Desde este lunes, y por cada lunes hasta el 20 de abril, la sala C-103 del Centro de Justicia será el lugar donde la Fiscalía Metropolitana Oriente estará formalizando a 359 funcionarios públicos que viajaron al extranjero o fueron a casinos de juego mientras se encontraban con licencias médicas.

Se trata de trabajadores públicos que fueron identificados por la Fiscalía como parte del grupo de personas que utilizaron sus reposos médicos para salir del país.

Es en medio de esto que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de la querella que se suma a la acción judicial inicial que presentaron en diciembre del año pasado luego de que la Contraloría expusiera estos hechos.

La ampliación de la querella, ingresada por el procurador de Santiago, Marcelo Chandía, expone que “conforme a los antecedentes recabados en la investigación y a la formalización de la misma, se ha podido determinar que la persecución penal en esta causa se extiende a un número significativamente mayor de imputados, abarcando distintos periodos y diversas conductas delictivas”.

“Por tal motivo, se procederá a ampliar la querella, a fin de comprender la totalidad de los hechos materia de investigación y el periodo completo en que se habrían verificado”, se lee en el escrito.

Los querellados

La querella del CDE, que consta de 130 páginas y a la cual tuvo acceso La Tercera, pretende perseguir además a los médicos y los centros de salud que más emitieron las licencias presuntamente irregulares.

En el caso de los funcionarios públicos, se trata de 105 trabajadores públicos, contra quienes se pide imputar los delitos de otorgamiento u obtención de licencias médicas falsas y obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes, “sin perjuicio de otros ilícitos que se determinen durante el curso de la investigación”.

En ese listado de trabajadores del Estado, figuran algunos casos llamativos. Por ejemplo, el de una funcionaria de la Municipalidad de Santiago que sumó 453 días de licencia, otro de la Municipalidad de Talca por 341 días y otros dos funcionarios que suman más de 300 días cada uno. A pesar de eso, el CDE también se querella en contra de cualquier trabajador público que haya presentado una licencia falsa.

Del total de funcionarios públicos, y considerando por institución, las municipalidades son las que representan el mayor número de trabajadores públicos con licencias falsas. Ese listado es encabezado por las municipalidades de Talca, Sierra Gorda, Santiago, Río Claro, Puerto Montt, Lebu y Tierra Amarilla. Además existen trabajadores de servicios de salud y de corporaciones municipales.

Tras los médicos

La misma arremetida del CDE también va contra prestadores. En el caso de este último, la acción judicial del organismo que representa al Fisco va en contra de los centros Maxihealth, Saludvida y Medicilios, todas instituciones médicas que emitieron miles de licencias médicas falsas pese a ni siquiera tener recintos físicos, por lo que todas las tramitaciones se realizaron telemáticas.

El CDE da como ejemplo que Maxihealth emitió una licencia falsa cada 1,8 minutos. “El análisis permitió identificar 3.032 funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas emitidas por Maxihealth SpA, asociadas a un total de 5.479 licencias médicas, detectándose además que 12 de ellos registraban más de 10 licencias médicas emitidas por este mismo centro”, señala la querella.

El mismo escrito también se distingue a once médicos que habrían encabezado estas operaciones de entrega de licencias médicas falsas. A estos profesionales, incluso se les levantó el centro bancario pudiendo detallar los ingresos que tuvo cada uno a partir de esta actividad ilícita.

En el caso de los profesionales, el CDE se querelló por los delitos de otorgamiento de licencias médicas falsas, facilitación de los medios para obtener fraudulentamente el pago del subsidio por incapacidad laboral o de remuneraciones, por asociación ilícita y también por lavado de activos.