Este viernes terminó la formalización de 22 personas detenidas por distintos delitos financieros en la Región de la Araucanía, las cuales se coordinaron para desarrollar una elaborada red de defraudación de instituciones bancarias y financieras, en lo que fue denominado por la policía como Operación Imperio.

De acuerdo con el Ministerio Público, un clan familiar de Temuco ideó un mecanismo que consistía, mayormente, en captar a terceros para falsificar sus antecedentes personales y comerciales con el objetivo de obtener millonarios créditos, que posteriormente no eran pagados.

También engañaban a entidades financieras presentando documentación falsa para que terceros accedieran al financiamiento de vehículos 4x4 y todoterrenos de alta gama, los que luego vendían a clientes extranjeros a través de empresas domiciliadas en Iquique a mayor valor.

La Fiscalía aseguró que los imputados crearon empresas de papel, proporcionando antecedentes falsos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para triangular los ingresos de la organización y los distribuían entre personas que tenían el rol de testaferros.

Así, en la extensa audiencia -que comenzó el jueves-, se decretó la prisión preventiva para cinco integrantes del clan familiar -incluyendo un padre y sus tres hijos- que encabezaban la red criminal, por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.

La medida también se tomó contra otras nueve personas que tenían vinculación con el grupo familiar. Entre ellos R.C.C, funcionario del Poder Judicial de Temuco.

En tanto, la exesposa de uno de los líderes de la banda fue puesta bajo arresto parcial, firma semanal y arraigo nacional, al igual que otros dos implicados. Otros, como R.G, fueron sometidos a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

A otro de los imputados, identificado como O.M. y para el cual se había dictado prisión preventiva por peligro de fuga, se le reemplazó la medida por una fianza de $15 millones. Con todo, 14 personas quedaron bajo prisión preventiva y otros ocho, que actuaron como testaferros, quedaron con medidas como arraigo nacional, arresto domiciliario y firma ante Carabineros.

La audiencia

En el Juzgado de Garantía de Temuco se produjo la audiencia por los detenidos en la “Operación Imperio”, la que desbarató un grupo sindicado como responsable de los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude de seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa, entre otros.

Los operativos policiales se desarrollaron en Temuco, como también en domicilios ubicados en las regiones Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, donde se incautó objetos de alto valor, como vehículos de alta gama, una lancha y se detectó una avioneta que era propiedad de los imputados, pero que posteriormente fue vendida.

En primera instancia producto de estos hechos, se detuvieron a 41 personas, de las cuales 19 quedaron con medidas de menor intensidad, mientras que los restantes 22 enfrentaron a la justicia este viernes, en una extensa audiencia de formalización que concluyó pasadas las 22 horas.

Los imputados son todos chilenos y en edades que fluctúan entre los 35 y 45 años, los que pertenecían a una organización familiar criminal, que inició su funcionamiento en el año 2019.

El grupo –inicialmente investigado como de 50 miembros- se dedicaba a cometer delitos patrimoniales, principalmente, en la bancarización de “personas vulnerables”, lo que era cometido a través de la falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, lo que les permitió acceder a créditos con las cuales creaban empresas. También se dedicaban a la compra y venta de vehículos.

Cabe señalar que por disposición judicial, no se autorizó la publicación de los nombres de los imputados. Durante los alegatos, los abogados defensores desestimaron las acusaciones presentadas por la Fiscalía, oponiéndose a la medida cautelar de prisión preventiva.

Con todo, el Juzgado de Garantía dio por acreditados los delitos por los que son imputados.

El juez Mauricio Torres, señaló que “he adquirido convicción de que existen antecedentes suficientes que justifican la existencia de los delitos de asociación delictiva, estafa, falsificación de instrumento privado, obtención fraudulenta de créditos bancarios, uso fraudulento de tarjeta de crédito, usurpación de identidad, fraude, delitos tributarios y lavado de activos”.

Así, el delito base de la asociación delictiva, los hechos al seno de la familia M. A-S de Temuco, donde el mando estaba a cargo de M.M.A-S, quien era el ideólogo del grupo, junto a su padre, esposa y hermanos, además de terceros ajenos al grupo familiar.

“El objetivo de esta organización desde su inicio y hasta que ha sido desbaratada, ha sido la ejecución de delitos contra el patrimonio y contra del orden público económico, buscando a costa del mercado, del sistema económico, del sistema financiero y de las personas –creando modalidades delictivitas, y aprovechándose de las vulnerabilidades que presentó el sistema– la obtención de fuertes sumas de dinero, lo que les permitió enriquecerse y llevar una vida plagada de lujos, que es lo que buscaban, sin realizar actividades lícitas remuneradas como cualquier ciudadano esforzado de este país”, detalló el magistrado.

En este marco, a través de operaciones monetarias fraudulentas, lograron sumas cercanas a los $200 millones en efectivo “a consecuencia de esta vida criminal, que invirtieron en distintos bienes muebles de alto valor y lujo”, señaló el juez Torres.