El Ministerio Público presentó acusación contra el exfuncionario de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Minería de Coquimbo Patricio Bolvarán y el Juzgado de Garantía de La Serena, en un procedimiento abreviado, lo condenó a la pena de 3 años de presidio, más otros 5 años para inhabilitación por cargos u oficios públicos y una multa de 14 millones 400 mil pesos, por un delito reiterado de fraude al Fisco.

La Fiscalía de La Serena logró acreditar la ocurrencia del delito y la participación del acusado.

De acuerdo a la investigación, el 6 de enero de 2020, desde la Secretaría Regional de Minería de Coquimbo, se entregaron fondos públicos mediante el giro de un cheque por $103.500.000 a favor de Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza.

El dinero fue entregado con la finalidad de efectuar un mejoramiento de la Planta Minera gravimétrica de oro de Canela, en proyecto desarrollado por una empresa privada.

El proyecto fue desarrollado por la empresa Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada y recibió dineros del Fondo de Desarrollo Regional.

En ese contexto, el sujeto que prestaba servicios a honorarios en la repartición pública, presentándose como representante del ministerio, indicando ser ingeniero comercial, y prevaliéndose del conocimiento de la información institucional, embaucó a los directivos del sindicato de pirquineros.

El sujeto hizo que con el dinero recibido, los trabajadores generaran en una sucursal del Banco Estado, entre el 20 de enero de 2020 y el 5 de junio de 2020, en ocasiones distintas, vales vista endosables.

Luego, realizó sucesivamente el cobro para sí de cuatro de los seis vale vista por ventanilla, a mérito propio, sin orden superior y con claro abuso de confianza, según informó la entidad bancaria.

Así, en infracción a los deberes funcionarios, el acusado se apropió de $72.200.000.

El fiscal de La Serena, Marcial Pérez, dijo en la audiencia que la Fiscalía reunió varios antecedentes en la investigación, entre ellos, la declaración de funcionarios de la Seremi de Minería, así como otros antecedentes respecto las funciones del acusado en transferencias de capital minero y programa de fortalecimiento productivo y seguridad minera.

Además, contó con información bancaria precisa, un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) con varios testigos, documentos de la Subsecretaría de Minería, entre otras.

El Ministerio Público, también, contó como antecedente clave con los vale vista que cobró el acusado.

El tribunal consideró la irreprochable conducta anterior del acusado y la colaboración con la investigación para determinar la remisión condicional de la pena.