“Lo único que puede frenar a nuestro país es otro cierre largo y nefasto del Estado federal”, declaró el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Y es que hace tres meses el gobierno de Estados Unidos vivió el cierre de gobierno más largo de su historia: 40 días. Hoy el escenario vuelve a tensionarse: el país enfrenta desde este viernes pasado un nuevo cierre técnico, a la espera de que este lunes el Congreso de Estados Unidos apruebe los paquetes presupuestarios necesarios para mantener operativas a las agencias federales.

A pesar del acuerdo que alcanzaron demócratas y republicanos este jueves pasado por 71 a 29 votos, dando luz verde a seis importantes paquetes presupuestarios por 1,2 billones de dólares, cerca del 75 % de las capacidades de gasto del Gobierno federal.

La tensión dentro de la cámara explotó tras el asesinato el sábado pasado de Alex Pretti, enfermero de 37 años, asesinado por la policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, ciudad que se ha convertido en escenario de protestas contra las políticas migratorias de Trump. Tras el hecho los demócratas se negaron a aceptar al menos seis paquetes presupuestarios que financiaban a tres cuartas partes del gobierno federal.

La oposición demócrata había bloqueado la medida separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para negociar el financiamiento de ICE.

“Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad, y la obligación moral, de actuar”, dijo el jueves el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que alcanzó un acuerdo con los demócratas para que estos aprueben cinco de los seis apartados que componen el paquete presupuestario, proceso que debería concretarse el lunes.

Los cierres congelan la financiación de operaciones federales no esenciales, obligan a suspender servicios y dejan a cientos de miles de empleados públicos en sus casas o trabajando sin sueldo. Bajo el plan actual, podrían verse afectados departamentos como Educación, Transporte, Vivienda, Salud y Defensa. El impacto sería menor en ICE, que ya cuenta con una partida cercana a 75.000 millones de dólares para cuatro años, aprobada mediante una ley impulsada por Trump y firmada en 2025.