En 10 días, el pleno del máximo tribunal pasó de aprobar la adquisición de vehículos de alta gama a arrepentirse de su decisión. La adquisición de una nueva flota, por casi $ 1.300 millones, se transformó en un escándalo. Los ministros recularon luego de constatar que la Dipres, pese a su compromiso inicial, nunca contestó el oficio en el que solicitaban el decreto para comprar activos no financieros. Esta es la trastienda de una frustrada compra que confrontó a los magistrados con el gobierno y expuso falencias de gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.