El viernes el correo del defensor penal público Víctor Providel tuvo novedades respecto al caso de Manuel Monsalve.

Era una notificación judicial que estaban esperando y que ya se había comenzado a ventilar. La Fiscalía Centro Norte presentó la acusación contra el exsubsecretario del Interior por los delitos de violación y abuso sexual, pidiendo las penas de 10 años y un día por el primer delito y cuatro años y un día por el segundo.

A eso se suma la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para ejercer su profesión de médico mientras dure la condena.

En la acusación la Fiscalía propone un listado de 89 personas para que presenten su testimonio en estrado. Una lista que deberá ser ratificada por el tribunal si es que la defensa invoca alguna exclusión legal, lo cual se hará en las audiencias de preparación del juicio oral.

El gobierno

El listado lo inicia la mujer que denunció a Monsalve, una subalterna que aún permanece en la nómina de trabajadores de la Subsecretaría del Interior. Según la acusación, “su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los delitos investigados”.

Además, deberá exponer “todo lo que vivió, vio, escuchó, realizó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados, y especialmente respecto de: hechos que fundan la acusación, participación del acusado en los hechos, circunstancias en que se produjeron las agresiones de las que fue víctima, interacciones posteriores con el acusado y testigos en relación a los hechos, consecuencias posteriores a los hechos, asociadas a su afectación de salud”.

Luego está el círculo de hierro de Monsalve, integrado por varios colaboradores cercanos que trabajaron en esa cartera. Allí están la exministra de la Segpres Ana Lya Uriarte, su exjefe de gabinete Gabriel de la Fuente, el exjefe directo de la denunciante Gustavo Herrera, la exjefa jurídica de Interior Luppy Aguirre y los periodistas Diego Bustamante y Ana María Araneda, quienes conocieron a Monsalve en la Cámara de Diputados cuando el médico socialista era parlamentario.

De ese círculo es donde aparecieron las primeras defensas al imputado. Por ejemplo, en una entrevista de marzo de este año a CNN Chile, Uriarte manifestó que tras ver las imágenes de Monsalve con la mujer en su recorrido posterior al restaurante Ají Seco no se veía “una actitud de forzamiento por parte de Manuel”.

Ellos no son los únicos funcionarios de gobierno que propusieron los fiscales Centro Norte. Allí también están Nicole Otazo, Camilo Araneda, Ricardo Lillo, Catalina Arrey e Ilse Sepúlveda. De hecho, parte de ese grupo fue mencionado en la primera declaración de la víctima.

A Arrey la mencionó como “su mejor amiga” en Santiago y a Lillo como un “muy buen amigo”. Fueron ellos, según sus palabras, los primeros que supieron de los hechos al interior del gobierno. De hecho, dice que Lillo le señaló que había sido una violación y que debían ir al Servicio Médico Legal.

Los persecutores también solicitaron las declaraciones de la exministra del Interior Carolina Tohá, del ministro de Seguridad, Luis Cordero -quien por esos días se desempeñaba como ministro de Justicia-, y del propio Presidente Gabriel Boric, quien habló en privado con Monsalve el mismo día en que esto se hizo público.

Familia, policías, Ají Seco y hotel

Los fiscales también piden que declaren varias personas del círculo cercano de la denunciante, entre quienes están su padre, su madre y sus dos hermanos.

Asimismo, el listado incluye a Rodrigo Candia, amigo de la mujer de la época de la universidad. A él le contó de los hechos el martes 24 de septiembre, cuando volvió a trabajar. “Me desahogué con él, fue el primero con el que hablé”, dijo en su declaración.

Un buen número de policías integran el grupo. Por ejemplo, se pide el testimonio del general Enrique Monrás, quien trabajaba directo con Monsalve en ese entonces; la renunciada jefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches, el subprefecto de la PDI Hassel Barrientos y varios funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales y del área de Inteligencia.

Algo similar ocurrirá con los trabajadores del Ají Seco Místico, restaurante donde Monsalve y la mujer fueron a comer el 22 de septiembre. Allí se requiere a los garzones, cajeras, jefe de salón e incluso el contador.

También deberán asistir a tribunales dos psiquiatras que atendieron a la víctima posterior a los hechos. Por último, los investigadores pidieron la declaración del recepcionista del edificio donde vivía la mujer. A él le pedirán que relate todo lo que vio posterior a los hechos denunciados, además de contar lo que ocurrió con Fernando Silva Tagliabue, expareja de la mujer y sujeto que fue denunciado por hechos violentos contra ella a inicios de este año.