Cierre de planteles de educación superior afectó a 42 mil alumnos en 10 años

Autor: Carlos Said

La Universidad Iberoamericana fue una de las últimas instituciones en cerrar sus puertas.

Nuevo superintendente del ramo adelanta que el organismo tendrá un sistema de vigilancia basado en el riesgo financiero de las instituciones.

La crisis de la Universidad del Pacífico mantiene a ese plantel bajo amenaza de cierre, lo que podría perjudicar a cerca de 2.600 alumnos que, en pleno diciembre, aún no saben qué pasará con ellos en 2019.

Pero esta situación no es aislada, pues según el Consejo Nacional de Educación (CNED), 64 instituciones de educación superior cerraron sus puertas en la última década, ya sea por crisis financieras, falta de matrículas, ceses voluntarios o absorciones entre planteles, lo que afectó a 42 mil estudiantes que ingresaron a un plantel y vieron modificada su trayectoria educativa y, en el peor de los casos, terminaron matriculados en otra institución.

El caso más grande y emblemático es el de la U. del Mar, que tenía aproximadamente 16 mil estudiantes cuando se anunció su cierre, y que está entre las nueve universidades que han vivido este proceso en 10 años, perjudicando a 20 mil alumnos de ese tipo de instituciones.

También se cuentan casos de fusiones, como la que tuvo el centro de formación técnica Duoc UC, cuyos 4.733 alumnos fueron traspasados al instituto profesional del mismo nombre, y de cierres sorpresivos, como el que tuvo el centro de formación técnica Simón Bolívar en 2015, tras quebrar.

Este año, dos universidades están enfrentando sus cierres: la U. Iberoamericana, cuyos estudiantes retomarán las clases en marzo, y la U. Chileno Británica, donde el CNED ordenó cancelar la personalidad jurídica, pero el proceso está pendiente mientras se analiza un recurso de revisión.

Por supuesto, los más perjudicados en estos casos son los estudiantes, por los efectos que esta situación provoca en sus trayectorias académicas y laborales, su salud mental y la estabilidad familias. Paz Gajardo, vocera de los estudiantes de la U. Iberoamericana, cuenta que siempre en estos casos “hay un fracaso del Estado, que no se hace cargo de la educación en Chile, lo que deriva en la frustración de los estudiantes”.

“Nosotros perdimos un año de nuestras vidas, en el que muchos se podrían haber titulado, y pese a eso nos seguirán cobrando el arancel. El Estado debe indemnizarnos por salir de una universidad que fracasó, porque su rol es ser garante de la educación”, agrega.

Y Sandra Beltrami, dirigenta de los estudiantes de la U. Arcis, quienes recién en octubre volvieron a clases, dice que por esta situación “muchas personas tuvieron crisis psicológicas, porque no podían avanzar en sus tesis o rendir sus exámenes de titulación. Esto también afectó a nuestras familias, porque la mayoría somos vespertinos, estudiamos y trabajamos”.

Esta última casa de estudios está siendo clausurada a través de un administrador de cierre, mecanismo fijado por ley, la que, a juicio de Beltrami, “es ineficaz, ya que las universidades del Estado deberían hacerse cargo de esto de forma obligatoria. Se necesita un cambio legislativo urgente, para que no quedemos fuera del sistema educativo”.

La superintendencia

La Ley de Educación Superior establecerá nuevas exigencias de acreditación y funcionamiento para las instituciones, por lo que algunos expertos prevén que podría haber más cierres de instituciones en los próximos años.

El presidente del CNED, Pedro Montt, afirma que esos requisitos producirán “una barrera muy grande para crear nuevas instituciones”, pero cuenta también que “la tendencia muestra que el número de instituciones desde 1993 en adelante ha ido bajando drásticamente y, simultáneamente, la matrícula ha aumentado drásticamente”, por lo que se generó una concentración de alumnos en los planteles que sobrevivieron.

¿Es esto negativo para el sistema? Depende. “La riqueza del sistema también tiene que ver con su diversidad de proyectos educativos. La concentración puede ayudar a fortalecer las instituciones, pero el Estado tiene que resguardar la diversidad de proyectos, porque eso enriquece el sistema. Son tensiones que hay que resolver”, plantea Montt.

La ley también creará una Superintendencia de Educación Superior, que estará a cargo de anticipar crisis en instituciones y vigilar el cierre de los planteles que mueran. La entidad comenzará a funcionar en mayo, pero ya tiene designado a su superintendente, Jorge Avilés, quien cuenta que entre enero y febrero el gobierno emitirá un decreto con fuerza de ley que fijará la planta del organismo.

“Además de la parte administrativa, estamos trabajando en un modelo de supervisión basado en riesgos, y estamos contemplando un equipo de profesionales que esté constantemente revisando el estado financiero de las instituciones, para anticipar situaciones como las que hemos visto. La estructura también abrió un espacio para recibir denuncias y una unidad que estará encargada de ver el cumplimiento normativo”, adelanta el superintendente.

Avilés explica, además, que ese modelo “nos va a permitir enfocar nuestros esfuerzos en aquellas instituciones que presentan situaciones más precarias. El país entendió que se necesitaba un organismo fiscalizador que esté encima, constantemente, de las instituciones de educación superior”.

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