Crisis en Quintero: indagan petróleo iraní e interrogan a ejecutivos de Enap

PARO ENAP

FOTO: DEDVI MISSENE

A un año de la emergencia ambiental, la fiscalía aún no formaliza. Hay seis profesionales de la estatal imputados.




Los niños y adolescentes fueron los primeros en alertar de que algo ocurría en la bahía de Quintero, en la Región de Valparaíso, el 21 de agosto del año pasado. De sentir mareos, pasaron a un fuerte picor en los ojos y luego a vómitos. El día terminó con decenas de intoxicados en el hospital local, e incluso algunos de ellos fueron trasladados a recintos asistenciales de Valparaíso. A partir de ese día hubo sucesivos eventos de este tipo en los que debieron ser atendidas 1.359 personas.

Se trató de episodios que obligaron al gobierno a acelerar la aprobación de un Plan de Prevención y Descontaminación para Quintero, Puchuncaví y Concón, y a la elaboración de una norma que estableció un máximo de dióxido de azufre.

A casi un año de la emergencia, ¿qué generó la crisis ambiental en la comuna? La Fiscalía de la Región del Biobío pesquisa eventuales responsabilidades por el delito de introducir sustancias tóxicas en el medioambiente que ponen en peligro la salud de la población (artículo 291 del Código Penal).

La fiscalía informó ayer que el expediente del caso acumula 17 tomos, los que incluyen 129 declaraciones e informes policiales. Al mismo tiempo, precisó que "adoptará las decisiones jurídicas que correspondan, las que serán comunicadas en las instancias procesales establecidas en la ley". Aún no hay personas formalizadas.

Han declarado como imputados los ejecutivos de la Refinería Biobío de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) Álvaro Hillerns, gerente; Patricia Cabalá, jefa del Departamento de Operaciones; Catherine Calvo, jefa de la División de Programación y Terminales, y Jorge Farías, encargado de asuntos marítimos. También están en la misma calidad Juan Pablo Rhodes, director del terminal de Enap en Quintero, y Carlos Lizana, jefe de Operaciones del recinto. Los últimos fueron interrogados esta semana.

De Irán a Chile

Los testimonios de operarios de Enap, entregados en calidad de testigos, apuntan a la presunta responsabilidad en la contaminación de la carga de crudo Iranian Heavy (proveniente de Irán) traída a Chile el 14 de julio de 2018 por el buque Monte Toledo, la que tenía un alto contenido del gas ácido sulfhídrico (H2S). La embarcación descargó en el terminal San Vicente, en la Región del Biobío, parte del petróleo en el barco Cabo Victoria, el 3 y 4 de agosto del año pasado. Luego, la nave Cabo Victoria se dirigió a Quintero. El término de esa faena coincide con la evacuación de la Clínica Biobío y del mall Plaza Trébol por fuertes olores a gas.

Una declaración clave fue la prestada el 5 de julio pasado por Álvaro Hillerns a la fiscal Ana María Aldana. El ejecutivo explicó que desde 2017 se hablaba de la importación de este petróleo entre los gerentes de la compañía, pero no se mencionó que tuviera ninguna característica especial.

Al mismo tiempo, aseguró que en julio del año pasado se realizó una reunión para abordar la llegada del combustible junto a otras jefaturas, con el fin de definir medidas de seguridad. Consignó que en ese momento se manejaba la información de que este crudo poseía sobre 1.000 ppm de H2S, por lo que se debían reforzar las medidas de seguridad en su manejo con un material químico denominado "secuestrante", que mitigaría los efectos del ácido sulfhídrico.

También relató que se reunió el 1 de agosto del año pasado con el gobernador marítimo para dar a conocer las maniobras que se harían en el puerto con esta carga y se le presentó una simulación sobre qué ocurriría en el caso de una fuga de gas, la que no arrojaba eventuales daños a la población.

Consultado Hillerns sobre quién autorizó las maniobras a pesar de la alta cantidad de gas del crudo iraní, respondió que fue la autoridad marítima. Respecto de quiénes aprobaron que se efectuara el "alije" o descarga de combustible de un barco a otro, aclaró que fue una decisión corporativa.

César Caniullán, inspector de prevención de la terminal San Vicente de Enap, sostuvo el 13 de mayo a la fiscalía que la compañía tiene como protocolo la prohibición de descargar buques que tengan más de 100 ppm de este gas. De acuerdo con los trabajadores, este límite no se habría cumplido. "Sobre la concentración de H2S que traía el Monte Toledo, supimos que era de al menos 9.000 ppm (...) por seguridad, en este caso no analizamos las muestras", explicó el químico marino Mauricio Becerra, exjefe de certificación de calidad de Enap en Biobío.

Con todo, los operarios declararon a la fiscalía que las mediciones realizadas en el Biobío no arrojaron alteraciones.

La última ruta

Las maniobras de descarga del crudo del Cabo Victoria en la terminal de Quintero se realizaron el 8 y 9 de agosto del año pasado. Según los operarios, la sustancia fue dispuesta en estanques.

Rodrigo Gamboa, operador de Enap durante 15 años, planteó su preocupación sobre esta maniobra en un correo electrónico enviado al director de la terminal, Juan Pablo Rhodes, el 20 de agosto de 2018 a las 08.29, un día antes de que se iniciaran las intoxicaciones en la zona.

"Se supone que este producto no trae mayor complicación, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo y es donde quiero poner la alerta. En lo personal, no puedo considerar un producto inocuo si al contacto produce irritación en las vías respiratorias, generando molestia en la visión, irritación, dolor de cabeza (...). Lo más importante, como dice nuestra política, son las personas y somos estas las que estamos siendo afectadas", advirtió Gamboa. Agregó que las emanaciones podían ser percibidas cada vez a mayor distancia (del punto donde estaban los depósitos de crudo), lo que, remarcó, "puede, según condiciones de viento, traernos problemas con la población". Por esto, señaló que se debería detener el drenaje del crudo y recordó, en su declaración a la fiscalía, que dos de sus compañeros sufrieron fuertes malestares.

Rhodes, a las 18.28 horas del mismo día, envió un correo donde informó que se suspendieron las faenas de drenaje, que se tomarían muestras de agua y comunicó medidas mitigatorias.

Los trabajadores del recinto sostuvieron que no se les comunicó a todos la presencia de este embarque con alta toxicidad. Guillermo Mondaca, operador multitareas, declaró el 4 de junio que "en el caso del Cabo Victoria, yo sabía que venía con más sulfhídrico de lo habitual. Lo supe en forma extraoficial, medios orales, en la sala de control, en el casino". Añadió que un grupo de funcionarios incluso manifestó su preocupación al sindicato de la empresa por la llegada del combustible.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.