El 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidente interina de Venezuela, Jorge Rodríguez, realizó una conferencia de prensa en la que anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos. Señaló que se trataba de un “gesto unilateral para afianzar su decisión inquebrantable de consolidar la paz y la convivencia pacífica”. Sin embargo, Rodríguez no especificó cuántas personas serían liberadas, ni bajo qué condiciones legales.

A horas del anuncio, empezaron a circular las primeras imágenes de presos políticos liberados del tristemente célebre centro de detención de El Helicoide y otras cárceles venezolanas.

Entre las primeras liberaciones están la del excandidato presidencial Enrique Márquez y la del colaborador de la líder opositora María Corina Machado, Biagio Pileri. Así se pudo ver en un video publicado por el excandidato presidencial Henrique Capriles en X.

También, en las primeras horas se supo de la liberación de cinco ciudadanos españoles. Entre ellos, la abogada y activista hispano-venezolana Rocío San Miguel. Sumado ellos, en las últimas horas la ONG Foro Penal pudo verificar la excarcelación de dos ciudadanos italianos: Alberto Trentini y Mario Burlò.

Pero, a la fecha, no hay cifras exactas de la cantidad total de presos políticos liberados. El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció este lunes la liberación de 116 personas.

Por su parte, según información publicada este lunes por la ONG venezolana Foro Penal, dedicada a la asistencia judicial de perseguidos políticos, desde el jueves se ha verificado la excarcelación de 49 presos políticos.

Más temprano, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, había informado en X: “Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”.

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes que confirmó 67 excarcelaciones de presos políticos. “Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose”, indicó JEP en un mensaje en X.

El Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, por otro lado, enfatizó que solo alrededor de 50 personas parecen haber sido liberadas hasta el momento, de un total estimado de 800.

Transparencia y transición

La declaración de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo un llamado a las autoridades venezolanas a “actuar con transparencia y urgencia”. La declaración continuó señalando que “debe proporcionarse información pública sobre planes para nuevas liberaciones, incluidos los criterios aplicados, los plazos y el número de personas contempladas”.

En la misma línea, las preocupaciones de los expertos provienen de la falta de transparencia en el proceso y sobre cuáles podrían ser la motivaciones o causas detrás de la toma de decisiones del gobierno.

En entrevista con La Tercera, Lissette González, coordinadora de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación-Acción en DD.HH. (PROVEA), sostuvo que -debido a la forma en la que se han realizado las excarcelaciones- fue una decisión aparentemente improvisada.

“No parece ser una política del Estado venezolano. No pareciera que se quiera transmitir una imagen en la que un gran número de presos salen, con los familiares afuera, con foto oficial, etcétera”, cuestionó González. “Más bien, las liberaciones las hacen de a poco, trasladando a los reos a lugares distintos de donde están detenidos y solo avisando a los familiares directos para minimizar la posibilidad de la exposición a la prensa”, afirmó.

Además, González sostiene que es difícil poder definir a qué se debe la liberación de los presos políticos. Sostiene que sería “una hipótesis muy optimista” leer la excarcelación de los presos como el inicio de una transición en Venezuela. “Sin embargo, el hecho de que haya tan poca transparencia sobre quiénes son las personas que se van a liberar, dónde, cuándo, cómo, me hace pensar que esta hipótesis no es una realidad”, indicó la experta de PROVEA.

Por su parte, Kelvin Zambrano, coordinador de la ONG Coalición por los DD.HH. y la Democracia de Venezuela (Coalición), es enfático en que la falta de transparencia en el proceso entorpece una posible transición a la democracia. “Nosotros no estamos ni cerca de lo que sería una transición como en su momento la pudo haber tenido Chile cuando Patricio Aylwin accedió al poder”, agregó.

Para el miembro de Coalición, una transición real requeriría no solo la liberación de presos, sino también compromisos de reforma institucional y un cambio en la estructura del Estado. “Aquí no hay un cambio de nada. Para que pueda existir un cambio real de una transición a la democracia y una eventual consolidación de la democracia tendríamos que ver también compromisos de reforma institucional”, sostuvo.

El director del centro Hans Litten, José Efraín Valderrama, tampoco considera que la liberación de presos políticos signifique el inicio de la transición. “No he escuchado el más mínimo comentario sobre la posibilidad de abolir o derogar todo el andamiaje jurídico e institucional del régimen”, enfatizó.

“Mientras sigan existiendo las leyes que permitan la persecución política, de qué transición vamos a hablar”, siguió.

Criterios de definición

También, Kelvin Zambrano se refirió a las diferencias en las cifras de presos políticos liberados entregadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y las de los organismos de DD.HH. Apunta a un problema de base sobre el proceso de liberación de presos políticos: establecer los criterios bajos los cuales se define quién entra en la categoría de preso político y quién no.

En ese sentido, el experto cuestiona la fiabilidad de las cifras que apuntan a cuántas personas están privadas de libertad por motivos ideológicos. “No podemos saber cuál es la cantidad exacta de presos políticos”, afirmó el abogado. “En nuestros registros tenemos 1.322. Otros, como Foro Penal, estiman alrededor de 800”, prosiguió.

Además, el miembro de la Coalición agregó que “los tribunales de terrorismo, para perseguir a personas por motivos políticos, empezaron a amenazar a los familiares. Les decían que no denunciaran persecución política porque, si denunciaban o daban información a las organizaciones no gubernamentales sobre los casos, les iba a ir peor”.

“Entonces hay mucho miedo por denunciar la persecución política. Esto resulta en una cantidad enorme e indeterminada de personas que no aparecen en las listas, pero que sí son presos políticos”, aseguró.

Decisión de Washington

Todos los expertos consultados por La Tercera coinciden en apuntar a la presión estadounidense en la decisión de liberar presos políticos por parte del régimen de Delcy Rodeíguez. Sin embargo, tienen diferentes perspectivas sobre en qué grado se puede atribuir influencia de la Casa Blanca en la medida.

La experta de PROVEA, Lissette González, señala que “la causa principal es la presión de Estados Unidos”. Incluso, sostuvo que puede haber una amenaza directa de Washington al gobierno de Rodríguez. Agregó que “Trump estaba pensando en un segundo ataque a Venezuela. Pero, justamente después del anuncio de la liberación de los presos, ya no”, dijo, haciendo referencia al instante posterior en que el presidente estadounidense canceló el presunto ataque.

De la misma forma, el coordinador de la Coalición atribuyó absoluta responsabilidad de la decisión a la Casa Blanca. “Hay que ser muy enfáticos: aquí ni la ciudadanía ni nosotros, las organizaciones, tenemos incidencia sobre esta decisión. Esto depende exclusivamente de la presión de Estados Unidos. Las libertades se van a ir dando en la medida en que Estados Unidos utilice sus herramientas de presión”, dijo Kelvin Zambrano.

En cambio, si bien el director del centro Hans Litten sostiene que el régimen no realizaría nunca una liberación si es que no existiera una amenaza real para ellos por parte de Washington, no está seguro de que haya una causalidad directa entre la voluntad de Trump y la liberación de los presos políticos.

“La historia nos da sorpresas. No voy a negar que pareciera que Delcy Rodríguez está respondiendo a los intereses de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que así sea, porque aquí estamos trabajando sobre meras especulaciones. Tampoco quiere decir que el régimen definitivamente se está democratizando o con ganas de hacerlo”, enfatizó Valderrama.