“Dios mío, tres meses ya”, dice Hernán Ramírez (29), profesor de Ciencias Sociales en un colegio particular de Valdivia, en la Región de Los Ríos, mientras revisa su teléfono durante la hora de almuerzo, uno de los pocos momentos del día en que puede usarlo con tranquilidad para responder preguntas.

Este es su sexto año ejerciendo la docencia y su ingreso al mundo laboral coincidió con uno de los periodos más disruptivos para la educación reciente: la pandemia, las clases virtuales y el regreso de estudiantes que estuvieron durante dos años relacionándose más con una pantalla que entre ellos. Ahora, asegura, vive otro punto de inflexión dentro de la sala de clases, con la implementación de la ley 21.801 que prohíbe el uso de celulares durante la jornada escolar.

Tras la entrada en vigencia de la normativa, Hernán dice que el cambio se siente en todo. En la atención, en la convivencia y hasta en la manera en que los estudiantes entienden algo tan básico como el paso del tiempo.

“El primer problema que tuvimos fue casi absurdo”, recuerda entre risas. “Los alumnos preguntaban: ‘Profe, si no puedo mirar el celular y no tengo reloj, ¿cómo sé cuándo entrar a clases o cuándo termina el recreo?’”.

La escena obligó al colegio a reaccionar rápido. Instalaron relojes en los pasillos para reemplazar una función que, silenciosamente, había quedado absorbida por el teléfono.

Una situación completamente diferente vive la profesora de Castellano Leyla Gidi (27), quien trabaja en un liceo municipal de la comuna de Collipulli, en la Región de la Araucanía.

Con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y situada en una zona considerada “roja” por el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, la profesora reconoce que el establecimiento, al albergar más de 900 estudiantes, “no puede resguardar a casi mil jóvenes al mismo tiempo”.

Si bien reconoce que el primer mes la práctica resultó “muy buena”, con el paso del tiempo se ha vuelto insostenible "el hecho de forzar a los estudiantes al no uso del celular”, puesto que no existe una regularización que permita a los docentes, por ejemplo, quitar dispositivos o ser más estrictos en su control.

Leyla Gidi expone que el cambio ha sido tanto positivo como negativo. “Se ha notado una convivencia mucho más desorganizada… Los estudiantes hacen mucho más desorden, se han vuelto más violentos”, ya que perdieron el ‘refugio’ emocional que les daba el teléfono, advierte.

Cambios visibles de la ley

Ambas realidades formulan preguntas sobre si puede una misma ley funcionar igual en escuelas atravesadas por realidades completamente distintas. A partir de la experiencia de Hernán Ramírez y Leyla Gidi, por ejemplo, se reconocen cambios concretos y visibles.

Lo primero es el paso de la “abstinencia” a la autorregulación. El profesor Hernán Ramírez, de Valdivia, cuenta que las primeras dos semanas de marzo fueron un “periodo de adaptación durísimo” al tener que desprenderse de la identidad virtual en la que acostumbraban a exponer todo lo que sentían o vivían durante la sala de clases.

Superado ese proceso de “desapego”, los beneficios pedagógicos saltaron a la vista. “Hoy comprenden mejor las materias y hemos podido aprovechar las clases para reforzar áreas que venían muy debilitadas a nivel país, como la comprensión lectora y la expresión oral”, analiza.

Para llegar a esto, el colegio privado estableció un periodo inicial de marcha blanca para enseñar la normativa. Una vez terminado ese plazo, fueron tajantes. “Les explicamos con claridad que esto no es un capricho del reglamento interno, sino una ley de la República que nos mandata como establecimiento”, manifiesta.

En otra vereda, Leyla Gidi también reconoce que la regulación le ha facilitado el trabajo pedagógico, pero también ha sido un poco desgastante ”tener que estar constantemente pidiendo que guarden su celular o que mantengan el orden”. Fuera de eso, los estudiantes están más concentrados.

“En los liceos municipales las realidades son mucho más complejas”, explica Gidi. La docente cuenta que muchos estudiantes viven en sectores rurales alejados y, en ocasiones, las familias necesitan mantenerse comunicadas por situaciones de seguridad, como allanamientos o cortes de camino. “Ahí el celular también cumple otra función”, dice.

A eso se suma la falta de recursos para aplicar la normativa bajo las mismas condiciones que en colegios privados.

“En establecimientos con más recursos quizá existen cajas o sistemas para guardar los teléfonos. En este liceo hay otras urgencias, se vuelve mucho más difícil”

Más que prohibir tecnología: reconstruir la convivencia

Ante las diferencias que las escuelas y colegios chilenos están enfrentando, el investigador Juan Pablo Catalán, académico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello (UNAB), plantea que está impactando de “manera muy desigual”.

“No se trata solamente de guardar los celulares, sino de recuperar la atención, la convivencia, la presencia y devolver a los recreos su condición de espacios de juego e interacción”, plantea.

A su parecer, muchos establecimientos sólo están implementando la regulación como una regla administrativa, cuando el “espíritu” de la normativa, a ojos del académico de la UNAB, busca recuperar la concentración, la convivencia y el bienestar.

“El éxito de esta ley no se medirá por cuántos celulares se logren guardar, sino por cuánta vida escolar logremos reconstruir”, apela Catalán, quien agrega que tener “estudiantes hiperconectados” impacta directamente al interior de las salas de clases, específicamente en la convivencia.

“La OCDE ya nos venía advirtiendo que la distracción digital se asocia con menores resultados de aprendizaje, y la UNESCO ha planteado que la tecnología en educación debe usarse con un propósito pedagógico y no como una presencia permanente”

Desde otra mirada, María Jesús Forteza, docente y gestora de contenidos de Ziemax, que desarrolla material educativo y programas pedagógicos en Lenguaje y Matemáticas, cita las orientaciones del Ministerio de Educación, que indican que en Chile la edad promedio de acceso al primer celular con internet se sitúa entre los 8 y 9 años.

“Estudios nacionales previos muestran que un 87% de niños, niñas y estudiantes posee un teléfono celular propio con acceso a internet, cifra que aumenta a un 94% entre los 14 y 17 años”, plantea Forteza, dando cuenta que la regulación no debiera entenderse sólo como una prohibición, sino como “una medida de ordenamiento y protección”.

“El propio Mineduc plantea que la ley no busca negar el valor de la tecnología, sino regular su uso, estableciendo excepciones cuando existe intencionalidad pedagógica, necesidades de salud, seguridad o inclusión”, añade.

Un necesario ajuste: flexibilidad a la hora de usar tecnología

Si bien la medida es restrictiva, los entrevistados coinciden que la ley no debería prohibir en su totalidad el uso de pantallas. “Estas deben estar presentes en la sala de clases, pero bajo un uso pedagógico”, enfatiza Juan Pablo Catalán.

De hecho, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, comenta a LT BOARD que ha percibido que los establecimientos han ido adoptando “cierta flexibilidad” para evitar una desconexión abrupta, que “suele generar respuestas más conflictivas por parte de los estudiantes”. Aguilar ejemplifica que algunos colegios permiten el uso exclusivamente durante los recreos o potencian el uso pedagógico que la misma ley faculta.

Ante las diferentes fórmulas que se están aplicando en el país, Mario Aguilar cree que el camino más adecuado en el primer año es prohibir su uso en clase, pero permitirlo en los recreos, ya que “distiende la tensión natural que provoca una prohibición total”.

“Estamos en medio de un proceso que apenas lleva unos meses y que implica, fundamentalmente, un cambio cultural”, proyecta el presidente del gremio, ante un fenómeno que, acusa, que no es exclusivo de las nuevas generaciones: los adultos también han desarrollado una fuerte dependencia al uso de teléfonos.

“El verdadero desafío es romper la dependencia psicológica del aparato a nivel transversal”

El debate está abierto sobre qué tipo de relación tienen hoy los estudiantes con el mundo real.

Cuerpos presentes, vínculos ausentes

Para Hernán Ramírez, el profesor de Valdivia, el teléfono no sólo funcionaba como un distractor dentro de la sala de clases. También operaba como una especie de “escudo emocional” frente a la convivencia presencial.

El docente relaciona este fenómeno con el retorno a clases tras la pandemia; un periodo en que, en su experiencia, muchos estudiantes volvieron a la presencialidad sin herramientas suficientes para relacionarse cara a cara luego de años de aislamiento. “Cuando volvimos después del encierro vivimos una oleada de violencia porque los chicos ya no sabían convivir entre ellos”, recuerda.

A su juicio, la restricción del celular dejó al descubierto algo similar. “Antes, si un compañero decía algo que molestaba al resto, los afectados podían evadir el conflicto mirando el teléfono, escribiéndolo en redes sociales o comentándolo por WhatsApp. Ahora tienen que enfrentarlo en vivo”, explica.

La consecuencia, sostiene, ha sido un aumento de tensiones dentro de las salas de clases. “Al no saber canalizar la frustración o el conflicto, muchas veces esto termina expresándose en gritos, violencia física o violencia simbólica”, añade.

Desde Collipulli, Leyla Gidi observa una situación parecida. “Es como quitarle una adicción a una persona que está acostumbrada a tener esta herramienta tecnológica”, describe. La docente reconoce que, en algunos casos, el temor a escalar conflictos ha terminado debilitando la autoridad de los profesores dentro del aula.

“A veces uno prefiere quedarse callada para no generar una situación mayor, porque nunca sabes cómo puede reaccionar un estudiante si le pides que guarde el celular”

Para Juan Pablo Catalán, este escenario revela una transformación más profunda sobre cómo las nuevas generaciones se relacionan con el tiempo libre, el aburrimiento y la convivencia. “El tiempo libre dejó de ser un espacio para imaginar o crear y se transformó en un consumo automático de contenidos”, plantea.

El académico sostiene que durante años los patios escolares dejaron de ser espacios de interacción real. “Antes de la ley era común ver a los estudiantes sentados mirando el teléfono. Había cuerpos presentes, pero vínculos ausentes”, reflexiona.

En ese sentido, Catalán cree que el desafío no pasa únicamente por prohibir dispositivos, sino por recuperar espacios de encuentro dentro de la escuela. “La educación no ocurre sólo dentro de la sala de clases; el patio también educa”, afirma.

Los entrevistados comparten que es esencial que la implementación tenga un enfoque formativo y no sólo sancionatorio. Ante un cambio cultural que trasciende la sala de clases, Mario Aguilar concluye que la “educación digital” debe también venir de la mano de las familias.

Al final, el problema, dice, nunca ha sido el teléfono como tal. “La evidencia internacional demuestra que el peligro principal es esa dependencia psicológica que termina esclavizando al usuario al dispositivo, y es precisamente ahí donde debemos educar”, sentencia.