Estudio adjudica el 25,8% de los homicidios en Venezuela a agentes del Estado

En Venezuela hay 15,9 civiles muertos a manos de agentes del Estado por cada 100 mil habitantes. Esto corresponde a "un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayoría de los países del mundo", de acuerdo al Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina. Según este informe, durante 2017 hubo 4.998 civiles fallecidos por acción de fuerzas de seguridad en el país controlado por Nicolás Maduro. En el mismo reporte se da cuenta de 4.670 decesos de este tipo en Brasil, 407 en El Salvador, 371 en México y 169 en Colombia.

El estudio, que hizo un análisis comparativo entre los cinco países, da cuenta de que la tasa de víctimas civiles en Venezuela es demasiado alta. A pesar de que Brasil tiene una población mucho mayor, la cantidad de muertes en el país regido por Maduro supera a la de los otros cuatro países. Más de un cuarto de los homicidios, un 25,8%, son consecuencia de la "intervención de los agentes del Estado".

A continuación de Venezuela aparece El Salvador, donde el 10,3% de los homicidios responden a intervención del Estado. Luego se ubican Brasil (7,3%), Colombia (1,5%) y México, con un 1,2%, un índice que los investigadores consideran posiblemente subestimado.

En el caso de Venezuela, la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, presentó en julio un informe donde da cuenta de sus razones para creer que "se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales" en Venezuela, entre ellas abuso de las fuerzas del Estado. En esa oportunidad, Maduro criticó que el estudio estaba "cargado de mentiras, manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos".

En Brasil, por otro lado, "los abusos policiales continúan sin freno", según denunció un informe de Human Rights Watch de enero de 2018. Para la ONG, la situación la agravan proyectos legislativos como el que no permite que miembros de las FF.AA. "acusados de uso ilegal de la fuerza contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria, y traslada esos juicios a la justicia militar".

En ese sentido, el informe del Monitor del Uso de la Fuerza Letal destaca que el abuso de la fuerza por parte de agentes estatales es un problema que se repite en varios países de América Latina, y que frecuentemente se presenta como un "costo inevitable de la seguridad".

Asimismo, el estudio señala que, pese al alto número de civiles que muere a manos del Estado, la mayoría de los casos no se investiga, porque se presume que ocurrieron en contextos donde el excesivo uso de fuerza fue legítimo. "Como consecuencia, no existe rendición de cuentas, asunción de responsabilidades, ni tampoco incentivos para contener el uso excesivo de la fuerza letal", precisa.

Según el Monitor del Uso de la Fuerza Letal, solo se puede determinar la legalidad de un caso concreto a través de una investigación del sistema de justicia penal, que no puede ser sustituida por un sistema de indicadores. Por eso, el estudio no pudo determinar en qué ocasiones el uso de la fuerza fue desmedido o ilegal. Sin embargo, los indicadores sí pudieron determinar que, en varios de los casos, el uso ha sido excesivo.

En México y Venezuela, los datos fueron obtenidos a través de la prensa, a falta de información oficial. Para la organización a cargo del estudio, esto refleja la falta de transparencia entre los países de la región respecto de este tema.

"En Venezuela fue posible acceder al número de civiles muertos, pero solo en función de una divulgación ocasional de funcionarios públicos, no de una publicación regular de las informaciones. En México, la información oficial fue aún más escasa que en Venezuela, ya que solo se publicaron las cifras oficiales de agentes del Estado muertos", concluye el reporte.

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