Fue en diciembre de 2020 cuando el exfiscal Manuel Guerra habló por primera vez de salir de la Fiscalía. En ese momento el entonces persecutor de la Región Metropolitana Oriente mencionó dos destinos posibles: la Universidad San Sebastián y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO).

El mismo día de su salida del Ministerio Público, Guerra comenzó a trabajar a honorarios en la AMSZO -integrada por las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes- y en la municipalidad de Providencia. En ambas debía desempeñar sus funciones desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre proveyendo análisis jurídicos y, en la AMSZO, tenía la labor de implementar una “Fiscalía” para asistir a los vecinos del sector.

Aquello fue años antes de que se conocieran los vínculos y chats de Guerra con el abogado Luis Hermosilla, los cuales concluirían con el exfiscal imputado por los delitos de cohecho y violación de secreto y esperando su próxima formalización en marzo. Esto, después de que la Corte Suprema aprobara la querella de capítulos en su contra.

Los presuntos delitos cometidos por Guerra en el Ministerio Público levantaron suspicacias sobre las labores y la forma en que fue contratado en la AMSZO y la Municipalidad de Providencia. Por aquello, los diputados Daniella Cicardini (PS) y Daniel Manouchehri (PS) junto a la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde (FA) requirieron un informe por parte de Contraloría. Este fue emitido el pasado 20 de febrero y determinó que la contratación y el trabajo de Guerra en estos lugares no estuvo apegado a la ley.

“Conflicto de interés” en la AMSZO

Según el informe firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, la contratación del exfiscal Guerra en la AMSZO ocurrió apenas un día antes de hacerse efectiva su renuncia en el Ministerio Público.

Además el informe recuerda que la Municipalidad de Vitacura interpuso una querella en contra de Guerra por el delito de violación de secreto en agosto de 2021. Esto ocurrió en el marco de una denuncia de supuestos delitos cometidos tanto en el Consejo Local de Deportes, como dentro de las organizaciones Vitasalud y Vitadeportes.

Debido a esto, el ente fiscalizador determinó que “es posible advertir que, en el caso en análisis, las circunstancias que se mencionan efectivamente pudieron configurar un conflicto de interés de aquellos que la normativa y la jurisprudencia administrativa prohíben, por lo que la AMSZO deberá abstenerse de efectuar sus contrataciones a honorarios con personas que, cierta o potencialmente, se encuentren en una situación que pugna con el principio de probidad administrativa”.

Guerra, si bien renunció en septiembre de 2021 a la AMSZO, obtuvo el pago de la suma bruta de $3.389.831, el cual, según las cláusulas del convenio con la asociación “se efectuaría a todo evento, independiente de las prestaciones ejecutadas” y de forma mensual.

Esto último también fue objetado por la Contraloría, la cual indicó en su informe que “lo descrito no se ajustó a derecho, pues el referido desembolso solo puede tener lugar en la medida en que exista una efectiva ejecución de las tareas encomendadas”.

Sobrepagos en Providencia

En torno a la contratación de Guerra en Providencia, el ente fiscalizador también presentó observaciones, pero no por algún conflicto de interés, sino por las labores que realizó y el pago que recibió.

El exfiscal fue contratado en la municipalidad para “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa, por el monto total de $11.299.435”.

Tal análisis, sin embargo, presentó una serie de irregularidades identificadas por el órgano estatal. Estas refieren a que Guerra realizó transcripciones literales de normas legales u otros documentos en diferentes páginas de los informes que entregó a la municipalidad de Providencia.

Según se lee en el reporte de Contraloría, “en el documento correspondiente al mes de agosto, seis páginas, de un total de doce, son transcripciones literales de normas legales; en el del mes de septiembre, de un total de veinte páginas, tres de ellas describen direcciones municipales y doce son reproducciones de diferentes preceptos normativos; el informe del mes de octubre solo contiene cuatro páginas; en el del mes de noviembre, parte importante de las quince páginas del informe replica once artículos del Código Penal; y finalmente, el informe de diciembre contiene menos de ocho páginas en su conjunto”.

Por esto, el ente fiscalizador determinó que “según se aprecia de sus propios informes respaldatorios, es posible concluir que el monto total que por ello desembolsó la Municipalidad de Providencia, ascendente a la suma de $11.299.435, evidentemente no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos”.

En consecuencia, el organismo que lidera la contralora Dorothy Pérez ordenó a la entidad municipal realizar un proceso disciplinario para identificar responsabilidades de funcionarios de la municipalidad, pues “a quienes correspondía visar los referidos informes debieron objetarlos y, consecuentemente, no dar lugar al pago, total o parcial, de los honorarios pactados”.