En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura". Si bien el congresista entregó su dispositivo móvil, este estaba en malas condiciones tras una supuesta "jugarreta" de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolvieron $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigación, incluso sugiriendo "quemar teléfonos".
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Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
El independiente, quien compitió en los comicios pasados con cupo de Evópoli, busca repostularse en la zona. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía por el caso de los convenios en su administración genera dudas en los partidos para respaldarlo formalmente.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue detenida luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social. Su detención, como confirmó el fiscal Carlos Cornejo, se dio en medio de una serie de diligencias en dependencias del GORE.
"Estamos como gobierno regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información", afirmó Luciano Rivas.
El sondeo, promovido por el gobernador Luciano Rivas, fue contestado por 18.620 personas, lo que representa el 1,95% del total de habitantes de la región, según cifras oficiales del Censo de 2017. Las comunas con mayor participación fueron Lumaco, Victoria, Los Sauces, Collipulli y Ercilla; todas de la provincia de Malleco.
El subsecretario viajó hasta la Región de La Araucanía junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para reunirse con autoridades de la zona y hacer una visita inspectiva a las instalaciones del puesto de avanzada del Ejército.
Héctor Urban, consejero constitucional electo que fue atacado esta semana, reconoció temor. “Estamos en una guerra sin cuartel en donde hay un grupo armado atacando a civiles", afirmó la senadora Carmen Gloria Aravena. El gobernador Luciano Rivas dijo que no se debe descartar el estado de sitio.
Luciano Rivas dijo que "hay que poner todas las cartas sobre la mesa" para abordar la seguridad pública en la región. Esta tarde se reunirá con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde le va a "exigir más seguridad en la región de La Araucanía".
"El origen intencional de un incendio es un acto criminal que el gobierno va a perseguir. Respecto a la intencionalidad tenemos plena confianza en el trabajo investigativo que está haciendo Carabineros de Chile y que está haciendo la Policía de Investigaciones”, dijo el subsecretario.
El gobernador de La Araucanía cierra filas con la idea de que la emergencia de los siniestros forestales en el centro-sur ha sido provocada premeditadamente y que el gobierno debe asumir la evidencia de los atentados.
La autoridad regional también critica la burocracia para tomar acciones de ayuda, y advierte que "yo creo que hoy estamos tomando medidas de mitigación, cuando podríamos haber reaccionado de forma mucho más preventiva". También enfatiza en la mala calidad del aire.
La iniciativa quedó plasmada en la glosa del Programa de Derechos Humanos donde el Ejecutivo se ve obligado a informar al Congreso, antes del 31 de marzo de 2023, “el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales para reparar a las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del sur de Chile".
La autoridad regional valoró el despliegue del Mandatario en la zona, especialmente sus reuniones con víctimas de la violencia rural. Sin embargo, advirtió que los ilícitos más graves no pueden enfrentarse solo con presencia policial. “Los militares deberían estar apoyando los procedimientos para poder desarticular las bandas criminales”, dijo.
El Mandatario aseguró que estudiarán la propuesta de ley de reparación para víctimas de violencia rural que le entregó la autoridad regional, en el marco de su primera visita a la zona.