A los estadounidenses les puede gustar un “dictador”. Eso fue lo que dijo el Presidente estadounidense, Donald Trump, este lunes a los periodistas de la Oficina Oval, aunque no se describió a sí mismo como uno. A su juicio, él es solo “una persona con mucho sentido común”.

Refiriéndose a sus críticos por la decisión de enviar tropas a las calles, declaró: “Dicen: ‘No lo necesitamos, libertad, libertad. Es un dictador. Es un dictador’. Mucha gente está diciendo: ‘Tal vez nos guste un dictador’... Y cuando veo lo que ha pasado en nuestras ciudades, y luego envías tropas, en lugar de ser elogiado, dicen que estás tratando de apoderarte de la república. Esta gente está enferma“.

Trump hizo estos comentarios después de haber prometido en los últimos días replicar su ofensiva contra el crimen en Washington D.C. y en otras ciudades, señalando específicamente a Chicago y Baltimore como sus próximos objetivos potenciales.

Los comentarios de Trump se produjeron al tiempo que firmaba una serie de órdenes ejecutivas, incluida una en la que encargó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirigir el entrenamiento de una unidad especializada de la Guardia Nacional dedicada a “garantizar la seguridad pública” en Washington, D.C.

A Hegseth también se le ordenó garantizar que el personal de la Guardia de cada estado esté capacitado y disponible para ayudar a las fuerzas del orden a “reprimir disturbios civiles y garantizar la seguridad y el orden públicos”. También exige que la Guardia Nacional esté entrenada y disponible para un “rápido despliegue en todo el país”.

No obstante, la Ley Posse Comitatus prohíbe en gran medida que las tropas federales participen en la aplicación de la ley civil, excepto en casos específicamente autorizados por la Constitución o el Congreso. Sin embargo, bajo el Título 32, la Guardia Nacional aún está bajo el control de los gobernadores estatales, pero recibe pagos del gobierno federal. Esto la exime de la Ley Posse Comitatus, según el Centro Brennan para la Justicia.

Antes ya había anunciado la toma de control de la policía de Washington D.C., recurriendo a una cláusula de la ley de autonomía de la capital que le permite dar ese paso durante 30 días si se produce algún tipo de emergencia nacional. Según Trump, el nivel de delitos violentos en la capital —en descenso en los últimos dos años, según las cifras oficiales— constituye ese tipo de crisis.

No contento con ello, este martes Trump anunció que pedirá la pena de muerte para los responsables de todos los asesinatos en Washington D.C. “No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción”, justificó.

Y este miércoles, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que su departamento le quitará a Amtrak la administración de Union Station, el principal centro de transporte de Washington, en otro ejemplo de cómo el gobierno federal está ejerciendo su poder sobre la capital del país.

Así, el despliegue de militares en las calles y la amenaza de aplicar la pena de muerte son solo algunas de las polémicas medidas adoptadas por Trump en los siete meses que lleva en la Casa Blanca -y particularmente las de las últimas semanas-, que han acentuado el corte autoritario y populista que el republicano impone de manera creciente a su gestión al frente de la primera economía mundial, y con los que rompe el juego de equilibrios y contrapesos que caracteriza la democracia estadounidense.

El último paso en esta deriva intervencionista es el intento de cesar a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal nombrada por Joe Biden y cuyo mandato no expira hasta 2038. Trump sostiene que la despide con “causa justificada”, alegando supuestas inexactitudes en una solicitud de hipoteca hace años —mucho antes de que la economista llegara a la Fed—, en el paso más agresivo que ha dado hasta la fecha para reducir la independencia del banco central estadounidense.

Trump anunció el cese de Cook en redes sociales. Ella respondió que “no existe causa legal” para destituirla y que no piensa renunciar.

Semanas antes, Trump había anunciado el despido de la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, simplemente porque no estaba de acuerdo con los datos que publicó el organismo, contrarios a su narrativa de éxito en la creación de empleo. Alegó que las cifras fueron “manipuladas” por razones políticas, sin proporcionar evidencia para la acusación. El pecado de McEntarfer: haber sido nombrada por el entonces presidente Joe Biden.

Asimismo, la semana pasada agentes del FBI irrumpieron a primera hora de la mañana en la vivienda de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, y convertido ahora en uno de sus mayores críticos. El motivo, supuestamente, era una investigación sobre el posible manejo de documentos clasificados en la escritura del libro de memorias del antiguo alto cargo.

Pero sus críticos, destaca el diario El País, denuncian que la verdadera razón es la venganza. Una venganza que se extiende contra aquellos a los que el Presidente responsabiliza de sus problemas legales de los últimos años: también este agosto, la Administración anunció una investigación contra el antiguo fiscal especial Jack Smith, que encabezó las pesquisas sobre los intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020 y sobre el manejo de Trump de documentos clasificados una vez que dejó la Casa Blanca.

Las medidas se suceden a una velocidad vertiginosa, y quizá no sea casualidad que se hayan acelerado en agosto, cuando el Congreso está en pausa, y las familias estadounidenses, de vacaciones. Además, Trump decidió no tomar descanso de verano este año, destaca El País.

Según el diario español, Trump “impone sus propias reglas”. “Cada día llegan anuncios nuevos y órdenes ejecutivas, algunas de dudosa legalidad. Y mientras, sigue con la persecución de sus rivales políticos, la exigencia de pleitesía a las empresas, el aprovechamiento personal del cargo, el clientelismo político, los abusos de poder y el intento de cambiar las reglas electorales”, resume.

Respaldo republicano al poder sin límites

Pero no a todos en Estados Unidos parece disgustarles la forma en que el inquilino de la Casa Blanca ejerce el poder. Las encuestas generalmente muestran que más de la mitad de los republicanos dice que quiere menos controles sobre el poder de Trump, y hasta un tercio respalda alguna versión de poder sin límites.

Una encuesta del Pew Research Center a principios de este año mostró que el 59% de los republicanos e independientes inclinados hacia los republicanos estuvo de acuerdo en que muchos de los problemas del país podrían resolverse mejor “si Donald Trump no tuviera que preocuparse tanto por el Congreso y los tribunales”.

Ese es un índice mayor que el de dos encuestas que hicieron una pregunta similar el año pasado, pero todas mostraron que la mayoría de los republicanos respaldaba este sentimiento. La cifra en la encuesta de Pew aumentó hasta el 78% entre los republicanos que se identificaron “fuertemente” con el Partido Republicano.

Decir que Trump debería enfrentar menos obstáculos, por supuesto, no es lo mismo que decir que debería ser un dictador. Pero cuando se profundiza un poco más, se encuentra un número significativo de republicanos que respaldan ese tipo de poder: hasta 3 o 4 de cada 10.

Algunos de los hallazgos más sorprendentes al respecto: el 44% de los republicanos dijo que los tribunales ni siquiera deberían poder revisar las políticas de Trump, según una encuesta de CBS News-YouGov a principios de este año.

El 28% de los republicanos señaló que un presidente debería poder ignorar al Congreso o la Corte Suprema cuando esas instituciones “frenan a nuestro país”, reveló una encuesta de Axios/PRRI realizada en la misma época.

En la misma línea, el 36% de los republicanos aseguró que no les molestaría en absoluto si Trump “suspendiera algunas leyes y disposiciones constitucionales para perseguir a enemigos políticos”, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Monmouth en diciembre. Solo el 23% dijo que esto les molestaría “mucho”.

Otra encuesta de Fox News a fines de 2023 mostró que para un 28% de los republicanos el país necesitaba un presidente que estuviera “dispuesto a romper algunas reglas y leyes para arreglar las cosas”.

En tanto, el 24% de los republicanos dijo antes de las elecciones de 2024 que, si Trump perdía, debería “hacer lo que sea necesario” para tomar el poder, según otra encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI).

Así que, para resumir, alrededor de una cuarta parte de los republicanos, o más, han respaldado la idea de que Trump tome el poder, rompa leyes y viole la Constitución cuando sea necesario, y no tenga ningún control por parte del Congreso ni de los tribunales, concluye CNN.

Las acusaciones de los demócratas

Los demócratas han caracterizado a Trump y su despliegue militar en ciudades del país como autoritarios. “Trump está intentando militarizar nuestras ciudades, todo para distraer la atención de su caída en las encuestas”, escribió el senador Ed Markey (demócrata por Massachusetts) en X el sábado. “Es lo que hacen los dictadores. Nadie debería callar ante las acciones autoritarias de este gobierno”.

En tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien frecuentemente discute con Trump, declaró en X el domingo que “la militarización de Los Ángeles por parte de Trump parece haber sido solo el comienzo de una toma autoritaria del control de las ciudades estadounidenses”.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, calificó a Trump de “aspirante a dictador” que “quiere usar el Ejército para ocupar una ciudad estadounidense, castigar a sus disidentes y ganar terreno político”.

Esto ocurrió después de que el Presidente estadounidense anunciara que estaba considerando enviar el Ejército a las ciudades de Chicago y Baltimore para atacar varios bastiones demócratas. En junio, Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington, en contra de la voluntad del gobernador de California y la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser.

El origen de las críticas

Trump anunció a principios de este mes la toma de control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., bajo la Ley de Autonomía Local, que ordena al alcalde de la ciudad brindar asistencia policial al Presidente durante 30 días cuando “existan condiciones especiales de emergencia”, a menos que el Congreso apruebe una extensión.

Trump ha afirmado que la delincuencia y la falta de vivienda están fuera de control en la capital y otras ciudades importantes, a pesar de que los delitos violentos alcanzaron su nivel más bajo en 30 años en Washington el año pasado, según el Departamento de Justicia. Además de la colaboración federal con la policía local, el republicano desplegó cientos de tropas de la Guardia Nacional en Washington para ayudar con la represión federal.

El prolongado descontento de Trump con la situación en Washington llegó a un punto crítico este mes cuando declaró el estado de emergencia por la delincuencia. Movilizó a unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, algunos de los cuales tienen permitido portar armas de fuego.

Trump explica sus acciones como una lucha contra el crimen y la falta de vivienda en la capital, aunque los datos indican que el nivel de crímenes violentos en la ciudad ha disminuido en los últimos años. El mandatario no puede replicar la toma de control federal de la policía local en otras ciudades, pero podría desplegar la Guardia Nacional bajo la Ley de Insurrección sin el permiso de un estado, indica el portal Axios.

No es la primera vez que Trump rechaza las críticas de ser un dictador, aunque al mismo tiempo parece simpatizar con la idea. Durante la campaña electoral de diciembre de 2023, Trump declaró en Fox News que no sería un dictador “excepto el primer día”, y añadió: “Después de eso, no soy un dictador”.

Trump aclaró ese comentario de 2023 en una entrevista con la revista Time en 2024, diciendo que lo dijo “sarcásticamente”, pero que también pensaba que “a mucha gente le gusta”.

Miles Taylor, un exfuncionario del primer mandato de Trump, instó el martes a los estadounidenses a tomar en serio el discurso del republicano. “Después de haber pasado tiempo personalmente con el hombre en la primera administración Trump, él solía hablar poéticamente en privado sobre los dictadores extranjeros que admiraba”, dijo Taylor en entrevista con la cadena CNN.

Trump “estaba celoso de su capacidad para ejercer un control total sobre sus poblaciones”, afirmó Taylor, quien a principios de este año se convirtió en objeto de una investigación del Departamento de Justicia después de que el mandatario afirmara que su conducta mientras trabajaba para el gobierno podía ser “caracterizada apropiadamente como traición”.

Una encuesta del Public Religion Research Institute realizada a principios de este año mostró que la mayoría de los estadounidenses ve a Trump, quien ha hablado repetidamente sobre la posibilidad de permanecer en el cargo más allá de los límites de mandato constitucionales y cuya administración ha mostrado un desdén por la supervisión judicial, como un “dictador peligroso, cuyo poder debe ser limitado antes de que destruya la democracia estadounidense”.