La preocupación sobre el devenir de las finanzas públicas no amaina. Los recientes informes publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) aumentaron la inquietud sobre las proyecciones de ingresos y el resultado esperado del déficit fiscal durante el 2025.

La Dipres informó que, a junio, los ingresos fiscales crecieron apenas 4,3% anual, muy por debajo del 8,4% necesario para cumplir la meta prevista para este año. Así, mientras la gran minería mostró un sorprendente aumento de los ingresos de 90,2% en los últimos 12 meses, el resto de los contribuyentes creció un modesto 1,5% en igual periodo.

En paralelo, el gasto público, si bien redujo su expansión al 2,7%, el gasto en personal y bienes, junto con aquel en servicios, mantienen ritmos de crecimiento elevados -8,1% y 11,3% respectivamente-, mientras que la inversión pública sufrió una caída de 35,1% en junio, tras cinco meses de fuerte dinamismo.

Desde enero, la recaudación acumulada ha quedado sistemáticamente rezagada en sus proyecciones. La suma de los desvíos alcanza a US$ 3.300 millones menos de lo previsto en la Ley de Presupuestos, desviación que ya advirtieron las agencias clasificadoras y analistas del mercado durante el debate de septiembre pasado. Para alcanzar la meta de recaudación tributaria, los ingresos deberán crecer a dos dígitos en el segundo semestre, desafío que se agrava si se considera que los US$ 1.000 millones extraordinarios por la repatriación de capitales y el impuesto sustitutivo se contabilizaron a fines de 2024.

El déficit también se ha ido deteriorando: de un -1,1 % del PIB proyectado el año pasado, la Dipres reajustó la meta a -1,6 % en febrero y, según el último IFP trimestral, ahora se estima en -1,8 %. La directora del servicio atribuyó esta nueva desviación al factor tipo de cambio; con todo, el Ministerio de Hacienda debería ratificar su compromiso con el balance estructural y aplicar los ajustes de gasto correspondientes para enmendar el rumbo. De lo contrario, corremos el riesgo como país de incumplir por tercer año consecutivo las metas fiscales.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha señalado en reiteradas oportunidades que, para cumplir la meta de balance estructural, el gobierno debe elevar el ajuste de gasto e incorporar medidas administrativas y legislativas con sentido de urgencia. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda, para apoyar en esta tarea, convocó a principios de mayo a una comisión de expertos para realizar recomendaciones sobre posibles ajustes al gasto público. El Ejecutivo debería asumir aquellas medidas que generen consensos amplios y el Congreso comprometerse con celeridad a su aprobación, de modo que sean factibles de aportar en la reducción de las desviaciones fiscales de la meta de balance estructural del presente año.

Chile arrastra un déficit estructural de más de quince años, agravado por la recaudación insuficiente de la reforma tributaria del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Aunque el actual gobierno retiró los estímulos de gasto extraordinario generados durante la pandemia, esa medida no ha bastado para recuperar el equilibrio fiscal. Sin ajustes adicionales antes de fin de año, la próxima administración afrontará un panorama aún más complejo.