“De: ministro de Hacienda. A: señores ministros de Estado”.

El viernes de la semana pasada se dio a conocer el oficio con que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a todos sus pares los primeros lineamientos de cara a la formulación del anteproyecto de ley del Presupuesto 2027, así como un cambio de paradigma, que es una programación financiera con horizonte hasta 2031 de cada secretaría de Estado y sus servicios dependientes “en concordancia con las instrucciones que se indican en este oficio”.

El tema es que dentro de ese oficio a cada cartera se le hacían recomendaciones sobre el destino de los programas de los cuales es responsable. Las sugerencias eran de tres tipo: sin observaciones, ajuste presupuestario (de al menos 15%), o descontinuar.

Lo anterior, acorde al oficio, se fundamenta en una metodología que utiliza criterios de las recomendaciones de la Comisión para Reformas Estructurales del Gasto Público los hallazgos y resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación. “Se recomienda a los formuladores considerar de manera prioritaria los resultados y sugerencias del proceso de evaluación, así como las falencias y aspectos pendientes identificados, al momento de definir la continuidad, rediseño y priorización de las solicitudes de recursos asociadas a estos programas”, se lee textualmente. Además, se explicita que dichos resultados implican un condicionamiento de la oferta programática, otorgando a esos programas la calificación de “condicionado”. En el oficio se desliza que la Dipres dará nuevas instrucciones específicas durante los próximos días.

Así, aunque La Moneda intentó bajarle el perfil por el evidente flanco que esto generó, de los oficios se extrae que un total de 142 programas fueron sugeridos de “descontinuar”. En el Mineduc, por ejemplo, la sugerencia era cortar 15, entre ellos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, o el Programa de Alimentación Escolar.

En los anexos, asimismo, se presentan gráficos con la distribución porcentual de las recomendaciones a la oferta programática de cada ministerio. En el mismo caso de Educación, el 16,5% corresponde a “descontinuar”: el 46,2%, a un “ajuste presupuestario”, y el 37,4%, a “sin observaciones”.

Pero en casi todos los ministerios la mera sugerencia también comenzó a hacer ruido, con carteras anticipando inmediatamente -en privado- un arduo intercambio con Hacienda. “Les tenemos que hacer ver que hay sugerencias impracticables”, señalaban desde una de las tres más afectadas.

Lo que viene

Precisamente, en el horizonte inmediato asoma un intercambio de miradas con la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Hacienda. El cómo y el cuándo son materias que también están definidas en el oficio de Quiroz.

“A partir de este año (...) el proceso de formulación presupuestaria tendrá por objeto la elaboración de un Marco de Mediano Plazo para el periodo 2027-2031, y el Anteproyecto de Presupuesto 2027 corresponderá al primer año del horizonte acordado. Este cambio de criterio exige que los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos comprometidos en el programa de gobierno, de manera que la aprobación de nuevas iniciativas estará supeditada estrictamente a su sostenibilidad financiera en el horizonte 2027-2031″, se lee en el escrito. “Históricamente, la programación financiera se ha estructurado como un resultado inercial de la discusión presupuestaria de corto plazo. Este enfoque ha limitado la capacidad del Estado para anticipar compromisos, evaluar el impacto real las metas de las de políticas balance públicas y garantizar una trayectoria de gasto alineada con las metas de balance estructural”, se lee en la minuta adjunta para alinear a todos los ministerios, a quienes les detallan las instrucciones con los procedimientos generales específicos.

Así, las carteras deben elaborar su propuesta de presupuesto para un período de cinco años, la que deberá respaldarse y justificarse detalladamente, mirando de reojo las recomendaciones sobre el devenir de los programas que hizo Hacienda.

Lo primero que deben hacer las carteras es deberá determinar una línea base, que incluya los gastos que se deriven de obligaciones legales y compromisos contractuales. Esto debe enviarse a Dipres el 15 de mayo. Luego deben elaborar una propuesta complementaria de gasto, la que junto con la línea base constituirán la petición total del Marco de Mediano Plazo de cada ministerio, derivándolo a Dipres a más tardar el 27 de mayo. Para la petición total se ha definido un límite máximo de gasto a nivel de partida, debiendo priorizarse los gastos legales.

Esta etapa, acorde a los lineamientos, trae aparejado un trabajo conjunto entre los ministerios y sus servicios, y Dipres, con reuniones técnicas. Para ello se debe definir un cronograma.

Los programas deberán someter sus diseños a un proceso de evaluación anterior para obtener una calificación de recomendación favorable antes de la formulación presupuestaria. La fecha límite para el ingreso de esto es el 2 de julio. El listado de programas afectos a esta exigencia será informado por Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social.

El oficio, además, pide a las instituciones públicas que realizan presupuesto revisar y/o actualizar sus definiciones estratégicas e indicadores a través de la plataforma de Formulación Presupuestaria 2027. “Estas definiciones constituyen un insumo fundamental para orientar la toma de decisiones presupuestarias y priorizar la asignación de recursos hacia aquellas iniciativas que contribuyan de manera más directa al cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados institucionales”. Del mismo modo, a cada ministerio se le pide designar un representante para cada servicio dependiente con tal de ordenar el proceso.

EL ESTRICTO CALENDARIO DE HACIENDA