Justicia española abre juicio oral contra 18 líderes catalanes por referéndum ilegal de Cataluña

El Tribunal Supremo español (TS) anunció hoy la apertura de juicio oral contra los 18 procesados por la celebración del referéndum ilegal de "autodeterminación" de la comunidad autónoma española de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

Entre los procesados figuran el exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, otros antiguos miembros del ejecutivo regional que organizó esa consulta y la anterior presidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell.

Fuentes jurídicas señalaron que el juicio, a cargo de siete magistrados, comenzará previsiblemente en enero próximo, aunque la fecha final dependerá de cuánto se extiende la tramitación de varios trámites previos.

Nueve de ellos, actualmente en prisión preventiva, deberían ser juzgados por rebelión, un delito que puede costarles 25 años de cárcel y que genera controversia en los estamentos judiciales.

Entre ellos figuran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cinco miembros del gobierno de Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y los líderes de dos asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El juez del TS Pablo Llarena los procesó en marzo pasado por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según el caso, acusados de participar en el proceso independentista inconstitucional de Cataluña de 2017.

En julio, el magistrado español declaró en rebeldía al expresidente catalán Carles Puigdemont (2016-2017) y otros seis huidos de la Justicia española, a los que investiga en una pieza judicial separada.

"Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos", precisaron los magistrados del TS en el auto de enjuiciamiento.

Además, el tribunal confirmó el sobreseimiento libre de la causa para el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016) y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

La imputación de este grave delito generó indignación en las filas independentistas e incluso controversia en los estamentos judiciales dado que implica el uso de la violencia para modificar la Constitución, tumbar al rey, impedir unas elecciones o proclamar la independencia, entre otros supuestos.

Una parte de los juristas españoles argumentan que no hubo un "levantamiento violento" en el intento de secesión que culminó con la proclamación de una república fallida por parte del Parlamento regional el 27 de octubre de 2017.

Previamente, el primero de ese mes, el gobierno regional había impulsado la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que quedó marcado por la actuación violenta de los agentes policiales enviados por Madrid para impedirlo.

Además de los nueve dirigentes encarcelados por rebelión, otros nueve políticos catalanes, entre miembros del gobierno y diputados de la cámara regional, también fueron enviados a juicio por desobediencia y malversación.

Con esta decisión del Supremo, que descartó nuevas peticiones de sobreseimiento y de practicar nuevas diligencias de los abogados de la defensa, se abre el plazo para que la fiscalía, la abogacía del Estado (que representa al gobierno) y la acusación particular presenten sus escritos.