La teleserie que supone el Hospital de San Antonio sigue sumando capítulos. Después de que el Servicio de Salud a cargo del recinto le pidiera la salida a Loreto Maturana de la dirección luego de contratar a la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica, la ahora exmáxima autoridad del recinto concreta lo que hace unos días había anunciado en La Tercera: la presentación de acciones legales por su remoción.

La matrona e ingeniera comercial presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, representado por su director (s) Juan Castro, “en razón de la emisión del acto consistente en la solicitud de renuncia no voluntaria de mi cargo como directora del Hospital Claudio Vicuña, acto que se erige como ilegal, arbitrario y que vulnera mis garantías fundamentales”.

Acto seguido, maturana hace una descripción cronológica de los hechos desde que el 20 de abril asumió Vega, hecho que, según expone, había sido puesto en conocimiento del servicio el 10 de abril. “Luego de hacerse pública la asunción del cargo (...) a través de medios locales y nacionales se anunció que dicho nombramiento habría causado roces y críticas en el gobierno”, detalla.

Ante esto, prosigue, el jueves 23 de abril se le solicitó la renuncia no voluntaria. “Cabe indicar que dentro de los argumentos publicados como razones de la solicitud de renuncia se indican la ‘pérdida de confianza y reiterados errores en la conducción de mi gestión’. Hago manifiesta reserva de derechos a impugnar mi pronta desvinculación por los motivos indicados. En esta oportunidad, y antes que la desvinculación se haga efectiva, vengo a impugnar la solicitud de renuncia no voluntaria que se ha hecho de forma ilegal”.

Así, esgrime que la facultad de remoción de los directivos de Alta Dirección Pública (a su cargo llegó por esa vía) “no se agota en la mera invocación de la ‘pérdida de confianza’”, porque se exigen requisitos de fondo y forma. En su caso, agrega, se omitió la comunicación con el Consejo de Alta Dirección Pública. “Esta omisión se explica por el actuar precipitado e irreflexivo -arbitrario- del recurrido, quien hace llegar la solicitud de renuncia no voluntaria a los pocos minutos de haberme manifestado telefónicamente su exigencia de poner término a la contratación de la Dra. Vega. Como no accedí a esa infundada petición, que iba en desmedro del buen servicio del hospital y, consecuentemente del interés público, el director solicita mi renuncia”, detalla Maturana.

Por todo esto, la profesional pide dejar sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le solicitó la renuncia no voluntaria, así como su restitución, además del pago íntegro de todas las remuneraciones, asignaciones y beneficios previsionales que haya dejado de percibir durante el tiempo apartada de sus funciones.

Asimismo, pide una orden de no innovcar mientras se tramita este recurso, “con el fin de paralizar cualquier decreto de remoción o nombramiento de un reemplazante, para evitar que el daño sea irreparable”.

Así, el flanco que se le abrió al Minsal a través de Redes Asistenciales, repartición que tiene a su cargo los servicios de salud, sigue sin cerrarse y, muy por el contrario, amenaza con seguir escalando.