El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) decidió activar a partir del 6 de abril la denominada “Condición D”, el nivel más alto de alerta dentro de la institución militar, en un contexto marcado por el aumento de la violencia en el país, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido este viernes.

“Ante la inminencia de operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena la transición a la Condición D para todas las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026”, se lee en la notificación castrense, recogida por el portal de noticias Haití Libre.

La disposición contempla la aplicación de una serie de “medidas obligatorias” que entrarán en vigor con carácter “inmediato” y que deberán cumplirse de forma estricta, recayendo “directamente” la implementación de estas directrices sobre los comandantes de unidad.

Entre ellas figuran la movilización del personal militar; la cancelación de excedencias, permisos y licencias “hasta nuevo aviso”; la obligatoriedad del uso del uniforme oficial en las instalaciones militares, y el refuerzo de la seguridad en las infraestructuras militares, incluido el “control sistemático de vehículos y personal en los puntos de acceso” a las bases.

“Cualquier violación o acto de negligencia será sancionado con firmeza, de acuerdo con el Código de Justicia Militar”, apunta el escrito, insistiendo en que se aplicará una “política de tolerancia cero” ante cualquier muestra de indisciplina.

La denominada “Condición D” implica un nivel de alerta extremo, propio de un estado de sitio o ante un riesgo inminente, y requiere poder contar con la mayor cantidad posible de personal bajo las órdenes del comandante.

Este memorando llega en un momento marcado por la expansión de las pandillas en Haití más allá de Puerto Príncipe, la capital de un país.

En dicho territorio se han registrado al menos 5.519 muertes por los actos violentos perpetrados por los grupos armados y por la respuesta a ellos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.