, un plazo de 20 días para que los poderes Ejecutivo y Legislativo respondieran a la petición.

Otras solicitudes apuntaban a la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, la aprobación de una indicación para que se aplique el Artículo 169 del Convenio de la OIT tendiente a evitar la pena de prisión efectiva en casos de pueblos indígenas, además de adoptar medidas de reparación “en el caso de los pueblos de la Patagonia Austral”.

“Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial”, se lee en el texto que terminó siendo rechazado, tras no lograr el quórum en la primera votación y no recibir ningún voto en la segunda.

En ese sector también se generaron tensiones cuando se planteó la posibilidad de que tras la primera vuelta, la Vocería de los Pueblos pudiera plegarse a la opción mayoritaria que fue elaborada por los partidos. “Cuando eso pase, que cada uno vote a conciencia”, se escuchó decir a una representante de la Lista del Pueblo en los pasillos. Finalmente, varios de sus representantes se sumaron a la mayoría para evitar que, por falta de quórum, la Convención Constitucional quedara sin posibilidad de hacer una declaración respecto del punto.

Quienes se plegaron desde ese sector al texto impulsado por los partidos están Isabel Godoy (colla), Camila Zárate (LP), Tania Madriaga (LP), Alondra Carrillo (independiente), Alejandra Pérez (LP) y Cristóbal Andrade (LP), entre otros. Por su parte, algunos representantes de Independientes No Neutrales se abstuvieron, al igual que algunos de la Lista del Apruebo.

Con todo, al finalizar la jornada desde distintos sectores de la Lista del Pueblo y la Vocería del Pueblo, calificaron como “histórico” el hecho de que se “reconociera la existencia de presos políticos”.

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La Tercera Noche


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