A fines de mayo, Junaeb se transformó en la primera institución que el gobierno denunció en Fiscalía tras su proceso de auditoría a la administración anterior. En esa oportunidad, las actuales autoridades de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas lideradas por Fernando Peña acusaron que sus antecesores, encabezados por Camila Rubio, efectuaron pagos irregulares por a Soser, una de las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, por raciones que nunca se entregaron.

Tras ello y aunque silenciosamente, el tema no ha hecho más que escalar: la bancada de RN solicitó una comisión investigadora, la exdirectora de Junaeb calificó de “injuriosa” la acusación de su sucesor, y la propia Soser se querelló contra Peña por denuncia calumniosa. Pero el tema no queda ahí, sumando ahora un nuevo capítulo.

Hacia fines de la semana pasada, la propia Soser pasó a la ofensiva y ofició tanto a Peña como a la contralora general de la República, Dorothy Pérez. En ambos textos a los que tuvo acceso La Tercera, los representantes de Soser -Matías Pizarro y Leyla Safatle- piden, amparándose en la ley vigente, la inhabilidad administrativa del actual director de Junaeb para futuros procesos licitatorios y de ejecución de contratos vigentes, por estimar que hay circunstancias objetivas que comprometen su imparcialidad.

“Lo anterior, atendida la necesidad de resguardar los principios de imparcialidad, objetividad y probidad administrativa que deben regir el actuar de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, particularmente cuando concurren circunstancias que puedan comprometer la debida objetividad en la toma de decisiones”, se justifica en el documento que le fue enviado a Peña el jueves 2 de julio.

La inhabilidad solicitada es tendiente a cualquier actuación vinculada con procedimientos en los cuales Soser participe, ya sea en su calidad de oferente en procesos de contratación pública convocados por Junaeb, o como proveedor en el marco de los contratos vigentes.

“La presente solicitud se justifica atendido que la autoridad requerida ha emitido declaraciones públicas y desplegado actuaciones en contra de Soser, generando una situación que trasciende el plano estrictamente institucional y configura un conflicto que compromete su imparcialidad”, se lee, contextualizando que Peña actualmente actúa como denunciante de la empresa ante el Ministerio Público, y que es objeto de una querella criminal interpuesta por la misma Soser.

En el oficio al director de Junaeb, Soser detalla algunas de las acciones que, dice, compromete la imparcialidad de Peña, entre las que se cuentan declaraciones públicas en medios de comunicación y en el Congreso entre mayo y junio en las que le atribuye a Soser “conductas reñidas con la legalidad y relacionándola con supuestas irregularidades”.

Aunque más breve, Soser le envió a la contralora Pérez otro oficio al día siguiente, donde ponen en conocimiento esta petición de inhabilidad.

“La referida presentación solicita que dicha autoridad se abstenga de intervenir en aquellos procedimientos administrativos que puedan incidir en los derechos e intereses de Soser, tanto en procesos de contratación pública como en la ejecución de contratos vigentes, por estimar que concurren circunstancias objetivas que comprometen su imparcialidad”, dicen.

En particular, suma el escrito, la solicitud se funda “en las reiteradas declaraciones públicas formuladas por dicha autoridad respecto de nuestra representada en su calidad de proveedor de Junaeb, en la denuncia presentada por el Secretario General ante el Ministerio Público y en la existencia de una querella criminal deducida por Soser en su contra, la que fue declarada admisible el 30 de junio de 2026″.

“Atendido que la presentación invoca normas y principios vinculados a la imparcialidad, abstención y probidad administrativa, estimamos pertinente poner estos antecedentes en conocimiento de esa entidad de control, para los fines que estime procedentes dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales”, cierra el documento.

Respecto de su ofensiva, Soser señala a La Tercera que la autoridad administrativa “se encuentra obligada a respectar normas sobre su imparcialidad y abstenerse de participar en asuntos en los cuales ella se ha visto comprometida atendido sus propias declaraciones y actos. Precisamente, en este caso, el director ejecutivo de Junaeb ha emitido declaraciones públicas y desplegado actuaciones en contra de Soser que acreditan su falta de imparcialidad, generando una situación que trasciende el plano estrictamente institucional y configura un conflicto que compromete su independencia”.

Soser suma que “no tiene inconvenientes en el ejercicio de atribuciones por parte de Junaeb, solo espera que quienes las adopten no transgredan la independencia de quienes tienen el poder y hace presente que quienes vulneran este deber transgreden la probidad que se espera de los funcionarios públicos”.

En respuesta, el propio Peña dice escuetamente a este medio que “las causas de inhabilidad están bien definidas en la ley. Los procedimientos asociados a la confección de las bases como de evaluación de ofertas son imparciales, y están bien resguardados”.