El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, expuso este martes ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados el detalle de los informes de la Contraloría General de la República sobre el uso irregular de licencias médicas.

Según los antecedentes entregados, y tras la depuración de un total de 1.409 trabajadores involucrados –según determinó inicialmente el órgano fiscalizador- se informó que 1.204 funcionarios de la institución se encuentran bajo investigación por irregularidades vinculadas a permisos médicos, cifra que, a juicio de la autoridad, revela un problema estructural que afecta a la dotación de personal y a la probidad institucional.

Al respecto, Pérez precisó que la información provino de distintos Consolidados de Información Circularizada (CIC) emitidos por la Contraloría: en el CIC N°9 se detectaron 207 funcionarios civiles; en el CIC N°13, 44 médicos; en el CIC N°14, un total depurado de 862 uniformados; y en el CIC N°15, 91 funcionarios que concurrieron a casinos. “En total, son 1.204 funcionarios”, remarcó la autoridad.

El director nacional (s) explicó que el 31 de julio de 2025 Gendarmería recibió un oficio reservado de la Contraloría con la nómina de personas que habían salido o permanecido en el extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Ese documento, que correspondía a una base de datos en formato Excel, debió ser depurado para determinar los casos efectivamente vinculados a la institución.

El resultado final, según el CIC N°14, arrojó 862 funcionarios, distribuidos principalmente entre suboficiales (675), además de 72 oficiales en servicio activo, 34 pertenecientes a otras plantas y 81 funcionarios en condición de retiro.

Uno de los elementos más sensibles es la presencia de oficiales de alta jerarquía. Pérez habló sobre los casos de cinco coroneles, de los cuales cuatro ya fueron llamados a retiro, aplicándose el DFL-2, dada la mayor exigencia que pesa sobre esos cargos.

Además, se instruyó un procedimiento similar respecto de una teniente coronel. “Nuestro criterio ha sido siempre garantizar el debido proceso, evaluando caso a caso los antecedentes, considerando los factores geográficos y la argumentación de los propios funcionarios en su defensa”, enfatizó.

El procedimiento administrativo fue instruido a todos los funcionarios mencionados en el CIC N°14, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades individuales. No obstante, Pérez señaló que, debido al volumen de casos, se resolvió desagregar las investigaciones en cada dirección regional para evitar que un solo sumario nacional colapsara los plazos legales de tramitación.

Así, desde el 5 de agosto se dictaron resoluciones para instruir un sumario administrativo por cada funcionario involucrado.

Medidas de control

En paralelo, remarcó que se han impulsado medidas de control para enfrentar el ausentismo laboral, entre ellas el fortalecimiento de las comisiones médicas locales, mesas de trabajo específicas, procedimientos de cobro de licencias rechazadas o invalidadas, y la aplicación del artículo 151 del DFL-29, relativo a la declaración de salud incompatible para el ejercicio del cargo.

Pérez fue enfático en que los resultados del CIC N°14 representan una situación de “gravedad institucional”, ya que revelan que un número significativo de funcionarios y funcionarias vulneraron las condiciones de reposo médico al realizar viajes o permanencias en el extranjero entre 2023 y 2024.

“Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar la probidad interna y la eficiencia del servicio penitenciario”, afirmó.

La autoridad recordó que, incluso antes de los informes de Contraloría, la propia institución ya había iniciado alrededor de 40 sumarios administrativos, tras detectar a través de fuentes abiertas y redes sociales a funcionarios que, estando con licencia médica, aparecían realizando actividades en el extranjero.

“Había evidencia abrumadora, incluso en publicaciones públicas, lo que nos permitió actuar previamente, aunque en menor escala”, señaló Pérez.

Crisis en la institución

Gendarmería atraviesa una de las peores crisis institucionales de los últimos años, marcada por una serie de hechos que han puesto en entredicho su gestión y control interno. A los más de 1.200 funcionarios involucrados en uso irregular de licencias médicas, se suma el grave caso de escape de tres reos desde la cárcel de Valparaíso, ocurrido el pasado 15 de agosto, hecho que volvió a poner en debate las falencias en la seguridad penitenciaria.

Desde el Ministerio de Justicia se dio cuenta de un paquete de 17 medidas de reforzamiento de la seguridad en los recintos penitenciarios.

Cabe señalar que uno de los reos fugados es Juan Israel González Quezada, condenado a presidio perpetuo por su responsabilidad en el homicidio del mártir de Carabineros, David Florido.

La gravedad del caso llevó a que, el mismo día de la fuga, Gendarmería removiera de sus funciones a la línea de mando del penal. Posteriormente, el director (s) Rubén Pérez confirmó la expulsión definitiva de los cinco funcionarios directamente responsables, entre ellos el coronel José Quijada Ortega, el teniente coronel Adolfo Ortega Rivera y el mayor Luis Vásquez Vásquez, además de dos gendarmes de menor rango.

A esta situación se suma la polémica por la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, condenado por homicidio, cuya salida se produjo por un error de coordinación entre Gendarmería y los tribunales de justicia. Este episodio precipitó la renuncia del entonces director nacional de la institución, Sebastián Urra, y abrió un complejo escenario de cuestionamientos políticos y administrativos.

Hoy, bajo la conducción interina de Rubén Pérez, la institución enfrenta investigaciones internas y parlamentarias, en medio de un creciente clima de desconfianza ciudadana por la falta de control en la gestión penitenciaria y la fragilidad de la seguridad en los recintos.