El Congreso de Brasil aprobó este martes el proyecto de ley Antipandillas. La iniciativa, que fue propuesta por el gobierno del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, plantea endurecer las penas contra el crimen organizado, milicias y facciones criminales, equiparar estas organizaciones al terrorismo, aumentar penas, restringir beneficios penitenciarios y combatir el financiamiento de estas redes.

La propuesta fue enviada por Lula a finales de octubre pasado, motivada principalmente por la megaoperación policial contra el Comando Vermelho, que dejó 121 muertos en los complejos de la Penha y del Alemão, en Río de Janeiro.

Y, tras una serie de enfrentamientos entre la oposición y el ejecutivo por aspectos del proyecto, éste fue aprobado por el legislativo con 370 votos a favor y 110 en contra.

La iniciativa endurece las penas para los delitos cometidos por facciones, con penas de hasta 40 años de prisión, y establece la creación de nuevos instrumentos para combatirlas, como la creación de una base de datos con la identificación de todos los grupos.

Estos son los principales puntos de la ley Antipandillas que está ad portas de su aprobación:

El debate político

El texto, originalmente propuesto por el gobierno, había sido modificado en su paso por el Senado brasileño en diciembre pasado, según informó el medio Folha de São Paulo. Sin embargo, el diputado de centroderecha y secretario de seguridad pública Guilherme Derrite vetó la mayoría de las modificaciones introducidas —entre ellas, una disposición sobre el financiamiento mediante apuestas deportivas— y reinsertó otros artículos en el proyecto. Y es que la oposición brasileña argumentó que el texto del Senado diluía conceptos clave, reducía penas y daba espacio a interpretación, que podrían beneficiar a grupos criminales, cuestionando incluso la constitucionalidad de algunas enmiendas.

Desde el gobierno y la bancada oficialista se expresaron críticas hacia la postura de Derrite. Voceros del PT de Lula y del Ministerio de Justicia de Brasil sostuvieron que la versión apoyada por el relator no apuntaba adecuadamente hacia la lucha contra el crimen organizado.

Control territorial y mayores penas

Uno de los principales puntos aprobados fue la disposición sobre el concepto de “dominio social estructurado”, que caracteriza a las bandas criminales como organizaciones capaces de ejercer control territorial y social mediante la violencia o amenazas graves.

También, el proyecto de ley incluyó el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, la imposición de normas a la población, los ataques a servicios públicos, el sabotaje de infraestructuras y la obstrucción de la actuación de las fuerzas de seguridad como prácticas sancionables por la disposición legal.

Este modelo había sido sustituido por el Senado por una definición más amplia del delito de banda criminal, desvinculada del concepto territorial e incorporada a la lógica de la Ley de Organizaciones Criminales.

Con la decisión de la Cámara, se restableció el nivel de penas aprobado originalmente por los diputados, permitiendo penas que pueden alcanzar los 40 años de prisión —que había sido reducido a un máximo de 30 años por el Senado—. El proyecto también restablece la sanción de los actos preparatorios, permitiendo la responsabilidad penal incluso en la fase de planificación de las acciones coordinadas por las organizaciones criminales.

Prisión preventiva facilitada

Otro eje central aprobado aborda las normas de la prisión preventiva. Según la información publicada por O Globo, la propuesta establece que la práctica de los delitos definidos en el texto —como la integración, financiación o mando de facciones criminales o el ejercicio del control territorial mediante la violencia— constituye motivo suficiente para ordenar la medida cautelar.

En ese sentido, la mera sospecha de pertenencia a una banda criminal podrá ser considerada como motivo suficiente para que un tribunal de primera instancia ordene la prisión preventiva, lo que facilitaría la detención continua de sospechosos desde las etapas iniciales de los operativos policiales.

El proyecto de ley también mantiene la clasificación de los delitos como “atroces”, endureciendo las penas y restringiendo los beneficios penales. También, se aprobó el traslado obligatorio de los líderes a prisiones federales de máxima seguridad y la prohibición del pago de subsidios penitenciarios a los condenados por delitos vinculados a las bandas criminales.

Incautaciones y base de datos nacional

Otro eje reforzado por el texto aprobado es la lucha financiera contra las organizaciones criminales. El medio carioca informó que la propuesta amplía los mecanismos de congelación e incautación de activos, las restricciones al uso del sistema financiero, además de mantener el denominado “decomiso extraordinario”, mecanismo que permite la venta de activos incautados antes de la sentencia condenatoria definitiva.

También se restableció la posibilidad de intervención judicial en empresas utilizadas por las organizaciones criminales, incluyendo la destitución de socios, auditorías financieras y la eventual liquidación de activos.

El pleno legislativo también restableció la distribución automática de los activos incautados en operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad entre todos los estados de la federación brasileña.

Además, la propuesta contempla la creación de la Base de Datos Nacional de Organizaciones Criminales, que mantiene un registro de todas las organizaciones criminales a nivel nacional mediante la integración entre los sistemas de inteligencia federales y estatales.

Apuestas deportivas

Durante la votación, los congresistas discutieron una disposición llamada Contribución de Intervención en el Dominio Económico (CIDE-Bets), propuesta por Derrite. Esta disposición planteaba obligar a las operadoras de apuestas en línea a pagar un 15 % sobre cada transacción realizada en sus plataformas. Según el Senado, la recaudación tendría como destino el financiamiento de acciones de seguridad pública en el país. Sin embargo, esta parte de la propuesta no prosperó.

En cambio, sobre el financiamiento de las medidas aplicables por la propuesta, el texto refuerza el Fondo Nacional de Seguridad Pública como principal destino de los recursos provenientes de las incautaciones previstas en el proyecto de ley. Con esto, se buscaría evitar la fragmentación de recursos y preservar la capacidad de planificación nacional para combatir la delincuencia organizada.

Con la aprobación de la Cámara, el proyecto continúa. Se dirige hacia la última etapa de la tramitación legislativa, el veto presidencial, donde se espera que sea aprobado sin modificaciones.