El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra pasando por un mal momento. La semana pasada se reveló que una segunda mujer lo había denunciado por supuesta conducta sexual inapropiada.

La mujer denunció que, mientras trabajaba para el destacado abogado británico al principio de su carrera, él se comportó de manera inapropiada, la sometió a insinuaciones sexuales no deseadas, abusó de su autoridad sobre ella y trató repetidamente de presionarla para que tuviera actividades sexuales.

Khan, quien niega cualquier tipo de conducta sexual inapropiada, se ha retirado temporalmente como jefe de la división de procesamiento de la CPI mientras espera el resultado de la investigación sobre las acusaciones de abuso separadas presentadas el año pasado por un miembro de su personal en el tribunal.

Iniciada el año pasado, la investigación de un organismo de control de la ONU recibió las nuevas acusaciones de la segunda mujer este año. Se cree que sus investigadores realizaron varias entrevistas para examinar sus denuncias, que datan de 2009.

A comienzos de mayo del año pasado, el Mecanismo de Supervisión Independiente (MII) de la CPI recibe la notificación de las acusaciones de acoso contra Khan por parte de un tercero. Sin embargo, al ser contactada por el MII, la presunta víctima se niega a confirmar o negar las acusaciones y rechaza presentar una denuncia formal. Por lo tanto, el MII recomienda medidas encubiertas sin iniciar una investigación formal.

En ese momento, la mujer tenía veintitantos años y trabajaba como becaria no remunerada para Khan. Este era un destacado abogado defensor en la CPI y otros tribunales de crímenes de guerra en La Haya, habiendo representado, en particular, al expresidente liberiano Charles Taylor.

En declaraciones exclusivas a The Guardian, la mujer afirmó que Khan abusó de su poder e influencia sobre ella y describió su comportamiento como una “avalancha constante” de insinuaciones. “No debería haberlo hecho”, dijo. “Era mi jefe”.

La mujer habló bajo condición de anonimato por temor a represalias y consecuencias adversas para ella y su familia si se la identifica públicamente. El diario británico señaló que se presentó tras leer las acusaciones más recientes contra Khan.

Este año el diario The Wall Street Journal informó que el jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien había enfrentado acusaciones de acoso sexual durante varios meses, había violado repetidamente a una de sus colegas a lo largo de un año. La funcionaria, nunca presentó una denuncia ante las autoridades neerlandesas. Sin embargo, el 16 de mayo, tras la intervención de la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, el fiscal se vio obligado a dimitir temporalmente.

El diario The Guardian indicó que el relato de la segunda mujer sobre el presunto maltrato de Khan presenta varias similitudes con las acusaciones de la empleada, cuyos detalles han sido compartidos por personas familiarizadas con sus denuncias. “Ambas mujeres han alegado que Khan les pedía que fueran a trabajar a su casa. Allí, según ambas, se sentaba junto a ellas en un sofá, las tocaba, las besaba e intentaba convencerlas de que se acostaran con él”, sostuvo el periódico.

Por otro lado, el miércoles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que cuatro mujeres más habían presentado acusaciones contra Khan. Las acusaciones de Netanyahu nunca antes se habían mencionado públicamente, y Khan ha confirmado que las desconoce por completo.

El portavoz de Khan dijo al portal Middle East Eye que Khan “no tiene conocimiento alguno de las mujeres a las que se refiere el señor Netanyahu”.

Diversas presiones

Khan, de 55 años, fue elegido en 2021 para ejercer un mandato de nueve años como fiscal jefe. Es, de hecho, la imagen pública de la CPI, un tribunal permanente de última instancia que investiga y enjuicia a las personas acusadas de atrocidades.

Desde que asumió el cargo, Khan ha elevado el perfil del tribunal y lo ha puesto en la mira de las principales potencias, con órdenes de arresto emitidas contra el presidente ruso Vladimir Putin y el premier israelí, Benjamin Netanyahu.

Cuando se dio a conocer la primera denuncia, el diario Le Monde señaló que “en las tensas oficinas de la CPI, todos se preguntaban lo mismo. ¿Eran creíbles las acusaciones contra Khan, que su abogado afirmó haber negado categóricamente? ¿O se trataba del escándalo de una campaña de desprestigio diseñada para desestabilizar la corte y anular las órdenes de arresto, como Washington y su aliado israelí han declarado que es su ambición?”.

El periódico francés recordó que un informe del 17 de julio sobre amenazas estatales contra los Países Bajos, la inteligencia neerlandesa señaló las crecientes amenazas de Israel y Estados Unidos contra la CPI. El informe destacó que la corte es un blanco atractivo para el espionaje y la influencia subversiva de muchos países, ya que sus ciudadanos pueden ser juzgados allí.

Mientras que en mayo del año pasado, una investigación de The Guardian y las revistas israelíes +972 y Local Call reveló “cómo Israel ha librado una “guerra” secreta contra la corte durante casi una década. El país desplegó sus agencias de inteligencia para vigilar, piratear, presionar, difamar y, supuestamente, amenazar a altos funcionarios de la CPI con el fin de desbaratar las investigaciones de la corte”.

La presión sobre el fiscal comenzó en marzo de 2024 cuando Khan informó a Estados Unidos, Francia y Reino Unido de su intención de solicitar la acusación formal contra el primer ministro israelí, Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. En respuesta, el premier israelí movilizó sus recursos y ordenó a sus aliados que detuvieran al fiscal por todos los medios.

Así, el 23 de abril de 2024, mientras Khan se encontraba en Venezuela cumpliendo una misión, escribió Le Monde, David Cameron lo llamó. “¡Esto es una bomba de hidrógeno!”, lo reprendió el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, advirtiendo que Reino Unido se retiraría del tratado fundacional de la CPI si Khan cumplía con sus intenciones.

A principios de mayo de 2024, uno tras otro, el entonces secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken; el entonces asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; la entonces secretaria de Estado alemana, Susanne Baumann; y varios legisladores estadounidenses intentaron persuadir al fiscal por teléfono o videoconferencia. El fiscal fue acusado de perjudicar las negociaciones de paz y de poner en peligro la vida de los rehenes israelíes retenidos por Hamas.

Mientras tanto, los estadounidenses intentaron transferir el caso de la CPI al sistema judicial israelí, invocando el principio de complementariedad. Finalmente, en noviembre del año pasado la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant, y un excomandante de Hamas, citando acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Khan sufrió otro revés a comienzos de agosto cuando los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional le ordenaron que se recuse de una investigación sobre Venezuela, citando un conflicto de intereses.

La cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, ha sido parte de un equipo que representa al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el panel de apelaciones de cinco jueces de la CPI dice que su participación crea un problema de “parcialidad” para el fiscal.

Alagendra y Khan trabajaron juntos anteriormente en casos, incluyendo como abogados defensores del presidente keniano William Ruto y de Seif al-Islam Gaddafi, hijo del difunto dictador libio Muammar el Gaddafi. Alagendra es hermana de la esposa de Khan, la abogada de derechos humanos Shyamala Alagendra.

El tribunal desestimó la denuncia inicial en febrero. En sus escritos, Khan declaró ante el tribunal que no recordaba haber conversado con su cuñada sobre los hechos del caso y que no asistió a ninguna reunión en la que ella estuviera presente.

La CPI tiene una investigación en curso sobre la violencia que siguió a las elecciones regionales de 2017 en Venezuela, pero hasta ahora no ha solicitado ninguna orden de arresto.

Khan anunció a fines de 2021 que estaba abriendo la investigación después de una larga investigación preliminar y una remisión oficial -una solicitud de investigación- en 2018 de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la investigación a fondo se suspendió cuando las autoridades venezolanas anunciaron su intención de asumir el caso. La CPI es un tribunal de última instancia que solo acepta casos cuando las autoridades nacionales no están dispuestas o no pueden investigar, un sistema conocido como complementariedad.

Khan impulsó los esfuerzos para continuar la primera investigación de la corte en Latinoamérica. Los jueces de la CPI coincidieron con Khan y lo autorizaron a reanudar las investigaciones en Venezuela en 2023.