El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, abordó este martes las críticas por parte de las empresas de servicios por una norma aprobada en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Y es que el artículo 32 dispone que las empresas distribuidoras de electricidad, sanitarias y de gas deberán reconectar gratuitamente y sin exigencia de pagos previos a usuarios residenciales y pymes que se encuentren en zonas afectadas por catástrofe, incluso teniendo suspensión por deudas.

De hecho, estipula que si no se cumplen ciertos plazos, se comenzarán a aplicar compensaciones automáticas.

La normativa, ingresada por la oposición, en un primer momento resultó retirada de la discusión durante su paso por comisiones en el Senado. Sin embargo, fue repuesta en la Sala y finalmente quedó en el texto despachado. Desde el Ministerio de Hacienda formularon reserva de constitucionalidad sobre el artículo.

En una carta a El Mercurio, representantes de las Empresas Eléctricas A.G., la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) cuestionaron este artículo en particular.

“Más allá de la discusión jurídica, la norma introduce una señal de política pública difícil de justificar”, criticaron en la misiva, firmada por la presidenta ejecutiva de Andess, Lorena Schmitt; el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches; y el presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés.

Los gremios enfatizaron que el artículo “termina extendiendo una medida de solidaridad a obligaciones incumplidas con anterioridad a la emergencia, debilitando los incentivos al cumplimiento”.

Por lo anterior, esperan que el texto sea rediseñado “de manera que beneficie efectivamente a quienes la necesitan”, de una forma que no altere “las reglas permanentes que permiten operar y sostener servicios esenciales ni generar efectos contraproducentes para el resto de los usuarios”.

Así las cosas, y consultado sobre la postura de las empresas, el biministro enfatizó que “la expectativa muchas veces del sector privado y del gobierno y del Estado a veces no confluyen directamente”.

“Hay que tener, por supuesto, un sentido de realidad para ver de qué forma se garantiza que los servicios básicos como electricidad, agua potable, telecomunicaciones y muchos otros sean repuestos con la seguridad de que las familias lo necesitan”, añadió.

Para concluir al respecto: “Nosotros como gobierno, por supuesto, vamos a hacer todas las gestiones para avanzar en esa discusión, no obstante es legítimo que hayan ciertas visiones diferentes”.