Quince años después de la disputa que marcó para siempre al fútbol chileno, el nombre de Jorge Segovia vuelve a instalarse en el centro de la polémica. No es desde el éxito deportivo ni desde una candidatura. Es desde la trinchera legal que abrió tras el descenso de Unión Española, club del cual es propietario, buscando anular la pérdida de categoría, con el reglamento como arma.

En 2010, Segovia ganó las elecciones de la ANFP. Superó a Harold Mayne-Nicholls en una votación reñida, mediática y que se elevó hasta ser un tema país. Pero nunca pudo asumir. El artículo 164 letra i del estatuto impedía dirigir al balompié nacional a quienes tuvieran más de un 10% de participación en empresas contratadas por la propia Asociación o por algún club. Eso lo dejó fuera del cargo antes incluso de sentarse en el sillón presidencial.

Como era dueño de la Universidad SEK, institución que mantenía convenios con Unión Española, el veredicto fue lapidario: inhabilitado. La presidencia que nunca pudo ejercer quedó grabada como una herida política y personal. De urgencia, su lista puso a Sergio Jadue como candidato a timonel y el calerano se impuso en los comicios. Así empezó una historia paralela.

Hoy, Segovia parece haber encontrado un escenario para ajustar cuentas. La controversia estalló tras el descenso deportivo de Unión Española y Deportes Iquique. Los artículos 90 y 91 del Reglamento de la ANFP establecen un sistema de promedios trianual para definir descensos, y, según esa interpretación, hispanos e iquiqueños deben seguir en Primera División.

El jueves, horas antes del Consejo de Presidentes, Unión e Iquique presentaron una carta dirigida a Pablo Milad, detallando la contradicción entre el Reglamento de la ANFP y las Bases del Campeonato. El primer documento fija un torneo de 20 equipos y define los descensos según promedio. Las bases, en cambio, establecen que bajan los dos últimos de la tabla anual.

La ofensiva golpeó fuerte en Quilín. Aunque la ANFP asegura que los estatutos aprobados son los que priman, y que en ellos se define un torneo de 16 equipos, el malestar interno es indesmentible.

La tensión quedó a la vista. La reunión citada por Milad para responder a los clubes fue suspendida. En el Consejo de Presidentes, Unión e Iquique, ya técnicamente parte de la Primera B, se negaron a firmar el acta de la categoría. Sabino Aguad, gerente general del cuadro de Santa Laura, firmó y luego borró la rúbrica.

En ese escenario, la figura de Segovia reaparece con fuerza. Su mensaje público es que “los reglamentos están para cumplirse”.