El martes 1 de julio el gobierno llegó confiado a la votación que se debía desarrollar en la Comisión de Educación de la Cámara sobre el proyecto de ley que busca cambiar las exigencias para ingresar a pedagogías. En el fuero interno se asumía que estaban bien parados y que, con una comisión en los papeles favorables, un proyecto sentido para el oficialismo pasaría tranquilamente a sala. Pero al final la propuesta -con votos oficialistas- terminó rechazándose y, encima, la frustración derivó en una acusación de hostigamiento de la diputada Mónica Arce (independiente de la bancada DC) en contra del subsecretario de Educación, Víctor Orellana, quien posteriormente se disculpó públicamente.

Con todo eso como antecedente, hoy por hoy en el Ministerio de Educación lo que ahora menos reina es la confianza. Saben que, encima, el ambiente en el Congreso, sobre todo después de lo ocurrido con las multas por no votar y los acuerdos que se rompieron, quedó frágil e incierto.

“A esta altura no se puede dar nada por sentado, sabemos que hay gente en contra de que esto se legisle. Hay que ver quién finalmente tendrá más fuerza en sus argumentos, si nosotros o ellos”, dicen entendidos del panorama en el Mineduc.

Para entender el conflicto hay que remontarse a los orígenes de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En ella había modificaciones a normas existentes con el objetivo de mejorar la calidad de los profesores. Uno de esos cambios era aumentar progresivamente los requisitos para acceder a estudiar pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos en 2017, a 550 en 2026, elevando los percentiles de corte en el ingreso.

Pero la medida se fue postergando y sobre todo los rectores de las universidades presionaron para que esto no ocurriera, argumentando que bajaría la cantidad de estudiantes habilitados para ingresar a estudiar pedagogías, en un contexto donde ya se proyectaba un déficit enorme de profesores en el país.

En paralelo, diversas voces expertas advertían que postergar las mayores exigencias de ingreso atentaría contra la calidad de profesores que busca la ley. Esto, a su vez, dividió al Congreso y al propio oficialismo. Y es que tras introducir un artículo en la Ley de Reajuste que lo que hacía era postergar de 2025 a 2026 la entrada en vigencia de esos requisitos adicionales, el Ejecutivo se comprometió con el Parlamento a presentar un proyecto de ley que se hiciera cargo del problema.

Así, en ese proyecto el Mineduc propone que el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario, compuesto por rectores y cartera, determine los requisitos para estudiar carreras de pedagogía. “El objetivo es ajustar los criterios de admisión a la pedagogía de manera técnica, periódica y basada en evidencia”, explicaba el Mineduc en ese momento.

Ese es el proyecto que en la Comisión de Educación de la Cámara fue rechazado el 1 de julio, llegando con informe negativo a sala, donde está en el tercer punto de la tabla para ser votado este martes de forma general.

Y aunque entendidos del quehacer de la Cámara dicen que es difícil que alcance a votarse puesto que antes de esta iniciativa se discutirán la renovación del estado de excepción en La Araucanía y los nuevos requisitos para el pago de la dieta a los expresidentes de la República, en el Mineduc igualmente han acelerado las conversaciones para intentar alinear a los suyos y llegar a acuerdos con los otros.

En esas conversaciones se ha planteado como idea central la necesidad de legislar y revertir lo que ocurrió en la comisión, presentando un diagnóstico que da cuenta de la escasez de profesionales idóneos en el sistema, el déficit proyectado y las caídas de matrícula y titulaciones.

En ese tránsito, tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como los subsecretarios Víctor Orellana (Educación Superior) y Alejandra Arratia (Educación) han sostenido diversas conversaciones con centros de estudios, académicos y diputados a favor y en contra del proyecto, principalmente de la Comisión de Educación, para abordarlo. La semana pasada Orellana en persona viajó hasta el Congreso para tratar de unificar la postura oficialista que, dicho está, hasta aquí no está asegurada. De hecho, el diputado Juan Santana (PS) votó en contra de esta iniciativa en la comisión.

Fuentes de la colectividad socialista señalan que aún no han zanjado su postura como bancada en torno al proyecto y que pronto podría haber una conversación con el ministerio al respecto. Ejemplos como el del PS son los que miran con preocupación en el propio Mineduc para decir que hasta que no se vote cualquier cosa podría pasar.

Y es que, encima, ya hay posturas más o menos zanjadas, como por ejemplo la de la UDI. “Aunque compartimos el interés por mejorar los niveles al interior de las carreras de pedagogía, este proyecto de ley, lamentablemente, no aborda de manera global todos los problemas actuales que afectan al sistema educativo. Limitarse solamente a los requisitos de ingreso, sin considerar otras medidas que incentiven a que los mejores estudiantes se inclinen por la docencia, es absolutamente insuficiente y demuestra un desconocimiento de la realidad que enfrentan los profesores”, señala el diputado Eduardo Cornejo, integrante de la Comisión de Educación, quien añade que el problema actual “no se soluciona simplemente aumentando la cantidad de estudiantes que acceden a esas carreras. Si no garantizamos condiciones de seguridad en las aulas, una infraestructura adecuada, estabilidad laboral y mejores remuneraciones, los niveles de deserción seguirán creciendo, con todos los efectos en cadena que eso conlleva”.

Asimismo, hay posturas como las que se toman en RN. Así lo deja ver el diputado Hugo Rey, también integrante de la Comisión de Educación: “El proyecto podría tener posibilidades de avanzar, siempre y cuando se realicen mejoras sustantivas”, dice, advirtiendo que tal como está planteado hoy “debilita la carrera docente y rebaja el estatus de la profesión al equipararla a otras con menores exigencias académicas, lo que es una gran preocupación”. Y cierra: “Si el Ejecutivo introduce cambios que realmente fortalezcan la carrera y dignifiquen la labor de los profesores, recién ahí podríamos evaluar su aprobación. Eso es lo que le he transmitido directamente al gobierno”.

Asimismo, la también RN Marcia Raphael asevera que “Chile necesita con urgencia más y mejores profesores, pero este proyecto no ofrece la respuesta que el país requiere”, y que flexibilizar los requisitos de ingreso a pedagogías “es apenas un parche que no resuelve las causas estructurales: una carrera mal valorada, mal remunerada y con condiciones laborales cada vez más complejas”.

Otras voces en Renovación Nacional refuerzan la idea de que solo se allanarían a la aprobación en caso de que se hagan cambios al proyecto.

En paralelo, las universidades y sus distintas agrupaciones según origen, que mucho tienen que decir en este conflicto y que llevan adelante una agenda clara para que se apruebe la idea de legislar, también han intentado avanzar en las conversaciones con los diputados, pero también con el ministerio a través de su Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, con quienes han trabajado un acuerdo general sobre los puntos más controvertidos del proyecto. La idea, dicen entendidos, es poder llegar con ese entendimiento listo para cuando sea que se termine votando y cuadrar al Congreso detrás de la idea de legislar, para posterior a ello ingresar las indicaciones que se hayan acordado.

Por ahora las miradas que se contraponen son claras: más o mejores profesores, pero también que haya claridad sobre cuáles serán los criterios a considerar en una selectividad suficiente.