Un desafío mayor está representando para los partidos de Apruebo Dignidad la búsqueda de miembros para el Consejo Constitucional.

Aunque la primera “valla” -los expertos constitucionales- se prevé que la sortearán sin mayores contratiempos, en la coalición del Presidente Gabriel Boric sí reconocen que existen al menos tres factores que vuelven complejo el casting de candidatos para la elección que se celebrará el 7 de mayo.

Los que califican como los mejores “cuadros” del sector ligados al mundo constitucional ya fueron partícipes de la anterior Convención Constitucional y, por ende, están inhabilitados. Un segundo aspecto a considerar -y quizás el que complica más al momento de ir cuadrando la cartilla de aspirantes al nuevo proceso- es el “vaciamiento” de los partidos al Ejecutivo.

Con tiendas relativamente jóvenes -a excepción del Partido Comunista (PC)- y de menor participación efectiva dentro de los partidos, un porcentaje no menor de la militancia activa hoy se desempeña en distintos puestos de gobierno, ya sea en la “segunda línea” (subsecretarías, seremis y delegaciones) o en los equipos ministeriales. “Los mejores perfiles del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad hoy son parte del gobierno”, expresan.

A ello se suman las inhabilidades posteriores: quienes participen del nuevo proceso constitucional, una vez que concluya, no podrán competir a ningún cargo de elección popular hasta después de la elección presidencial de 2025.

Entre los dirigentes de Apruebo Dignidad -y particularmente del Frente Amplio- señalan que el tema “ha estado presente”, pero toman distancia de aseverar que se haya adoptado una decisión respecto de solicitarle al gobierno que libere a ciertos militantes de sus responsabilidades para acudir a la contienda electoral de mayo. Eso sí, se “ha evaluado como una posibilidad”, dicen.

El senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre explica que “cada partido es autónomo de solicitarle su disponibilidad a sus cuadros que estén en el gobierno, que estén trabajando con los parlamentarios o en los municipios. Hay un diálogo entre la persona, el militante y el partido (...) la persona tiene que evaluar si está disponible, en una campaña compleja, donde quedarán inhabilitados. Lo que estamos haciendo como RD, desde el comité electoral, es levantar un pre-elenco, paritario. Hay plena libertad y flexibilidad para buscar a los mejores cuadros que podamos proponer, no hay vetos”.

En lo inmediato, y para la comisión experta, en el Frente Amplio corre con fuerza el nombre del académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. El abogado experto en derecho constitucional ha sido un asesor relevante en el bloque en los últimos meses.

También suenan la profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga y la politóloga Claudia Heiss, quien además es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Por el lado de los comunistas, en un sector se ha instalado la idea de que el actual subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, abandone su cargo e integre la comisión experta en representación del PC. Sin embargo, el secretario general de la tienda, Lautaro Carmona, afirmó a La Tercera PM que “no hemos discutido en el partido sacar gente del gobierno”.

En el PPD la bancada de diputados tiene que designar a un experto. Los parlamentarios de esta bancada optaron por José Antonio Ramírez. El abogado es parte de la comisión constitucional del partido y apoyó en “segunda línea” a la directiva en todo lo que fue la negociación del Acuerdo por Chile.

Ramírez además fue candidato a convencional constituyente por el PPD. Ha sido asesor legislativo y de varios ministerios. También es doctor en derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En el PS aún no lo han decidido. Los nombres que tienen sobre la mesa, tanto para que entren por el cupo que les toca en la Cámara o los dos que le tocarán en el Senado, son el abogado y asesor legislativo Enrique Aldunate, el abogado Gabriel Osorio, el abogado Flavio Quezada, la abogada Claudia Sarmiento y la abogada y actual asesora del Ministerio del Interior, Catalina Lagos.

En el Senado, en tanto, el PPD apostaría por designar al exministro Jorge Insunza, quien ha sido una de las voces más influyentes en el partido en los temas constitucionales. Lidera la comisión ad-hoc y fue uno de los negociadores clave que acompañaron a la timonel de la tienda Natalia Piergentili en las tratativas que derivaron en el Acuerdo por Chile.

Según las alianzas que puedan armarse entre los senadores del PS y el PPD, podrían sumar otro cupo. Hasta el momento el nombre de consenso que podría concitar apoyo es el de la actual consejera del Consejo para la Transparencia y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Gloria de la Fuente.

En la DC, en tanto, suenan la abogada Paz Anastasiadis, el abogado Tomás Jordan y el abogado Jaime Troncoso. Todos, parte de la comisión constitucional del partido.

En Chile Vamos, en tanto, siguen en su proceso de búsqueda de comisionados para que puedan integrar la comisión experta. Los cálculos preliminares del sector apuntan a que la coalición se quedará, al menos, con 10 cupos de los 24.

En la derecha, más que en el oficialismo, se ha instalado estos últimos días un debate intenso respecto del perfil que deben tener los comisionados que nombre el sector. En esto hay dos corrientes. Hay una que opta por especialistas con un currículum irreprochable. “Gente de la que nadie dude que son verdaderos expertos”, dice un dirigente de Chile Vamos. La otra, en tanto, está más convencida de que lo que se necesita son cuadros políticos. Es decir, un perfil más partidista y que combine de buena forma la experiencia académica y los estudios de posgrado.

Esa discusión tomó más fuerza tras la entrevista que el expresidente Ricardo Lagos dio a La Tercera este domingo. “Tengo temor que algunos quieren elegir algunos ‘cuates’ por ahí y no verdaderos expertos. Y así no se construyen los países. Hay momentos en que hay que pensar en grande y poner el interés nacional por sobre el interés particular”, afirmó el exmandatario.

El partido en que este tema se ha dado con mayor énfasis ha sido RN. En la colectividad que lidera el senador Francisco Chahuán las críticas apuntaban principalmente a un nombre que, hasta hace poco, sonaba como casi seguro: la abogada y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

La actual asesora en seguridad de Providencia estaba siendo apoyada por Chahuán, las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez, y el sector cercano al exministro Mario Desbordes. De hecho varios en RN la daban como una de las tres cartas que designaría la bancada de senadores de RN a la comisión experta. A Martorell se suman el excanciller Teodoro Ribera y el director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia.

Sin embargo, su nombre provocaba la oposición de otros dirigentes partidarios que son de sectores contrarios a Desbordes. En las últimas horas, personas cercanas a la exsubsecretaria confirman que descartó ser candidata a experta. De hecho, agregan las mismas fuentes, Martorell ya le transmitió esta decisión a las senadoras Gatica y Núñez.

Respecto de los dos cupos que le tocará designar a la bancada de diputados, los parlamentarios de RN hoy terminarán de escuchar la exposición de ocho especialistas convocados.

En la UDI este debate se ha dado con menor intensidad. En la colectividad hay sectores que quieren tomar distancia de exfuncionarios del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero hay otras corrientes que comentan que eso no debiese ser un impedimento para integrar la Comisión Experta. Más aún cuando varios de los exfuncionarios de gobierno son actuales académicos de universidades y tienen estudios de posgrado.

Hasta ahora, en la UDI, hay tres nombres que corren con ventaja. Se trata del académico de la Facultad de Derecho UC y exsubsecretario Segpres Máximo Pavez, la consejera de políticas públicas de Libertad y Desarrollo Natalia González y el exministro de Justicia Hernán Larraín.

En tanto, en Evópoli los senadores de ese partido barajan dos nombres. Al partido liderado por Gloria Hutt solo le corresponderá un comisionado y, según los parlamentarios, las opciones se debaten entre la expresidenta del TC, Marisol Peña, o el académico de Derecho UC y consejero del CDE, Sebastián Soto.