La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó este jueves el sexto balance sobre los sumarios instruidos por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas en funcionarios públicos, tras revelarse viajes al extranjero y otras irregularidades entre 2023 y 2024.

El informe forma parte de los compromisos adquiridos por la cartera luego de que la Contraloría General de la República (CGR) identificara situaciones de incumplimiento de reposo en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC). Según el oficio, Hacienda instruyó a las instituciones del Gobierno Central iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios involucrados en estas situaciones, incluyendo rechazos de licencias cuando corresponda.

Hasta el 15 de octubre, las instituciones reportaron 28.028 funcionarios del nivel Central involucrados en casos de mal uso de licencias, levemente superiores a los 27.778 reportados en el balance anterior. La variación se explica principalmente por nuevos casos de salidas del país de funcionarios con presencia regional. Del total, 23.140 siguen en sus servicios y 4.888 ya no se desempeñan en ellos, aunque 2.670 de estos últimos aún son objeto de sumarios administrativos.

En total, 25.810 personas del Estado tienen casos que requieren sumario: 35% por salidas del país, 1% por atención de partos, 5% por emisores investigados penalmente, 6% por salidas en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 23% por asistencia a casinos y 30% por salidas del país en servicios regionales. Del total de sumarios asociados, 22.954 han sido instruidos, 20.794 continúan en curso y 2.160 cuentan con alguna resolución, de los cuales 562 ya están cerrados con resolución ejecutoriada. La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días.

El informe estima que los funcionarios implicados recibieron $36.008 millones en remuneraciones durante los períodos de ausencia.

Con este balance, Hacienda y Dipres buscan transparentar los procesos disciplinarios, asegurar el cumplimiento del debido proceso y resguardar la correcta administración de los recursos públicos frente al mal uso de licencias médicas.