Hace un par de meses que en el Poder Judicial se abrió un grave sumario reservado que incomoda a algunos funcionarios al interior de la magistratura.

La decisión la tomó el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) luego de recibir una denuncia. Esta instancia está integrada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y los supremos titulares Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo. Como ministros suplentes están Leopoldo Llanos y Andrea Muñoz.

Fuentes judiciales comentan que cuando el consejo recibió la denuncia y tomó conocimiento de eventuales irregularidades cometidas al interior de la CAPJ, ordenó a la ministra Gajardo que asumiera como la instructora de la indagatoria.

Según pudo recabar La Tercera, el sumario indaga eventuales hechos vinculados a faltas a la probidad funcionaria. La sospecha es que existirían algunos funcionarios de la CAPJ que ocuparon su posición para asumir negocios paralelos aprovechando el conocimiento adquirido en el ente que administra todo el Poder Judicial.

Quienes han sabido de esto comentan que la indagatoria afecta al Departamento de Desarrollo Instituciona (DDI). Específicamente al jefe Mario Lara, el subjefe Esteban Paiva y al funcionario de esa misma área Pablo Cabezas. Este departamento corresponde al brazo técnico de la CAPJ y es el que evalúa los requerimientos de los tribunales para asegurar su funcionamiento.

Lara, dentro de sus proyectos en el DDI, tiene a su cargo la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. El problema sería que Lara, a su vez, asumió funciones similares con el Poder Judicial de República Domincana y otros países. Algo que, según fuentes judiciales, él ha negado.

Los indicios apuntan a que Lara y los otros funcionarios, con financiamiento de la CAPJ, desarrollaban aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y el uso que se le puede dar en la judicatura. Este mismo conocimiento luego era ofrecido como un servicio a otros países.

La mano de Gajardo

Este medio consultó a la ministra Gajardo, quien se limitó a confirmar que está indagando dos denuncias por faltas a la probidad funcionaria. Una fue recibida el 20 de octubre y la segunda se recepcionó a principios de diciembre. Luego de la primera denuncia, el consejo la designó como instructora del sumario. Semanas más tarde, el 4 de diciembre, Gajardo optó por agrupar el asunto debido a que se trata de hechos similares.

Dada la gravedad de los hechos, el 9 de diciembre la ministra Gajardo suspendió a los tres funcionarios por un plazo de dos meses.

El sumario ha tenido ocupada a la ministra. De hecho, tanto el miércoles como durante esta jornada la magistrada no ha integrado la Segunda Sala de la Suprema. Esto debido a que se encuentra en comisión de servicio para que realice diligencias.

Su plan es agotar las diligencias cuanto antes para cerrar la indagatoria la próxima semana. Luego de eso vendría la formulación de cargos y posteriormente la posibilidad de descargos y apelaciones respectivas por parte de los sumariados.

Fuentes cercanas a la ministra, además, sostienen que Gajardo está decidida a llegar hasta el fondo de las denuncias. Por lo mismo, ha puesto máxima diligencia en esta labor investigativa. Quienes la conocen comentan que el encargo que le dio el Consejo Superior de la CAPJ lo ha asumido con la mayor celeridad posible, porque quiere transmitir que el sumario se lo toma en serio pues considera que los hechos son graves.

Por su parte, consultada la CAPJ informaron que el reglamento de investigaciones disciplinarias que afecta sus funcionarios, en su artículo 20, “establece que el procedimiento de investigaciones disciplinarias será reservado, salvo para la persona investigada, mientas no recaiga sentencia ejecutoriada”.

La existencia de este sumario no es una sorpresa al interior de la magistratura. De hecho, a junio de este año la CAPJ tenía más de 20 investigaciones administrativas abiertas por distintos hechos.

Hace dos años el escándalo de la fallida compra de autos Lexus por $1.300 millones remeció fuertemente a la Corte Suprema. Tanto así que se abrió un sumario, instruido por la ministra Melo, en el que se indagó la responsabilidad administrativa del exdirector de la CAPJ Ricardo Guzmán y el exsubdirector Zvonimir Koporcic. Ambos directivos fueron suspendidos de sus cargos y luego, meses después, el pleno los destituyó por pérdida de confianza.

El escándalo de los autos Lexus implicó una revisión en los mecanismos de compra de la CAPJ. Luego de ese episodio Blanco fue duro en exigir una reestructuración del sistema y por esa razón se redujeron drásticamente las compras por trato directo. Además la intervención de Blanco significó que se empezaran a privilegiar las licitaciones públicas a través la plataforma Mercado Público. Junto con eso también se abrió un canal de denuncias abierto para todo el Poder Judicial.

Desde la destitución de la primera línea de la CAPJ que la entidad sigue comandada por directivos interinos. Así, a la fecha, la directora interina es Andreina Olmo y el subdirector interino es Álex Saravia.