Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de amparo presentado por la defensa del general (R) del Ejército, Raúl Iturriaga Neumann (87). El exsubdirector de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) presentó la acción judicial para cumplir la pena en su caso, lo que fue rechazado por el tribunal de alzada.

Se trata del segundo intento de Iturriaga por cumplir en su domicilio las 42 causas por las que suma 515 años de condena y luego de que en enero del año pasado la ministra en visita Paola Plaza rechazara el mismo requerimiento del general (R), quien padece varias enfermedades, entre ellas cardiacas y renales.

A juicio de su defensa -representada por la abogada Constanza Barrera- el militar en retiro condenado por las operaciones Cóndor y Colombo, lo ocurrido en Villa Grimaldi y Venda Sexy -entre otras- se encuentra en un complejo estado de salud, lo que es incompatible con su permanencia en la cárcel de Punta Peuco por lo que pedía cumplir arresto domiciliario total.

Argumentos que no fueron acogidos por las ministras Marisol Rojas y Carolina Bustamante, además del abogado integrante Jorge Gómez, quienes decidieron rechazar el amparo presentado en contra de la decisión de la ministra Plaza.

La resolución

Barrera, quien compareció en representación de Iturriaga ante la Corte de Santiago, sostuvo este lunes que desde que está en la cárcel -desde el 2007- su representado ha visto empeorado su estado de salud.

Lo anterior, señaló, por su avanzada edad y por “las condiciones del lugar en que se encuentra cumpliendo condena”, teniendo que ser trasladado en varias ocasiones al Hospital Militar de Santiago, lo que a su juicio se ha tornado “cruel e inhumano mantenerlo”.

Esto porque según la abogada, el recinto de Punta Peuco “no tiene los medios” para atender los complejos diagnósticos de Iturriaga por lo que “se torna en incompatible con la vida su permanencia en la cárcel, lo que no parece importarle a nadie, buscándose sólo un fin de venganza al mantenerlo privado de libertad en sus últimos años”.

La ministra Plaza también evacuó un informe, dando cuenta que Gendarmería ha adoptado medidas para la situación del general (R), así como también se informó sobre las observaciones de salud de Iturriaga.

En esa línea, el fallo de la Corte de Santiago determinó que respecto al general (R) “se han tomado una serie de medidas y cuidados específicos para atender a sus necesidades especiales de salud, haciendo diversas adecuaciones a sus tratamientos médicos, tanto al interior del Centro de Cumplimiento, como en los procedimientos que ha recibido afuera del penal, con ocasión de controles y hospitalizaciones que requiere conforme a las enfermedades que la aquejan”.

La sentencia concluye que “no existen elementos que permitan afirmar que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco al señor Iturriaga se le esté privando de las condiciones necesarias para su adecuada sobrevida, en relación a las diversas patologías de salud que padece”.

Una condena por revisar

Para la abogada Karinna Fernández, quien representa al detenido desaparecido Felix de la Jara, afirmó que reciben esta resolución a pocos días del 11 de septiembre y a 50 años de la Operación Condor. “Nos parece que la decisión se ajusta precisamente a lo establecido por la legislación convencional, a lo establecido en la Constitución chilena y también a las condiciones que fueron acreditadas por la ministra instructora y consideradas precisamente por el rechazo del amparo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago el día de hoy”, dijo Fernández.

La abogada destacó que la causa del subdirector de Inteligencia de la DINA, forma parte de las condenas que la Corte Suprema revisará en casos de condenados por delitos de lesa humanidad quienes fueron beneficiados de la medida de media prescripción, es decir, una reducción de pena, a pesar de que la normativa internacional lo impide. Esto, forma parte del cumplimiento del Estado de Chile al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La abogada concluyó que la situación de Iturriaga “no es inminentemente terminal, que es lo que también establecen los tratados internacionales en este sentido, y los elementos crónicos de la enfermedad que él posee en este momento se monitorean tanto por Gendarmería como por la ministra instructora de esta investigación y que está a cargo además de la ejecución de estas sentencias”.