El ministro de Seguridad Martín Arrau señaló la tarde de este viernes que conversó con su par de Salud, May Chomali, tras las dudas exhibidas por la secretaria de Estado respecto a la propuesta de reforma constitucional en seguridad que espera ingresar el Ejecutivo durante los próximos días.

Y es que la propuesta incluye una modificación que busca establecer que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico pierdan acceso durante su período de condena y 15 años tras su cumplimiento a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social.

Sobre esta iniciativa, el jueves señaló Chomali en CNN Chile que la modificación “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”.

Consultado sobre esta postura de la titular de Salud en un punto de prensa tras una fiscalización en el barrio Franklin, Arrau enfatizó que aquellas declaraciones las realizó desconociendo el proyecto.

“He hablado con la ministra de Salud. Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional. Lo que se ha filtrado en la prensa es algo muy antiguo”, explicó el ministro de Seguridad.

“Efectivamente cuando uno quiere usar con mayor intensidad las herramientas que tiene el Estado para perseguir acciones criminales de crimen organizado y terrorismo. Hoy día nuestra constitución ya contempla algunas limitaciones a las personas condenadas por terrorismo de 15 años, por ejemplo, en cargos públicos, en ser director de establecimientos de educación. Nosotros queremos intensificar ese régimen, pero requiere de habilitación constitucional”, añadió al respecto.

Consultado sobre si la medida podría generar problemas sanitarios, explicó que “todo lo que es salud pública está contemplado, todas las atenciones de urgencia también, pero hay que preguntarle a la gente que está esperando por una cirugía del GES u otra si preferimos que se atienda a un vecino de bien o una persona condenada por crimen organizado y terrorismo”.

Sobre la conversación en particular con la ministra de Salud, el titular de Seguridad señaló: “Tuvimos una larga conversación en la mañana, la dejé al tanto y es una reforma que no tiene que ver directamente con salud porque ya tendrá su baja legal y estamos totalmente coordinados como siempre”.

Finalmente, consultado sobre si, en un ejemplo concreto, una persona condenada por delitos sufriera de tuberculosis al interior de un recinto penal se le dejaría de auxiliar, el ministro de Seguridad remarcó: “Por supuesto que no, eso es salud pública, es el deber del estado de darle la garantía de salud dentro del recinto penitenciario”.