La contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue invitada a la comisión de Educación del Senado para abordar el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES), y en específico sobre su viabilidad, en el marco del dictamen que la Contraloría publicó sobre la materia en octubre pasado donde consideró que el mecanismo propuesto por el Ministerio de Hacienda no es propiamente un activo financiero, sino que un gasto, ya que no hay una contraprestación.

En su presentación, la contralora reiteró que los recursos que el Estado entregaría bajo el FES no pueden considerarse activos financieros al momento de otorgarse, ya que no generan un derecho adquirido inmediato.

“Solo en el momento en que se determina el monto a cobrar en base a los eventuales ingresos que obtengan los estudiantes -los beneficiarios- se podría contabilizar un activo financiero por la cuenta por cobrar respectiva”, destacó.

Adicionalmente, señaló: “Se descarta que este instrumento pueda ser clasificado en la categoría de bienes financieros como préstamos y cuentas por cobrar, pues esto requiere que el instrumento tuviera cobros fijos o determinables y que se valorice por su costo amortizado".

En cambio, indicó la contralora, lo que se ve de acuerdo al proyecto es que el FES “no tiene un monto de deuda a cobrar específico para el beneficiario al momento en que se financien sus estudios”.

“Esto se va a determinar después, una vez que se sepa cuál es el monto de los ingresos del estudiante o del beneficiario. También se hace presente allí que de acuerdo con las características del proyecto y la normativa contable que está vigente que ya describimos, las expectativas de recuperación futura podrían enmarcarse en la definición de activos contingentes“, sostuvo.

En otros efectos, indicó, en el instrumento FES no existiría o no registraría garantía del Estado, a diferencia del CAE, que sí lo registra.

Análisis de la Contraloría “no tienen componente político”

En la instancia, la contralora general también hizo hincapié en que los análisis que realiza la Contraloría -no solo en esta materia, sino en todas en las que participa conforme a su ordenamiento jurídico- “son estrictamente técnicas y no tienen componentes políticos”.

“Nosotros no tenemos atribuciones para ver el mérito de las políticas públicas que diseña la administración”, sostuvo tajante. “A nosotros lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional y legal es verificar la legalidad de las actuaciones”.

Esa, recordó, es una de las funciones de la entidad.

“No solamente emitimos normas contables, sino que también establecemos cuáles son los procedimientos para llevar nuestra contabilidad gubernamental y emitimos el informe de gestión financiera del Estado. Y tenemos una cuarta función, que es la función jurisdiccional para la recuperación del patrimonio público que hubiera sido dañado. Es importante tener presente que son estas cuatro funciones distintas”, indicó.

En esta línea, la contralora especificó que esto es “un pronunciamiento contable no es un dictamen que pueda estar interpretando normas legales vigentes, como escuché en algunas oportunidades en el foro a propósito de la emisión del informe contable que emitieron”. Luego afirmó que el pronunciamiento de la Contraloría “es exclusivamente técnico”.

“Nosotros no estamos ni apoyando ni a favor o en contra de este proyecto, ni de su avance, sino que exclusivamente pronunciándonos de cómo se debe contabilizar una vez que este instrumento sea enteramente diseñado", afirmó.

“Lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación constitucional y legal”, concluyó.

Asimismo, y consultada sobre la reconsideración solicitada por el gobierno y el impacto fiscal del proyecto, la contralora expresó que han estado sosteniendo diversas reuniones revisando esta materia con Hacienda. Asimismo, indicó, de ser solicitado, pueden emitir un nuevo oficio contable una vez sean ingresadas nuevas indicaciones al proyecto.

“Más allá de nuestra reconsideración, que se va a pronunciar respecto de lo que ya estaba vigente, nosotros estábamos un poquito a la espera de qué es lo que se iba a ingresar. Toda vez que esto va a cambiar, si es que el instrumento tiene otro sistema de contratación, si el instrumento tiene algunos elementos para determinar los montos efectivos a los que el fisco podría tener derecho en su recuperación, va a cambiar completamente la naturaleza del instrumento”, añadió.