La Universidad de Chile volvió a abordar el vínculo entre la Casa de Estudios y Azul Azul, concesionaria que rige con el club de fútbol. La prorrectora Dorotea López salió al frente y cuestionó los problemas judiciales que rodean a la administración del equipo azul.

Cabe mencionar que toda problemática relacionada con Azul Azul fue delegada a la figura de la prorrectoría de la entidad. La determinación fue llevada a cabo por la exrectora Rosa Devés y continuará en el entrenante mandato de Alejandra Mizala.

“Desde que la Rectora Devés delegó en la prorrectoría la relación entre la Universidad de Chile y Azul Azul hemos monitoreado permanentemente la situación. Los hechos públicamente conocidos asociados al caso Sartor no son indiferentes para la Universidad. Cualquier hecho que dañe su imagen y se aleje de sus valores y principios es rechazado por toda la comunidad universitaria”, aseguró la exdirectora del Instituto de Estudios Internacionales.

“Afortunadamente, la ciudadanía a la que servimos sabe distinguir entre la concesionaria y la Universidad. Además, nos preocupan los hinchas que tienen una vinculación estrecha con el Club de Fútbol y sienten el nombre de la Universidad de Chile como propio”, añadió.

La prorrectora de la Casa de Bello también aseguró que el plan de acción y los próximos pasos a seguir dependen del informe jurídico encargado por la administración de Devés: “En este rol, me compete esperar el informe final en derecho para emitir un pronunciamiento definitivo sobre las acciones a seguir en torno al convenio. El trabajo jurídico está en ejecución y ya me reuní con el abogado Andrés Jana para revisar los primeros avances, que consisten en recopilar y comprender los alcances de lo ocurrido hasta ahora”, indicó.

“Por ello, independientemente de quién controle Azul Azul y de los últimos eventos sobre la resciliación de la operación de compra de las acciones, la U. de Chile tiene que revisar su relación con la concesionaria para resguardar que esto no vuelva a ocurrir. Cualquier acción reñida con la ley nos exige actuar con firmeza y rigor en la defensa del prestigio institucional de la Universidad de Chile”, cerró la académica mexicana, radicada en el país desde 1998.

La entidad educacional contrató al prestigioso abogado Andrés Jana, por expresa petición de la exrectora Devés, quien pidió una ruta legal, no penal. Su misión ha sido estudiar profundamente el contrato de concesión del nombre institucional a la firma, ante la posibilidad de que se estén vulnerando principios que resguardan su cumplimiento. Los que más inquietan están asociados a la imagen de la entidad educacional más tradicional del país.

En la línea de Mizala

Lo mencionado por López se cuadra con lo dicho por Mizala tras asumir como rectora de la Casa de Estudios: “Tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”, afirmó sobre el informe jurídico.

Eso sí, también manifestó la necesidad de revisar el convenio vigente entre la universidad y la concesionaria: “No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, sostuvo.