Los últimos datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) muestran que en agosto el número de licencias médicas electrónicas emitidas por enfermedad o accidente común alcanzaron a poco más de 561 mil, lo que representa un desplome de 23% en relación con igual mes del año anterior. En lo que va de 2025 se han emitido poco más de 4,8 millones de licencias, lo que representa una baja del 11% respecto de igual período de 2024.

Clave en esta significativa reducción ha sido la labor fiscalizadora que decidió emprender la contralora Dorothy Pérez, quien ha liderado una exhaustiva revisión de las licencias entregadas en el sector público, y donde los hallazgos han sido sorprendentes. En su informe de mayo detectó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero pese a estar con licencia médica, antecedentes que sacudieron a la ciudadanía y que permitieron demostrar con datos concretos lo que aparenta ser un extendido abuso que se estaba cometiendo con las licencias y el enorme costo que ello le representa al país. En un informe posterior la Contraloría detectó que casi 3 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería viajaron al extranjero estando con licencia.

Los sumarios que se han abierto en el sector público determinarán en qué casos estos viajes carecen de toda justificación -puede haber situaciones en que los tratamientos sí justifiquen salir del país-, pero lo concreto es que la masividad de los casos detectados anticipa importantes focos de irregularidades, frente a lo cual no cabe sino reprochar la falta de proactividad del anterior contralor, considerando que hace tiempo había señales de que probablemente había un mal uso de este instrumento, y sin embargo no existió la exhaustividad para fiscalizar con la intensidad que ahora vemos.

Igual reproche cabe extender a la Suseso, pues si bien el organismo ha venido adoptando medidas para desincentivar el mal uso de licencias, resulta evidente que no fue capaz de levantar información que permitiera detectar la masividad del abuso. Luego del informe de la Contraloría el gobierno solicitó la renuncia a la directora de la Suseso, y la nueva administración, sin duda impelida por los hallazgos del ente contralor, hizo sus investigaciones y llegó a resultados decidores: más de 80 mil trabajadores del sector privado viajaron al exterior estando con licencia. La Suseso también investigó a los médicos, detectando que entre enero y abril de este año más de 90 facultativos se otorgaron licencias a sí mismos; a su vez, entre enero de 2023 y mayo de este año más de 6 mil profesionales continuaron emitiendo licencias pese a estar haciendo uso de este permiso, entre otros antecedentes.

La contralora Pérez demostró que con oportunos y eficientes sistemas de fiscalización es posible hacer un control más efectivo del uso de los recursos y enviar una potente señal para comenzar a desincentivar estas prácticas, generando a su vez que otros organismos activen sus propias fiscalizaciones. Cabe tener presente que para el caso de Fonasa, del orden de un 70% de la cotización del 7% que deben hacer los afiliados se destina al pago de licencias, de modo que enfrentar el mal uso de este instrumento resulta crucial para bajar el gasto en salud y focalizar mejor los recursos, para lo cual una correcta fiscalización resulta crítica, sin perjuicio de introducir reformas que siguen pendientes.