El 25 de marzo recién pasado, un tribunal de Los Angeles, en Estados Unidos, emitió un fallo sin precedentes en contra de las grandes industrias tecnológicas. Meta –el gigante detrás de Facebook, Instagram y Whatsapp– junto con YouTube, fueron declarados culpables de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar dependencia en menores de edad.

La demandante en este juicio fue una joven de 20 años, identificada como KGM, quien especificó que las funciones de desplazamiento o scroll infinito y las recomendaciones del algoritmo le causaron problemas a su salud mental, como ansiedad y depresión.

Este fallo es un referente obligado en el debate respecto de la regulación del uso de redes sociales en menores de edad. Lo ocurrido en las cortes estadounidenses no es un hecho aislado: es la punta de lanza de un cambio de era.

En dos años, el mundo pasó de no tener ningún país con una prohibición efectiva de redes sociales para menores a contar con al menos cinco legislaciones vigentes –Australia, Brasil, Francia, Indonesia y Malasia– y otras veinte en distinto grado de tramitación, desde el Reino Unido hasta Alemania, Canadá o Colombia.

En Chile también se está dando esta conversación. Son varias las iniciativas parlamentarias y del Ejecutivo que buscan establecer un marco para proteger a los niños, niñas y adolescentes de las consecuencias negativas que el uso problemático de estas redes acarrea.

Y si bien los legisladores nacionales confían en el poder de la ley para contrarrestar este fenómeno, los expertos tienen algunas dudas respecto de su aplicabilidad. Lo que no está en duda es que hay que regular.

Adicción y uso problemático

“Las redes están menos reguladas que antes, han cambiado sus propias estrategias de autorregulación. Varias de ellas las han abandonado de manera pública y deliberada”, explica Patricio Cabello, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

“Han cambiado sus características, y uno de los cambios es, por ejemplo, que han fortalecido lo que se llama estrategias de retención”, agrega Cabello, quien también es investigador en el Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital (BAND).

Paradójicamente, ese autocontrol del que se han desentendido es ahora más importante que nunca. “La regulación como necesidad social es muy importante cuando el ecosistema de los niños, niñas y adolescentes empieza a desplazarse en gran medida al espacio digital que habitan”, explica Rayén Condeza, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.

“En la medida en que estas personas, menores de 16 años, tengan acceso de manera individual, ilimitada, sin educación, sin un acompañamiento, sin un conocimiento por parte de las personas responsables de qué es lo que están haciendo, estamos reproduciendo un mismo problema”, agrega.

El doctor en Sociología Jorge Gallardo explica el llamado “problema del algoritmo”, que va “diciéndole al cerebro de estos niños que la única manera de interactuar es con aquellas cosas que les gustan (…) Esto genera una expresión de sintomatología depresiva y ansiosa”.

El diputado Diego Shalper, quien ha impulsado la regulación sobre el tema en Chile, dice que a medida que va investigando sobre el tema, más se convence de la urgencia de visibilizar esta realidad: “Considero que con este proyecto de ley nos jugamos el futuro de los jóvenes de Chile”, afirma enfático.

El parlamentario refiere el fenómeno de la poda neuronal como una de las causas de alarma.

“Desafortunadamente, las redes sociales ponen en menor valor circuitos neuronales que tienen que ver con la empatía, la paciencia, la resiliencia y no desesperarse ante el no, ante la demora en el logro. Y como están formuladas para que todo sea muy vertiginoso y rápido, toda esa dimensión del desarrollo cognitivo queda cercenada”.

¿Cómo avanza la regulación?

Australia se convirtió en el primer país del mundo en establecer por ley una edad mínima de 16 años para tener cuentas en determinadas redes sociales, en diciembre de 2025.

Esta iniciativa no sanciona a los menores ni a sus padres, sino que obliga a las plataformas alcanzadas por la normativa a tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas, con multas millonarias para las empresas que no cumplan. Sin embargo, tras seis meses de aplicación, datos publicados en el British Medical Journal revelaron que más del 85% de los menores de 16 seguía usando redes sociales.

Eso sí, uno de los grandes valores de la iniciativa australiana es que le dio a otros gobiernos un modelo concreto desde el cual partir regulando.

En julio pasado, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, con una implementación gradual que comenzó el 1 de septiembre. Indonesia, Malasia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos completan la lista de países con legislación ya en marcha, cada uno con su propia edad de corte y su propio mecanismo de verificación.

El resto del mapa se mueve más lento, pero en la misma dirección. El Reino Unido anunció en junio una futura prohibición para menores de 16 años, aunque la ley específica recién llegará al Parlamento antes de fin de año, y se proyecta que entre en vigor para 2027.

Canadá, Alemania, Grecia, Dinamarca, Austria y Eslovenia discuten sus propios proyectos, con edades mínimas que oscilan entre los 13 y los 16 años. En América Latina, países como Colombia, Argentina y México también están desarrollando iniciativas.

Brasil fue pionero en la región. En marzo de 2026 promulgó la medida conocida como “Ley Felca”, que optó por una regulación amplia, no por una prohibición general de redes sociales para menores. La ley obliga a las plataformas a implementar medidas de protección, entre ellas verificación de edad, supervisión parental, protección de datos y mecanismos contra el uso excesivo o problemático.

De hecho, la primera gran multa de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de ese país a TikTok, por $153,7 millones de reales, permite argumentar que el modelo brasileño ya está pasando de la legislación a la fiscalización efectiva. Por eso, este es uno de los modelos que están inspirando las medidas chilenas en estudio.

Las iniciativas nacionales

En Chile, la discusión legislativa partió con mociones sueltas presentadas por distintos parlamentarios desde comienzos del 2025, que avanzaron al refundirse en un solo proyecto, “Entornos digitales seguros”. Este texto fusiona cuatro iniciativas impulsadas por los diputados Diego Schalper, Daniel Manouchehri, Lorena Fries, Patricio Briones y Hans Marowski, y se tramita en la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

El gobierno, que en un principio trabajaba en una iniciativa por separado, terminó sumándose al trabajo de esta comisión. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ingresó indicaciones al texto refundido, y el 17 de agosto el gobierno le otorgó suma urgencia a su tramitación, con el compromiso de presentar indicaciones adicionales.

Detrás de ese impulso hubo dos meses de trabajo de una mesa interministerial –que incluyó a Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública, Ciencia y Gobierno Digital, entre otras carteras– y consultas con especialistas en desarrollo infantil.

De aquí surgieron los principios que hoy guían el diseño del proyecto: la regulación no apuntará al contenido que circula en internet, sino a las condiciones de acceso y al diseño de las plataformas.

La verificación de edad deberá hacerse sin exponer la identidad de los menores –para lo cual el Gobierno evalúa usar la ClaveÚnica– y el modelo será escalonado, diferenciando por edad y tipo de plataforma, tomando como referencia las experiencias de Brasil ya mencionadas, más las de Australia, Reino Unido y España.

Parte de la propuesta del Ejecutivo también contempla la creación de una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros, que incluiría instancias de participación de la sociedad civil y tendría una duración de seis años.

El diputado Diego Schalper detalla lo propuesto por “Entornos digitales seguros”: separa las redes sociales más conocidas, los videojuegos violentos, el chat generativo de IA y las transmisiones en vivo, con una restricción de acceso diferenciada en cada uno de los casos.

También, se limitan los diseños “adictivos”. “Hay toda una legislación relativa a la prohibición usos adictivos y otros mecanismos que lo que buscan es captar de manera irreflexiva la atención de nuestros jóvenes”, explica el diputado.

Lo tercero es establecer multas a las empresas. Si no se cumplen con las obligaciones que establece la ley, se les podría cancelar la posibilidad de brindar sus servicios en Chile, junto con una serie de otros efectos.

“Y, por último, y ahí ha sido importante el rol del gobierno, hay que pensar en una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros que busque no solamente quedarnos en la prohibición y en la restricción, sino que hacer una campaña en positivo para dos cosas: uno, para estimular el que las personas sean conscientes de los riesgos en el uso de estas plataformas; y segundo, para que se generen condiciones para un uso responsable de las mismas”, concluye el diputado Schalper.

Las impresiones y aprehensiones de los expertos

Patricio Cabello, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB, considera que el uso de la ClaveÚnica es un aspecto débil de la propuesta que se tramita en el Congreso:

“En Chile tenemos la tendencia a entregar nuestros datos con mucha facilidad. Entregamos el rut a un señor que nos atiende en la puerta de un edificio, que no es ninguna autoridad pública, pero también las personas entregan su ClaveÚnica sin ninguna dificultad”.

“Eso no impide que tú, por ejemplo, puedas usar la clave de otra persona o que puedas abrir una cuenta con la clave de tu mamá”, explica Patricio Cabello.

La alternativa es la identificación biométrica, pero eso significa que las empresas “van a obtener información en tiempo real de tus estados de ánimo, porque existe toda la tecnología y la teoría para asociar tus microexpresiones faciales a emociones, intereses y motivaciones”, dice el académico.

Además, considera difícil ejecutar la fiscalización. “La mayoría de estas redes no tienen ni siquiera direcciones comerciales en el país. No tienen manera de hacerlas cumplir con la legislación.

“También hay que visibilizar en la discusión que son las empresas que provocan estos daños de salud mental”, dice el sociólogo Jorge Gallardo. “La gran mayoría de la población se atiende en los espacios públicos de salud mental, entonces finalmente va a ser un problema de Estado”.

Para Gallardo, habría que combinar el control parental para que el niño, niña o adolescente no tenga que hacerse cargo de su propio desarrollo. Además, “se tiene que generar transparencia sobre cuáles son los mecanismos que usan las empresas porque hay intereses monetarios o de publicidad que se despliegan en redes sociales”.

Rayén Condeza, académica UC, hace un punto que enmarca esta discusión y que se inclina hacia lo propuesto por la Política Nacional de Entornos Digitales Seguros:

“El control parental se puede evadir, en estricto rigor, si no va acompañado de un sentido de por qué se les está educando para el uso de las redes sociales. En un uso que sea más responsable, más crítico, con un mayor desarrollo de criterio hacia la comunicación digital como se está configurando hoy día”.

“Que entiendan que cuando ellos usan una red social, hay detrás del dispositivo una manera de manejar ese interés o los datos que ellos entregan a la plataforma, que no está pensada para resguardar el bienestar y la privacidad del usuario, sino por un criterio comercial”, señala.

“Este es un tema que tiene que generar un debate nacional (…) Una ley no va a solucionar sin el cambio cultural y sin la actualización de la educación que necesitamos hacer al respecto. Para mí es una educación de tipo cívica, de formación ciudadana”, concluye la especialista.