La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en las últimas semanas abrió una nueva arista en la indagación que lleva adelante a propósito del eventual tráfico de influencias en los nombramientos judiciales.

Un reporte, enviado por su par de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, fue la alerta que activó nuevas pesquisas vinculadas a los jueces. Todo tuvo su origen en la causa que está radicada en esa jurisdicción y que tiene como imputada a la exministra Ángela Vivanco y a su pareja Gonzalo Migueles.

Las pesquisas que dirige Wittwer respecto de Vivanco y Migueles habían salpicado a dos conservadores que son del círculo cercano a Migueles. Se trata del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y del Conservador de Bienes Raíces de Chillán Yamil Najle.

Según ha explicado Migueles, él realiza labores remuneradas tanto para Yáber como para Najle, lo que explicaría los depósitos que habría en su cuenta corriente de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores.

Por eso Wittwer tenía puesto el ojo en ambos imputados, a quienes no solo tenía interceptados sus celulares sino que la semana pasada además lideró dos incautaciones en las dependencias de esos conservadores en sus respectivas comunas.

Según fuentes que han sabido de los pasos del Ministerio Público, fue en el monitoreo que estaba haciendo el equipo de Wittwer que hace semanas saltó una conversación telefónica en que Yáber -abogado de la Universidad Gabriel Mistal- habría comentado con un tercero que se estaban haciendo gestiones para incidir en el voto del supremo Arturo Prado.

Esto en el contexto de cuando el máximo tribunal tenía que votar la remoción del suspendido ministro Antonio Ulloa. Una votación que terminó rechazando la expulsión del juez debido a un empate de siete votos contra siete.

Pese a la escucha, el martes magistrado Prado descartó cualquier interferencia en su votación en aquel pleno: “Con respecto a la alusión a mi persona relativa a que habría sido mencionado en una llamada telefónica de una persona no identificada y que es parte de una investigación del Ministerio Público, sólo puedo señalar que nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema“. Además en la judicatura comentan que incluso ante la eventualidad de que Prado hubiera votado por remover a Ulloa, el magistrado no habría sido expulsado de la magistratura ya que el voto para hacerlo era de 11 y con Prado solo se habrían obtenido ocho preferencias.

El Ministerio Público está decidido a tirar el hilo de Yáber. Para eso Perivancich despachó orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI.

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó la existencia de esta causa y de la existencia de dliligencias en curso, razón por la cual evitó entregar detalles al respecto. “Tanto la causa de Los Lagos como la causa de Valparaíso son investigaciones reservadas”, se limitó a responder este miércoles la máxima autoridad del Ministerio Público.