Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos
La administración de Donald Trump deportó a 540 mil personas durante 2025, la mayoría latinos. En el proceso, los migrantes pueden pasar varios meses detenidos en cárceles bajo duras condiciones de vida. Y, al salir del país, muchos dejan atrás a sus hijos, parejas y familia. En conversación con La Tercera, residentes de México, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela, que estaban en situación irregular, relatan cómo fue su deportación.

“El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos: vamos a sacar a los criminales”, declaró el Presidente Donald Trump a finales de noviembre de 2024, cuando solo faltaban algunos días para el cierre de su segunda campaña presidencial. Dos meses después, y tras vencer a la candidata demócrata Kamala Harris, su promesa se hizo realidad.
Según el New York Times, el gobierno de Trump deportó a 540 mil personas en su primer año de regreso a la Casa Blanca. Aunque la administración de Joe Biden alcanzó cifras superiores en 2024, con 650 mil deportaciones, el enfoque de las redadas actuales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es diferente.

En el gobierno demócrata, la mayor cantidad de arrestos se realizó en la frontera, que al día de hoy percibe una caída histórica de ingresos ilegales. En cambio, Trump ha enfocado sus redadas en el interior del país, donde el año pasado se arrestó y deportó a más personas en condición migratoria irregular (230 mil) que en toda la administración de Biden.
Jair Moreno fue deportado a México hace cuatro meses. Volvió a su ciudad natal, Veracruz, luego de 23 años en Estados Unidos. “Nunca me imaginé una vida afuera”, dice. El profesor de Lenguaje y Comunicaciones fue arrestado en un bar de Álamo, Texas, en abril de 2025. “Como a los cuatro o cinco días”, recuerda, “me encerraron en un centro de detención de ICE”.
En el Centro de Detención El Valle, en Raymondville, Jair afirma que sufrió “varios maltratos”. Si bien reconoce que las condiciones materiales de la cárcel no eran de mala calidad, el mexicano dice que “la parte emocional destruía a cualquiera”. En su detención, afirma que vivió abusos de tipo “físico, sexual y psicológico”.
“Yo estaba consciente de que mi situación migratoria no era estable”, dice Jair, que entró a Estados Unidos de forma ilegal cuando tenía cinco años. Además, afirma que sabía que lo iba a afectar “más temprano que tarde”.
Según otros testimonios, el principal problema de los recintos de detención son la comida y la higiene. Este fue el caso de Yisimar López, una venezolana de 24 años que residía en Tampa, Florida. Ingresó al país en 2023 con una visa de turista, con la intención de permanecer en Estados Unidos en busca de “una mejoría para mis hijas”, afirma. En noviembre de 2025 fue detenida en una redada de la policía migratoria y la trasladaron al Centro de Detención del condado de Baker.
En este centro, la joven venezolana afirma que a los detenidos les daban “ropa usada en extremo, la ropa interior también”. Además, dice que los levantaban “a las cuatro de la mañana para desayunar” y que la comida estaba tan “mala y fría” que “ni un animal se la comería por más hambre que tuviera”. Según ella, al momento de ser detenida “pesaba 76 kilos”, y cuando fue deportada “estaba pesando 59”.
Marlon Durán, un hombre hondureño de 31 años, también reconoce que las condiciones de vida en el Centro de Detención Stewart, en el estado de Georgia, eran precarias: “Tratan de meterte miedo para que no vuelvas, para que te arrepientas de haber estado ahí”. En el mes que duró su encarcelamiento, dice que bebió “agua sucia, que estaba café por el hierro de las tuberías”, y que presenció a internos “convulsionando por sobredosis” producto de las drogas que se comercializaban entre la población penal.
Las cifras de Trump
El primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca, los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron en un 2.450%, según datos del Consejo Americano de Inmigración entregados a mediados de enero de 2026. Además, en el mismo periodo murieron más personas en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que en los cuatro años de la administración de Biden juntos. En total, fallecieron 32 personas bajo custodia de la policía migratoria, una cifra que no se repetía desde 2004.
Para evitar su expulsión, algunos de los detenidos por el ICE presentan su caso ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Un informe del Consejo Americano de Migración señala que “las terribles condiciones dentro de los centros de detención obligan a las personas a aceptar la deportación, lo que alimenta las inhumanas cuotas y objetivos de expatriación del gobierno”.
Sobre las condiciones de vida en los centros de detención, la administración de Trump no se ha manifestado directamente. Sin embargo, en la apertura de Alligator Alcatraz, un polémico centro de reclusión en los pantanos de Florida, Trump lo calificó como “un poco controversial, pero no me podría importar menos”. Y el gobernador republicano Ron DeSantis afirmó que “habrá mucha gente que se deportará por su cuenta, porque no quiere acabar en Alligator Alcatraz”.

En la actualidad, hay más de tres millones de casos pendientes de revisión en las cortes de inmigración estatales de Estados Unidos. En tanto que, según datos de la Universidad de Siracusa, de Nueva York, las concesiones de asilo en Estados Unidos se redujeron a la mitad en 2025.
Keffren González, un colombiano de 46 años de edad, intentó por esa vía permanecer en el país con su esposa y su hijo. Ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal en febrero de 2022, luego de sufrir “amenazas, extorsión y el intento de secuestro de mi hijo” en su barrio en Bogotá, relata.
Después de entrar al país, elevaron una solicitud de asilo a la administración de Biden e iniciaron el proceso para regularizar su estadía, dice Keffren, lo que implicaba citas periódicas con el ICE: “Cumplíamos con esas citaciones. Constantemente nos visitaban en nuestra casa, también, como parte del proceso”, añade.
Según Keffren, en agosto de 2025, en una de estas citas periódicas les informaron que “debíamos continuar nuestro proceso migratorio bajo detención”, por lo que fueron trasladados al Centro de Procesamiento de ICE de Folkstone, en Georgia. Luego de cuatro meses de detención, “en medio de toda nuestra frustración y nuestra desesperación”, dice Keffren, decidieron desistir del proceso de asilo para ser deportados más rápidamente. Poco después, él y su hijo fueron expulsados del país en un chárter a Colombia. Sin embargo, su esposa fue trasladada a otro centro de detención en Louisiana, donde se encuentra hasta el día de hoy.
Keffren compartió una grabación de una llamada telefónica con su esposa. En esta, se escucha una voz que dice “necesitamos ayuda”, entre gritos de otras mujeres de fondo. “Desde hace días no tenemos agua, no nos dan comida, no podemos ir al baño, la situación está crítica, la gente está haciendo sus necesidades en bolsas”, dice la voz.
Los que quedaron en EE.UU.
El periodista salvadoreño Mario Guevara fue detenido por el ICE mientras cubría la protesta No Kings en las cercanías de Atlanta. Especializado en temas migratorios, vivió en Estados Unidos desde 2004 hasta octubre del año pasado, cuando fue deportado luego de permanecer 100 días en una celda en aislamiento.
La familia de Guevara se quedó en Estados Unidos. Si bien al periodista le gustaría que lo hubieran acompañado a El Salvador, uno de sus hijos “está en tratamiento médico por una cirugía de cerebro” y “allá el cuidado es mil veces mejor que acá”, dice. Ante la dificultad de reunirse, con su esposa tomaron la decisión de “darnos un par de años a ver si algo pasa, mientras podamos volver a estar juntos”. “Por eso me dolió tanto la deportación, porque sentí como que me arrancaron todo”, dice Guevara.
Yisimar, la deportada de Venezuela, vivió algo similar. Para que sus hijas la acompañaran al momento de ser deportada, afirma que le “tenían que sacar pasaporte y el proceso iba a durar seis meses”. Sin embargo, tras dos meses en el centro de detención, no logró aguantar la espera. “Fue una tortura para mí”, afirma. Por lo que decidió solicitar su deportación antes del plazo.

Ahora, la venezolana enfrenta una prohibición para entrar al país durante 10 años. Esto se debe a que estuvo en el país durante más de 365 días de forma ilegal, lo que es penado con una década de restricción de ingreso por la ley federal de inmigración de Estados Unidos. Según ella, luego de ser detenida, su esposo “consiguió otra pareja” y “cada vez que quiere quitarme la comunicación con mis hijas lo hace”.
Marlon también se separó de su pareja e hijos al momento de ser deportado: “Hace aproximadamente 20 días teníamos los planes de que ella iba a venir, pero desistió de la decisión”. “Es duro”, agrega, “porque tú llegas aquí, después de casi nueve años de estar en Estados Unidos, y estás acostumbrado a un ritmo de vida diferente..., el estrés te mata, el encierro te mata”.
Hoy en Bogotá, lejos de su esposa, Keffren dice que “cuando ella llama, son momentos que destrozan el corazón, escucharla frustrada, ansiosa, es muy duro”. Aunque ha retomado su trabajo como técnico electricista, dice que vive “en una depresión constante”. Cuando ella vuelva, dice que planean “volver a emprender acá en Colombia” con su negocio de instalaciones eléctricas.
Cuando Jair fue deportado a México, un tío que aún reside en el país lo fue a buscar en auto a la ciudad fronteriza de Laredo. Esta localidad se ubica justo en la separación entre ambos países, y el lado mexicano se denomina Nueva Laredo. Según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en aquella ciudad los secuestros de migrantes “son tan prevalentes que se conocen informalmente como ‘pasar por la oficina de cobro’”.
Según Jair, “inmediatamente después de que llegamos al primer semáforo, nos topa una camioneta al lado del conductor de mi tío, y le preguntan si traía a un inmigrante dentro de su coche, un deportado, y dice que sí”. Luego de darse cuenta de que otro vehículo les cerraba el paso por detrás, fueron obligados a conducir a un lote baldío, relata el mexicano. Según él, ahí le quitaron el celular y lo secuestraron.
“Después de dos días y dos noches me dejaron en libertad, porque mi familia pagó el rescate”, afirma. “Cuando pienso en estar otra vez en Estados Unidos, más que nada por mi familia, siento algo bonito, allá están mis hermanas, mis papás, mis primos”, dice Jair. Actualmente, busca apostillar sus certificados de estudios estadounidenses para poder trabajar en México.
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